La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin cargaron, a través de Aizoon, la empresa de la que son propietarios al 50%, la adquisición y montaje de hasta 72 muebles y elementos del hogar como estanterías, butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal, tal y como ha desvelado el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional a través de un informe que ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro.

Y es que, según la documentación, el matrimonio llegó a adquirir a la empresa Rosa Cerveto Marta Mas S.L., a través de su empresa, una estantería de 5.895 euros, un sillón giratorio por 1.552, una mesa de alumnio por 2.665, una alfombra 'little flowers' por 3.450, un 'pouf' de cuero por 968, diez sillas 'masai' de piel por un total de 9.550, dos sofás por 10.143, un mueble-bar por 6.298 y dos cortinas de estilo japonés por 5.580, entre otros numerosos artículos.

El magistrado reúne de este modo nuevos datos que apuntan a que mediante las salidas de fondos que se realizaron de Aizoon para destinarlos a gastos particulares del matrimonio, pudo producirse blanqueo de capitales y/o fraude a Hacienda, ya que el dinero procedería de los ingresos conseguidos por el Instituto Nóos de administraciones públicos mediante convenios ilícitos.

Las pesquisas van encaminadas a averiguar si la hija menor del rey era consciente de la procedencia ilícita del dinero que recibía Aizoon, lo que permitiría dilucidar si la duquesa de Palma incurrió en un delito de blanqueo de capitales, además de esclarecer si defraudó a la Agencia Tributaria, al facturar a Aizoon servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del IRPF.

De hecho, la Audiencia Provincial sostiene que si Aizoon no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, Hacienda debería aclarar mejor por qué sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin)

Es más, el tribunal de la Sección Segunda, que dejó las puertas abiertas a la imputación de la infanta por presunto delito fiscal o de blanqueo, apuntaba que la mujer de Urdangarin 'debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda', tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que 'se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos'.

Los magistrados van más allá al recalcar que, aunque Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50% del capital social, motivo por el cual debía saber que Aizoon 'no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar'.

Así, sostienen que, como socia de la mercantil y 'teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria'. 'Pero no lo hizo y Aizoon recibió dinero público y privado defraudado sociedades -se desgravaron gastos y amortizaciones no deducibles- e impuesto sobre la renta', remarcan.

Una vez el juez analice toda la documentación en torno a las salidas de fondos de la empresa Aizoon decidirá si acuerda la imputación de la infanta por presunto delito fiscal o de blanqueo, una decisión que adoptará tras consultar a la Fiscalía Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que, con todos los datos reunidos, se pronuncien al respecto.