La sentencia que permite que la celulosa de Ence siga ocupando terreno público en Pontevedra divide otra vez al PSOE gallego
El secretario xeral del partido, Valentín González Formoso, expresa su "alegría" por un fallo contrario a la postura de la formación pero que garantiza un millonaria inversión en el pueblo del que es alcalde.
A Coruña-
La sentencia del Tribunal Supremo que permite a la fábrica de celulosa de Ence seguir otros 50 años ocupando terrenos públicos en la ría de Pontevedra ha vuelto a dividir al PSOE gallego, que desde hace meses arrastra una seria división interna entre partidarios y detractores de su secretario xeral, Valentín González Formoso, y de su antecesor y todavía rival, Gonzalo Caballero.
El propio González Formoso manifestó el pasado jueves su "alegría" por el fallo del Supremo, una postura contraria a la que, casi al mismo tiempo, expresaba la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva, persona de la máxima confianza del alcalde de Vigo, Abel Caballero, a su vez tío de Gonzalo Caballero.
La factoría de Ence se asienta sobre terrenos protegidos de la ría de Pontevedra que la empresa que preside Ignacio Colmenares ocupaba mediante una concesión otorgada durante la dictadura de Franco. Aquel permiso expiraba la pasada década, pero el Gobierno de Mariano Rajoy la prorrogó hasta 2073 cuando estaba en funciones, antes de las elecciones generales de 2016.
La decisión motivó que el Ayuntamiento, liderado por Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG, con los votos del PSOE y Marea de Pontevedra, declarara a Rajoy persona non grata en la ciudad donde el expresidente del Gobierno se crió y donde inició su carrera política.
La fábrica de Ence contaminó durante décadas la ría de Pontevedra con el mercurio que empleaba en sus procesos industriales para fabricar celulosa de papel a partir de la madera de los árboles, arruinando buena parte de los bancos marisqueros de la zona. Sus emisiones también sometieron a la ciudad a continuos episodios de fétida polución que la etiquetaron como insalubre y presa de un eterno hedor a química malsana.
Además, los detractores de la compañía la acusan de haber promocionado el cultivo de eucaliptos, la especie invasora de crecimiento rápido ideal para la fabricación de pasta de papel que ya se ha convertido en dominante en Galicia ocupando más del 30% de la superficie arbórea del país -en toda la UE no pasa del 6%-.
Ence también es un ejemplo paradigmático de las puertas giratorias interesadas: en su consejo de administración se sientan, entre otros, Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente de José María Aznar y compañera de gabinete de Mariano Rajoy; y Carlos del Álamo, primer conselleiro de Medio Ambiente de Manuel Fraga.
En 2021, la Audiencia Nacional anuló la prórroga decretada por el Gobierno de Rajoy para permitir que Ence siguiera en Pontevedra y estimó los recursos de Greenpeace y del Ayuntamiento. Pero el fallo del Supremo, hecho público la semana pasada en una nota de prensa que no adjuntaba el contenido ni las motivaciones de la decisión, ha avalado la moratoria que permitirá a la empresa seguir con su actividad en terrenos públicos. Son más de 373.000 metros cuadrados pegados al mar.
Desde hace lustros, el PSOE siempre ha mantenido una postura intermedia entre la oposición a la permanencia de Ence en su ubicación habitual y la propuesta de un traslado que garantizase su viabilidad y la conservación de los cerca de 800 empleos que proporciona.
Ahora, fuentes del partido explican la tibieza de González Formoso con la sentencia por la promesa de la compañía de invertir 125 millones para abrir una planta de fibra de cartón reciclada en la localidad coruñesa de As Pontes de García Rodríguez, donde él es alcalde, siempre y cuando se validase la prórroga de su estadía en Pontevedra. "Localmente cada uno tiene que velar por sus intereses", expresó el pasado viernes el líder de los socialistas gallegos para explicar la "alegría" que había manifestado el jueves.
Ese mismo día, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, había sostenido que "Ence no debería estar en la ría de Pontevedra", reiterando la postura que siempre mantuvo el PSOE, reiterada durante el Gobierno de Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009 y refrendada por los votos que declararon a Rajoy en 2016 persona non grata en su propia ciudad. "Yo soy una persona que intenta mantener sus convicciones en un mundo en el que [mantenerlas] es difícil y en el que tanta gente cambia de un año a otro", dijo Silva.
El portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Parlamento de Galicia, Pablo Arangüena, sostiene que esa posición aún es defendible: "Tenemos que acatar la sentencia a la espera de conocer su contenido, pero también tenemos que revalidar la legítima aspiración de defender y recuperar una ría que va a estar 115 años ocupada por Ence".
Para Arangüena, el hecho de que exaltos cargos del PP vinculados con la protección del Medio Ambiente permanezcan en la dirección de la compañía representa otro evidente ejemplo de greenwashing , y provoca una "máxima preocupación por la gran involución medioambiental de Galicia, con el eucalipto en expansión descontrolada y 83 nuevos parques eólicos que se acaban de autorizar, muchos de ellos en zonas de gran valor ecológico.
En las primarias que renovaron la dirección del PSOE en noviembre de 2021, González Formoso obtuvo un 58,7% de los votos, con una amplia mayoría en las provincias de A Coruña y Lugo. Caballero, sin embargo, le ganó por 12 puntos de diferencia en Ourense y por 26 en Pontevedra.
Aquella división aún no se ha saldado, y ha derivado en una seria disputa interna que ha alcanzado al grupo parlamentario y que no parece tener visos de resolverse antes de las municipales de mayo. Fuentes del PSOE de Pontevedra aseguran que las declaraciones del secretario xeral pueden condicionar el resultado electoral del partido en la ciudad y en su provincia.
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