Suiza se niega por tercera vez a respaldar a García-Castellón en el caso 'Tsunami' porque entiende que no hay terrorismo

El Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza ha denegado por tercera vez la solicitud de auxilio judicial presentada por el juez Manuel García-Castellón. Esta petición, relacionada con la investigación de supuestos delitos de terrorismo en las manifestaciones organizadas por Tsunami Democràtic contra la sentencia del procés a finales de 2019, ha sido nuevamente rechazada. Las autoridades suizas, según ha adelantado El País y han confirmado fuentes a Europa Press, consideran que los actos descritos no encajan en su definición de terrorismo.

En un escrito fechado el 22 de mayo el departamento suizo reitera que los actos mencionados en la comisión rogatoria no se ajustan al Código Penal del país. "La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero no las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país", indican. El análisis fue realizado por juristas especializados en tratados internacionales y derecho penal internacional.

El juez García-Castellón había solicitado a Suiza localizar a Marta Rovira, dirigente de ERC imputada en la causa, y obtener información sobre una cuenta bancaria supuestamente usada para financiar las protestas de Tsunami Democràtic. Las autoridades suizas ya habían expresado anteriormente su sorpresa ante esta solicitud, pidiendo aclaraciones sobre la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los aeropuertos de El Prat y Barajas. García-Castellón solo aportó como prueba una reunión en Ginebra donde, según él, se habló de crear el movimiento de protesta y se planificaron sus acciones.

El fiscal español Miguel Ángel Carballo, quien investigó estos hechos desde 2020, tampoco vio terrorismo en las acciones de Tsunami Democràtic y se opuso a la imputación de Rovira y del expresidente catalán Carles Puigdemont, argumentando una falta de pruebas concretas. A pesar de esto, el Tribunal Supremo admitió en febrero pasado la exposición razonada del juez García-Castellón para encausar a Puigdemont y abrió una investigación por terrorismo.

Las autoridades suizas también se refirieron a la causa abierta por terrorismo en el Supremo, afirmando que las resoluciones del Tribunal Supremo español no alteran la calificación de los hechos según el derecho suizo. Además, recordaron que la asistencia judicial sobre hechos de carácter político preponderante solo se concede en circunstancias extremas, como el secuestro de aviones o la utilización de métodos de exterminio masivo, situaciones que, según ellos, no se cumplen en este caso.

Pese a la falta de colaboración suiza, García-Castellón sigue instruyendo el caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional. De las diez personas investigadas por terrorismo, solo Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales en ERC, ha declarado por videoconferencia. Otros imputados han logrado aplazar sus citaciones, mientras que algunos no se han presentado ante el tribunal, permaneciendo en el extranjero.