Ahora que la vivienda copa la agenda política, el Ayuntamiento de Barcelona denuncia que un juez le obliga a admitir 120 licencias de pisos turísticos en un mismo bloque de la calle Tarragona de la capital catalana pese a la prohibición municipal de conceder este tipo de licencias que aprobó hace un tiempo el equipo de Gobierno de Ada Colau. 

Janet Sanz, teniente de alcalde y responsable de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló en 2019 el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que regula las alojamientos turísticos, el propietario del edificio donde viven 120 familias en régimen de alquiler "aprovechó el momento" para solicitar las licencias.

"En aquel momento la sentencia no era firme porque se había recurrido, pero el juez que ha valorado esta admisión o no admisión ha considerado que en ese momento el Peuat no tenía eficacia y, por lo tanto, teníamos que admitir estas licencias", ha detallado Sanz.

"Sin capacidad de recurso"

Además, Sanz ha informado que el juez no ha dado al Ayuntamiento de Barcelona "capacidad ni de recurso". Según la número 2 de Colau, esta sentencia "fuerza" al Consistorio barcelonés a admitir estas licencias turísticas, en una decisión que Sanz no comparte y que considera que no se ha hecho de manera correcta porque el Peuat todavía tenía eficacia.

En este sentido, Sanz ha anunciado que pedirá una reunión a la Generalitat para plantear la posibilidad de revocar licencias turísticas: "No puede ser que una licencia de piso turístico después perdure para toda la vida y no haya capacidades normativas de retirarlas".

"Lamentamos mucho esta situación y haremos todo lo posible por cambiarla. No tiramos la toalla. Estamos analizando jurídicamente qué más podemos hacer, pero también exigimos los cambios normativos que nos habiliten para actuar lo más rápido posible", ha dicho Sanz.

Además, Sanz ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona está analizado "todas las rendijas jurídicas" para comprobar si estas licencias cumplen todos los requisitos urbanísticos y legales para abrir la actividad.