Este artículo se publicó hace 3 años.
El Senado da luz verde a la rebaja del IVA de las peluquerías a falta del visto bueno del Congreso
El PP ha incorporado una enmienda transaccional en el proyecto de ley de fraude fiscal que cuenta con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE.
Madrid-Actualizado a
El Senado ha aprobado este miércoles la bajada del IVA de las peluquerías y servicios de estética del tipo general (21%) al reducido (10%), así como la suspensión hasta final de año de la subida del impuesto de matriculaciones.
Estas modificaciones han sido introducidas como enmiendas a la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal aprobada este miércoles en el Senado, un texto que tendrá que volver al Congreso –previsiblemente en un Pleno extraordinario en julio– para que decida si acepta o no los cambios.
IVA de las peluquerías
El más sorprendente de estos cambios, impulsado por el PP y con el voto en contra del PSOE, ha sido la rebaja del IVA de los servicios de peluquería, barbería y estética del 21% al 10% a partir del 1 de enero de 2022, tal y como reclamaba el sector desde que en 2012 se les pasó al tipo general.
La transaccional había sido suscrita por los grupos Popular, Vasco, de ERC, Izquierda Confederal, Nacionalista, Democrático y Mixto –es decir, todos salvo el socialista– y se ha votado rodeada de cierta polémica.
La decisión, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022, aún tendrá que volver al Congreso
Al presentarse en el último momento y sobre la base de una enmienda con la que no guardaba la "obligada congruencia" fue inadmitida por los servicios jurídicos aunque finalmente, a instancias del PP, la Mesa del Senado aceptó su votación.
En cambio, el PP no pidió la reconsideración de otra enmienda transaccional, también inadmitida, relativa a las deducciones fiscales de las producciones audiovisuales en Canarias.
Sí, se ha aprobado otra transaccional que da un plazo de seis meses al Gobierno para dictar la normativa necesaria que garantice que, en un plazo de ocho años, la ratio de personal de las administraciones tributarias con respecto a los contribuyentes se aproxime a la media europea.
Impuesto de matriculación
Asimismo, el Pleno ha incorporado una enmienda transaccional impulsada por el PSOE que supone, en la práctica, una rebaja del impuesto de matriculaciones hasta final de año.
El impuesto de matriculaciones se modificó en enero de 2021 como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa comunitaria de medición de emisiones, lo que supuso un reajuste de las emisiones correspondiente a cada tipo que provocó que muchos coches exentos pasaran a pagarlo y que otros saltaran de tramo.
Meses después, PdeCAT aprovechó el trámite de la ley de lucha contra el fraude en el Congreso para introducir una enmienda que devolvía los tramos a la situación vigente en 2020, lo que suponía en la práctica una rebaja para muchos compradores.
Ya en el Senado, el PSOE propuso una enmienda para eliminar este cambio y mantener en vigor la subida de enero –que en ningún momento ha dejado de aplicarse–, pero finalmente la ha transaccionado con otros grupos dejando un periodo de transición.
El cambio normativo aprobado este miércoles establece que desde la aprobación de la ley de lucha contra el fraude y hasta el 31 de diciembre de 2021 los tipos correspondientes a cada volumen de emisiones serán los vigentes hasta 2020, menos estrictos que los actuales.
Conforme a este texto, a partir de 2022 se reinstaurarán los tramos que se aplican en la actualidad, que son los que dan cumplimiento a la normativa europea de emisiones.
También se ha acordado adaptar la normativa al lenguaje inclusivo el texto de la ley, un cambio propuesto por PNV.
Pactos sucesorios
Estas modificaciones se suman a las introducidas en el trámite de ponencia, como el mantenimiento de las ventajas fiscales para la venta de bienes obtenidos mediante pactos sucesorios o herencias en vida siempre que esos bienes se transmitan más de cinco años después de haberlos recibido en propiedad.
La Comisión de Hacienda también aprobó la eliminación de una serie de obligaciones a los notarios que planteaban dificultades en relación al vigente sistema de transmisión de participaciones y elevar el límite de deducción por inversión en producción cinematográfica en Canarias hasta los 12,4 millones de euros.
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