Sexo, mentiras y productos fitosanitarios

"Nosotros teníamos un problema con la autorización para comercializar los productos de Naranjax (su empresa de productos fitosanitarios) y comentándolo delante de nuestra verdulera del mercado central, ella nos dijo que conocía a los Fabra y que, si queríamos, nos podría arreglar una entrevista para que Carlos nos echara una mano". Así, con la mediación de una verdulera, comenzaron a fraguarse -según el relato de Vicente Vilar (vídeo), acusado y detonante con sus denuncias de la apertura del caso Fabra- los presuntos delitos que podrían condenar finalmente a penas de prisión al ex barón del PP Carlos Fabra, de ser encontrado culpable de los mismos en el juicio contra él y otros cuatro acusados que se celebrará desde este miércoles en la Audiencia de Castellón.                                                                                                                          

Los delitos que se le imputan son los de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales, todos derivados de la gestión que el entonces presidente de la Diputación de Castellón y ahora presidente de la Cámara de Comercio de la misma provincia, habría realizado entre los años 1999 y 2004 ante diversos organismos del gobierno de José María Aznar,  para facilitar la comercialización de productos fitosanitarios registrados a nombre de diversas empresas de los acusados, entre ellas, una que tenía como titulares a las entonces esposas de Vilar y Fabra, y a él mismo como administrador único.

Según el auto del juez Pin, el noveno que asumió la causa iniciada nueve años atrás, existen indicios fundados de que Fabra se interesó por la situación de los fitosanitarios y medió "ante autoridades y funcionarios públicos" haciendo valer su posición para favorecerlos. Entre estas gestiones destacarían dos. La primera, la reunión celebrada en julio de 1999 en el Ministerio de Agricultura, cuya cartera ostentaba Jesús Posada, con la presencia de Juan Costa, Miguel Prim, Juan José Ortiz, Rafael Milián y el propio Fabra, que tendría como resultado la aprobación un mes después del primer producto autorizado de Naranjax; mediación por la que el líder popular habría cobrado de Vilar 150.000 euros. La segunda, la reunión con la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, acompañada por Alfredo Timermans, en la que Fabra trató de favorecer a la empresa Artemis 2000, recién fundada y capitalizada por su esposa y la de Vicente Vilar.

¿Pero qué fallo cometió Fabra para que el presunto negocio ilícito saltara a la luz? Lo cierto es que las denuncias de su hasta entonces socio y amigo Vilar, acusándole de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de su mediación, se produjeron poco después de que en 2003 Vilar fuera denunciado de secuestro y violación por su entonces ya ex mujer y también socia en el negocio, Monserrat Vives.

Hasta esa fecha, la relación de ambas parejas, los Fabra y los Vilar, había fructificado a la misma velocidad que florecía el negocio de los fitosanitarios, pero el deterioro de ambas relaciones, unida a la sospecha de Vilar de que su expareja le engañaba con el presidente provincial del PP, empujó al empresario, que se sentía abandonado por todos sus socios (Fabra dejó de atenderle cuando fue denunciado por Vives, a la que albergó en su domicilio) y alejado de unos beneficios que ellos sí disfrutaban (por dejar su empresa a nombre de ellos para mantenerse él limpio), le animó a delatarlos.

¿Se trataba solo de una venganza personal? Lo cierto es que, pese a las constantes dilaciones, durante la instrucción e investigación de la causa -que no siguió las querellas de Vilar, sino que se inició a partir de los indicios delictivos que estas sugerían-, la declaración de diferentes testigos (además de los citados, durante los últimos años también lo han hecho otros destacados políticos populares, como Esteban González Pons) ha  confirmado las reuniones y los peritos judiciales han hallado en las cuentas y el patrimonio de Fabra y su exmujer, María Amparo Fernández, alrededor de 3,7 millones de euros considerados ingresos no justificados por los inspectores de Hacienda y tampoco declarados a la Hacienda pública, lo que justifica dos de las acusaciones de fraude fiscal. Por otro lado, Vilar (que fue condenado por la violación y la agresión y cumple en la actualidad la pena de 10 años de cárcel) y Monserrat Vives ya han sido condenados a multas y penas de prisión por falsificar documentación ante el Ministerio de Agricultura para obtener los permisos para comercializar sus productos. Una causa en la que Fabra y su expareja-pese a que la Fiscalía anticorrupción estimaba probada su participación- evitaron la imputación por mediación de la Audiencia Provincial de Castellón.

Así pues, pese a todos los indicios, no parece claro que Carlos Fabra vaya a encontrarse con un tribunal hostil cuando este miércoles finalmente se siente en el banquillo de los acusados. Solo cabe recordar que la Audiencia Provincial de Castellón ya trató con anterioridad de reducir los posibles delitos a los que se enfrentará el ex dirigente popular, tratando por un lado de reducir de cuatro a uno los presuntos delitos fiscales (al entenderlos prescritos), y por otro de retirar la acusación de cohecho, aunque ambos intentos fueron revocados por el Tribunal Supremo. En todo caso, los magistrados que solicitaron estas rebajas no formarán parte del tribunal que juzgue a Fabra.

Pero no fue esta la única anomalía que ha rodeado antes de su celebración el juicio del caso Fabra. Como antes comentamos, nueve han sido los jueces que han iniciado su instrucción en cerca de una década y solo uno de ellos lo ha llevado hasta el punto actual; un Jacobo Pin que, en una acción sin destacados precedentes, solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial para elaborar su instrucción ante las presiones y obstáculos que -según su demanda- le han impuesto sus superiores. Precisamente, la misma audiencia cuyo presidente anunció el pasado mes de mayo su abstención de participar en el juicio por "su trato cordial y afable con el acusado". La misma audiencia que desde mañana juzgará al -citando a Mariano Rajoy- "ciudadano y político ejemplar" Carlos Fabra.