A los seis de Zaragoza se unen las seis de La Suiza. Si los jóvenes antifascistas de la capital aragonesa ya han ingresado en prisión para hacer efectiva la condena de cuatro años y nueve meses de prisión por desórdenes públicos y atentado tras asistir a una manifestación contra Vox, las sindicalistas de Gijón acaban de sufrir otro revés judicial que las acerca más a la cárcel. 

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a seis sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) a tres años y medio de prisión cada una por un delito de coacciones graves y otro contra la administración de Justicia por "actos de hostigamiento" contra el propietario de la pastelería La Suiza de Gijón, según dictamina el Alto Tribunal. El sindicato defiende que fue la participación en piquetes lo que les ha llevado a esta resolución, que van a recurrir en amparo al Constitucional.

Esta condena a personas sindicalistas que actuaron en defensa de una trabajadora de La Suiza ha provocado el rechazo unánime del conjunto de los sindicatos de clase españoles, que advierten de la "línea regresiva" que supone este tipo de respuesta judicial para el ejercicio de la acción sindical en defensa de las personas trabajadoras. 

Erika Conrado, secretaria general de CNT, advierte, en declaraciones a Público, de que cualquier organización sindical puede temer que de ahora en adelante sus actuaciones en la calle corran el riesgo de ser criminalizadas. 

Una fina línea entre coacción o derecho 

El caso de las seis de La Suiza comenzó como una negociación sindical, defienden las condenadas, cuando una de ellas, trabajadora en la pastelería, denunció a su empleador por un caso de acoso laboral y sexual, que finalmente fue archivado. El sindicato desplegó acciones frente al local, como tantas otras protestas contra empresarios que realizan los sindicatos. 

Sin embargo, en este caso, tanto la extrabajadora como cinco de sus compañeras de CNT resultaron condenadas por coaccionar al dueño de La Suiza, que, según dice el Supremo, acabó cerrando el negocio por las concentraciones delante de la pastelería que convocaron a través de redes sociales.  

Advertencia al sindicalismo

No es el primer caso en el que representantes de sindicatos son condenados por acciones en el ejercicio de su libertad sindical pero que la justicia interpreta como hechos delictivos. 

Le ocurrió al sindicalista gallego Pablo Fragoso, dirigente de la Confederación Intersindical Galega (CIG). En 2014 instó a quemar la "puta bandera" de España durante una manifestación ante el Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña) en el transcurso de una protesta de empleados de la limpieza de instalaciones militares por el impago de sus salarios. No se quemó la bandera, pero las declaraciones de Fragoso fueron objeto de una multa de 1.260 euros como autor de una delito de ultraje a la bandera, contemplado en el artículo 543 del Código Penal.

El caso llegó al Tribunal Constitucional en diciembre de 2020, con una mayoría conservadora entre sus filas, que apuntaló el delito de ultraje a la bandera por un solo voto de diferencia. El TC dictaminó que quemar la bandera española no es libertad de expresión sino un delito. 

Todo lo contrario de lo que dictaminó dos años antes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) cuando condenó al Estado español a revocar la sentencia contra dos jóvenes independentistas condenados por quemar la fotografía del rey Juan Carlos. El TEDH dijo entonces que ese acto hay que enmarcarlo en la "libertad de expresión" y en la "crítica política".

El sangrante caso del SAT 

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha llegado a acumular peticiones de cárcel que suman 400 años de cárcel para más de 500 afiliados procesados por ocupación de fincas, incomparecencias en juicios y llevarse comida y material escolar de grandes cadenas de supermercados.

El SAT cuenta con 20.000 afiliados y tiene mucha implantación entre los jornaleros del campo. Según Óscar Reina, portavoz del SAT, la acumulación de procesos judiciales obedece a que este sindicato "representa a miles de personas en una comunidad con mucho sufrimiento", porque padece las "cifras más escandalosas de miseria y paro" en España. "Con los datos que hay, tenemos que luchar para arreglarlo. Y a veces esto puede tener sus costes. Somos radicales, sí, porque hay que ir a la raíz del problema. Y estamos orgullosos de serlo", precisó en una entrevista con Público en febrero pasado. 

Los afiliados del SAT, en realidad, realizan "expropiaciones simbólicas" de material escolar o alimentos en grandes superficies como una manera de poner el foco y visibilizar la situación de precariedad de muchas familias andaluzas.