El "sentido común" de EH Bildu durante esta legislatura le convierte en imprescindible para sacar adelante medidas sociales

El voto favorable de los cinco diputados de EH Bildu al decreto-ley por el que se establecen las medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania permitió su convalidación este jueves en el Congreso. Este no fue el único apoyo que recibió el Gobierno ante una votación muy ajustada, pero sí fue crucial tras el rechazo de las derechas y ERC a la norma que, de haber sido derogada, hubiera supuesto el fin de la prórroga hasta el 30 de junio de las rebajas fiscales de la electricidad, el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la bonificación de hasta 20 céntimos por litro de gasolina, la ampliación de los bonos sociales y la limitación de la subida del alquiler al 2%.

El sí de la coalición abertzale llegó además en un momento en el que las relaciones con el Gobierno no pasan por su mejor momento desde que este partido se convirtiera en un socio habitual tras la abstención en la investidura de Pedro Sánchez en 2020, pasando a formar parte del denominado bloque de la investidura junto a otras fuerzas progresistas.

El estallido del caso Pegasus, así como la respuesta "insuficiente" del Ejecutivo al mismo, ha abierto una brecha entre el PSOE y los partidos soberanistas, con dirigentes y activistas afectados por el espionaje realizado entre 2017 y 2020 a través del sistema israelí Pegasus. Dentro de esta extensa lista se encuentran el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el diputado de la formación en el Congreso Jon Iñarritu.

En este sentido, la portavoz de la coalición soberanista, Mertxe Aizpurua, explicó desde la tribuna que su voto favorable fue "por la gente, no por el Gobierno", por lo que volvió a actuar "con responsabilidad", un apoyo imprescindible a un decreto de especial relevancia por el contexto de crisis que representantes socialistas agradecieron.

Varios fueron los diputados que alabaron su "sentido de Estado" por encima de las derechas, que de nuevo volvieron a votar no a las medidas del Gobierno, a pesar de que los de Pedro Sánchez aceptaron tramitar el decreto-ley como proyecto de ley para poder incluir aportaciones durante su andadura parlamentaria.

Ante las quejas del partido de Alberto Nuñez Feijóo, que ha vuelto a poner el grito en el cielo por el apoyo de EH Bildu al Gobierno, desde la coalición abertzale defienden que "podremos carecer de sentido de Estado, pero sentido común nos sobra".

Asimismo, con su voto afirmativo al plan de medidas sociales y económicas para hacer frente a las consecuencias derivadas de la invasión rusa en Ucrania, se vuelve a demostrar su "fiabilidad" cuando la situación lo requiere. "Priorizamos los avances sociales y económicos para los y las trabajadoras por encima de otros intereses. No todos pueden decir lo mismo", remachan fuentes parlamentarias de EH Bildu.

A pesar del recelo todavía existente en el seno del PSOE a llamar "socio" a esta formación (aunque sí se reconoce la "normalidad" en las relaciones), lo cierto es que, en la práctica, el Gobierno ha conseguido sacar adelante la mayoría de sus leyes y decretos gracias a la mayoría progresista entre la que se encuentra EH Bildu. A excepción de la reforma laboral, que dejó una fotografía muy distinta a la habitual con el rechazo reflejado por los principales aliados del Ejecutivo en el Congreso a la medida estrella saliente del Ministerio de Trabajo.

En los momentos más duros de la pandemia, la abstención de los cinco diputados de la coalición vasca sirvió para salvar la quinta y penúltima prórroga del primer estado de alarma. Este sentido del voto llegó tras un acuerdo con el Gobierno para derogar de forma íntegra la reforma laboral, un pacto que posteriormente fue interpretado de forma distinta por los socialistas.

También, sus votos sirvieron para dar luz verde al Ingreso Mínimo Vital, los ERTE, la prestación por el cese de actividad para los autónomos y otras medidas recogidas en el escudo social que se puso en marcha en 2020 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, como la prohibición de los desahucios y el corte de suministros básicos a colectivos vulnerables.

Meses después, este partido dio un salto importante en su estrategia de influir desde Madrid en las políticas que transcienden las fronteras de Euskadi cuando apoyó los Presupuestos de 2021, lo que supuso el refuerzo de la vía defendida por el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en detrimento de la geometría variable que los socialistas pretenden llevar a cabo a lo largo de la legislatura en función del carácter de las normas que se tramitan en el Parlamento.

Tras unas largas e intensas negociaciones, este apoyo se repitió en las cuentas públicas de 2022 tras pactar con el Gobierno convertir las medidas de vivienda y suministros básicos del escudo social en permanentes por ley e incluir 25 millones de euros para el fondo de compensación para las víctimas del amianto, entre otras propuestas.

"Tiene que ser duro que los enemigos de España mejoren las vidas de los ciudadanos, vengan de donde vengan", defendió Aizpurua ante el enfado de las derechas por el apoyo de esta fuerza y ERC a los Presupuestos del curso actual. Y es que, más allá de estas normas, los votos de los diputados soberanistas vascos han permitido el impulso de importantes normas de gran calado social y económico con un objetivo claro: lograr avances para la ciudadanía con la finalidad de frenar el auge de la extrema derecha.

Con todo, en una legislatura protagonizada por un Gobierno en minoría y en la que cada voto cuenta (en medio del rechazo generalizado de PP, Vox y Cs), los cinco diputados de EH Bildu han sido imprescindibles para la aprobación de la ley de eutanasia, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, la ley de protección a la infancia, la Lomloe, la derogación del artículo 52 d. del Estatuto de los Trabajadores (permitía el despido por acumular bajas médicas en un determinado periodo de tiempo), la ley rider (personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales), o la primera pata de la reforma de las pensiones.