El Senado afronta el reto de hacer respetar su soberanía ante el Tribunal Constitucional

Desde el pasado miércoles, la derecha trasladó su campo de batalla al Tribunal Constitucional. Todo comenzó con el recurso del PP para frenar la tramitación de la reforma legislativa que busca precisamente renovar el propio tribunal, incluida en la derogación de la sedición y la modificación de la malversación. Y ha finalizado este lunes por la noche, con la decisión del Constitucional de paralizar por primera vez la tramitación de una iniciativa parlamentaria.

Hasta este lunes y durante el fin de semana, las formaciones habían presentado una veintena de escritos ante el tribunal de garantías, mientras la norma ómnibus se preparaba para dar otro paso más en el Senado este martes y culminar su procedimiento este jueves.

Además de los presentados por PP y Vox para incidir en el bloqueo de la norma a su paso por el Parlamento, PSOE y Unidas Podemos habían presentado casi diez escritos para pedir personarse, la suspensión del pleno extraordinario del TC de este lunes y la recusación del presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, y del magistrado también conservador Antonio Narváez, ambos con mandato caducado y a quienes afecta la reforma impulsada por el Gobierno para renovar el tribunal.

Mientras estas formaciones defendían la legitimidad y la soberanía de las Cortes consagrada en la Carta Magna, el Senado, como lo hizo el Congreso antes de que aprobara la reforma en el Pleno del pasado jueves por una amplia mayoría absoluta, aguardaba al pronunciamiento" definitivo del Constitucional sobre el trámite de la norma, según señalaban fuentes de la Presidencia de la Cámara Alta.

Una vez adoptada la decisión en el seno del Constitucional con ayuda de la mayoría conservadora, el Senado tiene ahora el reto de hacer respetar la función que la Constitución otorga a la Cortes Generales en su artículo 66, la de "representar al pueblo español" y la de "ejercer la potestad legislativa del Estado".

La recusación de los dos magistrados, frustada

En el marco de esta delicada e importante situación sobre la que no hay ningún precedente, Unidas Podemos, el PSOE y el presidente de la Comisión de Justicia y diputado socialista, Felipe Sicilia, solicitaron por medio de varios textos la recusación para apartar a dos de los 11 magistrados que componen el Constitucional.

De hecho, el grupo morado fue este lunes por la mañana un paso más allá al solicitar que el TC elevara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "la vulneración del principio de imparcialidad" en el que incurren los magistrados González-Trevijano y Narváez, pues se verían afectados por la reforma que ahora han paralizado al tener que abandonar su sillón y ser sustituidos por los nombres designados por el Ejecutivo, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Si bien, la mayoría conversadora se ha impuesto para rechazar las recusaciones, una decisión que ha contado con los votos favorables de los propios magistrados en cuestión para rechazar su recusación. Es lo que viene siendo una "mala señal", en palabras de Unidas Podemos, pues "todo indica que el ala derecha del Tribunal Constitucional tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria".