La Comunidad de Madrid ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contra el cierre perimetral de la región en el puente de San José y la Semana Santa.

En el recurso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alega que los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial de Salud serán recomendaciones "que se aprobarán, en su caso, por consenso", algo que no se produjo en relación a los cierres perimetrales, a los que se opuso Madrid.

Todas las comunidades autónomas menos Madrid acordaron cerrar sus fronteras en esos días, una medida adoptada para intentar evitar una cuarta ola y de la que quedan exentas por su condición de archipiélagos las Islas Canarias y Baleares.

Además, se ha acordado que el toque de queda nocturno tendrá que empezar como máximo a las 23.00 horas y las reuniones estarán limitadas a cuatro personas en espacios públicos cerrados y seis si son abiertos, y de solo convivientes en privados.

Aunque acatará con los cierres, el Ejecutivo regional ha recurrido la orden del pasado 11 de marzo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, así como el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la covid-19 con motivo del puente de San José y de la Semana Santa, con la oposición de la Comunidad de Madrid.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ya anunció el viernes que aplicarían los cierres pero presentarían un recurso ante la Justicia al entender que "jurídicamente" el Ministerio de Sanidad no puede "imponer" el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno regional arguye que la propia orden señala que se puede presentar un recurso de reposición ante la persona titular del Ministerio de Sanidad o bien un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

También remarca que las decisiones de la Conferencia Sectorial, como técnica de cooperación entre un miembro del Gobierno competente por razón de la materia y los respectivos miembros de los Consejos de Gobierno, "puede revestir la forma de acuerdo de obligado cumplimiento exigible ante la jurisdicción contencioso-administrativa y de recomendación".

"Dado que en la Conferencia Sectorial participa un miembro del Gobierno, esto es un ministro, así como representantes de todas las comunidades autónomas, lo propio es atribuir la competencia a la Audiencia Nacional", indica el recurso.