"Lo importante es conseguir políticas con resultados en un mundo cambiante, dar confianza, dar seguridad. Tanto de derecha como de izquierda, el extremismo está volviendo. Ellos temen al cambio. Nosotros, los grupos democráticos de centro, tenemos que demostrar que tenemos las ideas muy claras", aseguraba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hace unos días a su paso por España. La conservadora alemana, siempre vestida en su traje de árbitro neutral, ha lanzado en varias ocasiones capotes y respaldos a muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno de coalición conformado por el PSOE y Unidas Podemos. A pesar de los cantos de sirena emitidos por las fuerzas de derecha tras el aterrizaje de este Ejecutivo, Von der Leyen, miembro de la familia popular europea, se ha situado en los tiempos excepcionales de crisis pandémica y bélica más próxima a los postulados de Pedro Sánchez que a los defendidos por Pablo Casado o Alberto Núñez Feijóo.

Aquí una radiografía a las leyes vanguardistas que han salido adelante esta legislatura y que son un referente progresista en el bloque comunitario.

Ley 'rider'

28 millones de europeos trabajan en compañías como Uber o Deliveroo y son víctimas de la precarización laboral que acompañan a estas plataformas digitales. En 2021, nuestro país aprobó la bautizada como ley rider, uno de los hitos que deja el legado de Yolanda Díaz como ministra de Empleo. La norma pone fin a los contratos camuflados en falsos autónomos y obliga a estos trabajadores a ser asalariados. Es decir, les blinda con más seguridad, predictibilidad, vacaciones o pensiones. Dos años después, el Parlamento Europeo se miró en esta ley y aprobó un marco similar para mejorar los derechos laborales de este colectivo, aunque poco después fue edulcorado por los Estados miembros.

En materia de derechos laborales, destaca el estatuto del becario pactado recientemente, que pone coto al número de personas en prácticas que pueden formarse en las empresas y multiplica los derechos de un colectivo históricamente azotado por abusos y precariedad.

Transparencia salarial

Las mujeres ganan en la UE un 13% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. A pesar de que el principio de igualdad de retribución está amparado por el Artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), solo diez Estados miembros cuentan con medidas de transparencia salarial no voluntarias. Uno de ellos es España, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a informar sobre estas brechas de género en sus plantillas. Hace unos meses, el Parlamento Europeo dio luz ver a la Directiva de Transparencia Salarial, pero nació mucho más descafeinada y menos ambiciosa que la de nuestro país elevando ese umbral a los 150 empleados, lo que deja fuera a más del 98% de las compañías europeas.

Excepción ibérica

El Partido Popular se refirió a la excepción ibérica, la medida extraordinaria que permitió a España y Portugal contener en los peores meses de la inflación el precio de la electricidad con un tope a la luz, como timo ibérico. En una de sus primeras visitas a la capital comunitaria como líder de la formación azul, Feijóo criticó esta medida. Algo que llamó la atención teniendo en cuenta que la propia Von der Leyen no solo la había aplaudido, sino que pocos días antes había abierto la puerta a aplicarla a todos los países. "Merece ser considerada para introducirla a nivel europeo", afirmó en el Pleno de Estrasburgo.

La guerra en Ucrania se tradujo en Europa en una guerra energética. La invasión rusa obligó a cambiar la arquitectura energética comunitaria. Y sobre todo las alianzas, soltando la mano del que hasta esa fecha había sido el gran suministrador de gas y petróleo: Rusia. Cerrar el grifo del Kremlin provocó un auge incontrolado e histórico de los precios de la luz. Ya antes de la contienda, el Gobierno advertía de que el mercado común eléctrico necesitaba una reforma profunda. En Bruselas le llegaron a tildar de intervencionista, pero el tiempo acabó dándole la razón. La UE trabaja en estos momentos en la reforma del mercado eléctrico. Otra de las medidas emblemáticas que la Comisión replicó de Madrid para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania fue la introducción de tasas a los beneficios extraordinarios de las grandes conglomerados energéticos.

Ley de cambio climático

España aprobó en 2021 su primera ley de cambio climático y de transición energética. Su objetivo es establecer la hoja de ruta que permita al país alcanzar la neutralidad climática en 2050, el objetivo final del Pacto Verde Europeo, el buque insignia de la actual legislatura europea.

El turbulento contexto global actual ha supuesto una sacudida a las cadenas de suministro, a la seguridad alimentaria o a las turbulencias socioeconómicas. "Nos espera el gran reto de caminar hacia una transición socioecológica justa, en la que sea compatible un nuevo modelo energético con un nuevo modelo alimentario, en la que se articulen con la mejora de las condiciones de vida y laborales del sector primario. En ese contexto España puede seguir siendo un referente", afirma a Público María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos.

La acción climática ha acaparado mucho del debate bruselense de las últimas semanas. En la última sesión plenaria, el Partido Popular se alió con la extrema derecha para bloquear en el Parlamento Europeo la ley de restauración de la naturaleza, uno de los pilares del Pacto Verde y que tiene por misión restaurar el 20% de los hábitats europeos degradados en 2030.

Ley 'solo sí es sí'

A pesar de la polémica que ha arrastrado en el marco de la liberación y la reducción de condena a agresores sexuales, la ley española del solo sí es sí se encuentra a la cabeza de la defensa y protección de las mujeres. España es vista en la capital comunitaria como uno de los países más avanzados en términos de igualdad. Cuenta con protocolos de apoyo y prevención, con cifras oficiales, con leyes valientes y con una mayor conciencia colectiva en torno a esta lacra.

Entretanto, la UE negocia en estos momentos la puesta en marcha de la primera Directiva sobre Violencia de Género. La ambición es sacarla adelante durante la Presidencia española de la UE. Los eurodiputados y la Comisión abogan, en línea con el marco español, que la violación se criminalice como delito cuando no exista consentimiento. La Eurocámara ya ha fijado su postura para que el sexo sin consentimiento sea tipificado como eurodelito, pero los Estados miembros más ultraconservadores como Hungría y Polonia se oponen de forma tajante. En esta línea de igualdad, España ratificó el Convenio de Estambul casi una década antes que la Unión Europea.

Ley trans

En su informe de este año, ILGA-Europa, la mayor organización europea en defensa de los derechos del colectivo LGTBI+, señaló que España había sido el país de Europa que más había progresado en los últimos doce meses en materia de igualdad. Y lo achacaba en buena medida a la aprobación de la ley trans. En consecuencia, el país ocupa en estos momentos el puesto 4 de 49 países europeos en protección del colectivo LGTBI+, solo por detrás de Malta, Bélgica y Dinamarca.

La medida ha sido alabada en la propia Comisión Europea. La comisaria de Igualdad, Helena Dalli, afirmó en una entrevista con la agencia EFE que haría "todo lo posible" para aprobar este tipo de legislaciones en el resto de la UE.

Todo ello podría tambalearse el próximo domingo. "Nos jugamos mucho en estas elecciones. Son unas elecciones que no se hacen solo en clave española, sino también en clave europea. No podemos retroceder al siglo XIX, como ya está sucediendo en algunos países de Europa en los que gobierna la derecha con la ultraderecha. Tampoco podemos consentir que el próximo Parlamento que tengamos en 2024 tenga una representación mayoritaria de estos grupos reaccionarios y atrasistas", advierte Palop.