Entrevista a Mireia Vehí (CUP)"La sedición no puede derogarse a costa de los derechos de reunión, manifestación y protesta"

Mireia Vehí (Vilafant, 37 años) defiende este jueves desde la tribuna la enmienda a la totalidad con texto alternativo registrada por la CUP a la reforma del delito de sedición. La portavoz de la formación anticapitalista en el Congreso celebra la derogación de este delito "decimonónico", pero la medida, pactada entre el Gobierno y ERC, "no puede ser a costa de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y protesta". Por ende, pide dar un paso más allá y derogar la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'. También, insiste en reformar la Constitución para que tenga cabida una consulta independentista, una herramienta "aceptada por el 80% de la población" catalana, incluidos votantes del PSC. Eso sí, esto dependerá de los "intereses" del Gobierno y del Congreso.

El Gobierno está volcado en tramitar la reforma de la sedición por la vía rápida, casi en tiempo récord. ¿Son buenas las prisas a pesar de que esta es una de las reivindicaciones más importantes del independentismo?

Que el Gobierno derogue la sedición es una victoria del independentismo. Pero es una victoria que, tal como está planteada, le va bien al conjunto del pueblo español, pero no al independentismo. ¿Por qué digo eso? Porque cogen sedición y lo sustituyen por el delito de desórdenes públicos agravados. Y esto es una mala noticia. Para el independentismo popular, Tsunami Democratic, nosotras analizamos que es una reforma ad hoc, pero también para los movimientos sociales y populares. Por ejemplo, sobre el movimiento por la vivienda, uno de los artículos nuevos va directo a la ocupación, por ejemplo, de oficinas bancarias, que esto ha sido una práctica que se ha dado muchas veces para conseguir daciones en pago o para conseguir alquileres sociales. Por lo tanto, es una mala noticia para toda la gente que en algún momento esté organizada o se quiera organizar. Y esto, no lo olvidemos, en el contexto de una crisis económica y sanitaria sin precedentes.

La pregunta es: ¿es tan diferente de lo que hizo el PP en 2015? Es decir, el PP en 2015 aprueba la ley mordaza y aprueba una reforma del Código Penal ad hoc para el 15-M y para un ciclo de huelgas generales que fue muy potente. Y ahora el PSOE aprueba otra reforma del Código Penal ad hoc para el independentismo y que, tal como pasó en 2015, va mal para el conjunto del movimiento social y popular, y para el derecho a la protesta, que es un elemento fundamental en las sociedades democráticas.

De hecho, los derechos de reunión, manifestación y protesta son derechos que se incorporan a las constituciones europeas después de la Segunda Guerra Mundial porque se entendió que la desobediencia a leyes injustas o la protesta a situaciones que se consideraban injustas o muy conservadoras era básico para para los abusos de quien mandaba en el gobierno de turno. Esto se aprende con la Alemania nazi, y de ahí a que estos derechos sean fundamentales. Pues bien, ya la reforma de 2015 los atropella y así lo ha dicho el Comité de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Y ahora nosotras pensamos que el PSOE da un paso más en este sentido. Que la sedición desaparezca es una buena noticia, y de cara a Europa es como una carta de democratización, pero si tú coges sedición y la enchufas en desórdenes públicos, agrava la situación.

¿Considera que la sustitución de la sedición por el de desórdenes públicos agravados es un sapo que se ha tragado ERC en la negociación?

Yo creo que tanto Esquerra como Unidas Podemos. Creo que ni los negociadores de Esquerra ni los negociadores de Podemos querían atropellar los derechos fundamentales, pero lo que está claro es que la proposición de ley que se presenta los atropella y no sé si se van a tragar un sapo. Nosotras hemos presentado una enmienda a la totalidad que dice que hay que derogar sedición, pero si queremos dar un paso por los derechos fundamentales, lo que hay que derogar es la ley mordaza. Vamos a ver qué hace Esquerra y vamos a ver qué hace Unidas Podemos con este debate a la totalidad y después con el resto de tramitación parlamentaria. Si ERC y Unidas Podemos acaban aprobando esta ley tal como está, se habrán comido un sapo. La pregunta es: ¿por qué y a cambio de qué?

Sedición es un delito del siglo XIX, es un delito decimonónico, antiguo, pensado para la represión de las turbas en ese momento. Y está mal que esté en un Código Penal en el siglo XXI, pero sedición se ha aplicado ahora con la sentencia del prosés, se les intentó aplicar, si no recuerdo mal, a los controladores aéreos que hicieron huelga, aunque luego se les absolvió. En cualquier caso, no es un delito que se esté utilizando muchísimo. ¿Desórdenes públicos? Sí. ¿La ley mordaza? Sí.

Por lo tanto, si acaba esta tramitación, con urgencia, nocturnidad y alevosía, que diríamos, y en pleno Mundial, que esto también lo tenemos que decir, ya que el debate de totalidad coincide con un partido de España (estamos seguros que no es casualidad), finalmente Unidas Podemos y ERC votan esta ley tal como está o con cambios mínimos, la definición va a ser tu pregunta: Esquerra y Unidas Podemos se han comido un sapo; veremos por qué y a cambio de qué.

La reforma de la 'ley mordaza' actualmente se tramita en la Cámara Baja. Ustedes piden utilizar la reforma del delito de sedición para derogar la polémica norma aprobada en 2015. ¿Es el espacio más oportuno para ello? ¿No sería más conveniente acometer los cambios en la tramitación que ya se está produciendo?

Depende. Es decir, una cosa es la tramitación paralela que se está dando en el Congreso, en la que hay problemas importantes o bloqueos importantes. Un bloqueo grande es la prohibición o no de las pelotas de goma. Otro bloqueo grande es de qué manera se controla las actuaciones policiales. Y, de momento, estos son los escollos que plantea el PSOE. El resto de cuestiones se están pudiendo hacer arreglos, pero la pregunta es: ¿desde qué perspectiva se legisla la seguridad pública? ¿Desde qué perspectiva se legisla el espacio público y el derecho a la protesta? Y con esta pregunta, la respuesta es que sí es oportuno mezclar mordaza con sedición. ¿Por qué? Porque sedición es un delito pensado para la represión de la disidencia, pero la ley mordaza también. Y de hecho, la reforma de 2015 del Código Penal también. Es la trilogía utilizada históricamente por el Reino de España para reprimir la disidencia.

Por lo tanto, si la tramitación que está habiendo de la ley mordaza no cuestiona de fondo esta perspectiva en la que el espacio público es una cosa que debe ser neutra, en paz, silenciosa y que cualquier ruido, música, disrupción de esta paz, es un problema, es un problema para el Estado, para las instituciones. Si la tramitación de la ley mordaza no cuestiona esta perspectiva, que nosotros pensamos que no es democrática, que no es transformadora, es pertinente en una enmienda a la totalidad a la que nosotros le decimos al PSOE, a Unidas, Podemos y a Esquerra, que la sedición puede desaparecer, pero no a costa de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y protesta. Y que si hay que caminar hacia una legislación que abrace, incorpore el conflicto, lo que hay que hacer es derogar la ley mordaza y no tramitarla de forma que se modifican pequeñas cositas, pero que se mantiene el espíritu.

Lo mismo con sedición y orden público. Estoy segura de que los legisladores de Unidas Podemos, de Esquerra y de EH Bildu, en este caso, que también están participando de la negociación, no quieren atropellar los derechos de protesta. Pero es que los límites son los que son y, a veces, en el Parlamento y en los gobiernos, un espacio político necesita un equilibrio entre lo posible y si este posible al final tiene un resultado que tiene sentido. Si al final el resultado no tiene mucho sentido, igual hay que cambiar la mirada de lo posible; hay que cambiar la estrategia; hay que hacer un frente común y plantarse, que es lo que nosotros les decimos con el delito de sedición y orden público. Plantémonos, si es que el PSOE solo no lo saca. El PSOE también necesita esta reforma; necesita que cuando Pedro Sánchez sea el presidente de la Comisión Europea nadie le pueda decir que ha puesto en la cárcel a gente por intentar hacer un referéndum y por votar, y que tiene un delito que es propio del siglo XIX, que no tiene nadie en Europa.

Entendemos que no todos los espacios políticos son la CUP, que Unidas Podemos gobierna, que Esquerra tiene especial interés en la estabilidad porque quiere continuar gobernando la Generalitat y que Bildu tiene un proyecto de estabilización y de ser la fuerza principal en Euskal Herria, en el País Vasco, o al menos en Euskadi. ¿Pero para qué? ¿Hacia dónde van cada cual? ¿Hacia dónde vamos? Esto es como el papel de Unidas Podemos en el gobierno y lo que está pasando en la frontera de Melilla, ¿no? Hay límites que te definen. Hay otros límites que seguramente son cuestión de debates ideológicos cerrados y que no son muy estratégicos, pero hay otros que sí. Lo que está pasando en la frontera, está claro y lo que va a pasar con orden público, también.

En su enmienda con texto alternativo no han incluido la reforma del delito de malversación. ¿Por qué? ¿Están a favor de reformar la malversación? ¿Ven oportuno aprovechar la modificación del Código Penal para acometer este cambio también?

No lo hemos incorporado porque queríamos poner el acento en las cuestiones de orden público. Ese es el debate y queremos que se centre ahí porque nos parece que tiene un impacto muy fuerte. Eso no quiere decir que la cuestión de malversación no nos parezca importante. La reforma que hace el PP en 2015 del Código Penal desliga la malversación del lucro y, por lo tanto, permite que se aplique la malversación a decisiones políticas y a presupuestos, por ejemplo, que al Tribunal Constitucional le parezcan mal, como el referéndum de autodeterminación de Catalunya. 

Nos parece importante revertir ese cambio que impone el PP en 2015. Pero es un debate delicado porque depende de cómo se legisle o depende de cómo se reforme el delito de malversación, se puede acabar abriendo la puerta a determinadas prácticas irregulares vinculadas con la corrupción. Nos parece necesario, pero es un debate que hay que tener fuera de los gritos, del espacio público, porque es una cuestión fundamental para tener una herramienta contra la corrupción, blindando que esta corrupción no se pueda utilizar en aquellos casos en los que políticamente al Tribunal Constitucional no le guste lo que haga un gobierno o un Parlamento.

Ha hecho referencia a que la derogación del delito de sedición es una victoria del independentismo, pero también hay quien lo ve como un tanto que se apunta el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que evidencia las grietas del bloque independentista. ¿Esto es así?

Yo creo que es un poco como la mesa de diálogo. Esquerra siempre explica que ellos han conseguido la mesa de diálogo. Yo creo que la mesa de diálogo es producto del Tsunami Democratic: el PSOE se asusta; ve que hay demasiada gente en la calle y demasiada voluntad de no irse a casa; tengo que poner algo encima de la mesa y pone una mesa de diálogo que hemos visto que no sirve para nada. Y el PSOE yo creo que teme, seguramente también Esquerra y Unidas Podemos (si no, no estarían en este camino), a que esto vuelva a pasar y, por lo tanto, ponen encima de la mesa la derogación de la sedición con control de orden público.

Decir que es una victoria del independentismo no significa decir que sea la demanda del independentismo. Es decir, el independentismo tiene una demanda muy clara en las cuestiones represivas, que es la amnistía porque la sedición afecta a la gente que pasó por la cárcel, a la gente que estaba en el gobierno, pero hay muchísima gente más con cuestiones judiciales pendientes por desórdenes públicos, por atentado, por ley mordaza, etc. Por lo tanto, la demanda del independentismo es la amnistía. Eso no quiere decir que la reforma del delito de sedición sea porque el PSOE sea iluminado. Yo creo que hay dos vectores: uno, el miedo a que Catalunya vuelva a ser un río de gente, y también la necesidad de irse a Europa a presidir la Comisión Europea sin mucho lastre y sin que el Tribunal Europeo de Estrasburgo les corrija, que esta es la otra carta que queda por jugar y que se está jugando, de hecho, estos días.

Hablando de las críticas hacia la mesa de diálogo. Pese a las reticencias que han mostrado, ¿extrae alguna conclusión positiva en lo relativo a la resolución del conflicto político con Catalunya?

Se ha pasado a una fase. Es decir, se ha demostrado una vez más que las negociaciones con el Gobierno español son negociaciones que tienen topes muy claros en relación a las demandas políticas del pueblo catalán, eue es el referéndum y es la autodeterminación. Cuando digo las demandas políticas del pueblo catalán no solo hablo de los independentistas, es decir, el referéndum como herramienta de resolver, de dirimir qué futuro nacional se quiere en Catalunya, es una herramienta aceptada por el 80% de la población. Por ejemplo, votantes del PSC. Los números de las encuestas lo dicen. Hay muchos votantes del PSC que no son independentistas, que no piensan que la independencia nacional les vaya a aportar nada bueno, pero que entienden que el referéndum sería una forma de resolver el conflicto. Y esto es un tope en esta mesa de diálogo. Y también es un tope la amnistía. Y esto también forma parte del 80% del sentido común en Catalunya. No se puede resolver los conflictos políticos con el Código Penal. No sirve de nada que cuando la juventud sale a la calle en masa, con prácticas disruptivas y duras, tu respuesta sea el Código Penal. Porque es que los conflictos, si los escondes debajo de una manta, vuelven a estallar. ¿Cuál es la cuestión positiva? Pues que hemos pasado otra etapa, y que es evidente que la mesa de diálogo del Govern catalán y el Gobierno de España no sirve para lo que la sociedad catalana necesita.

Hablaba del referéndum, pero según la doctrina del Tribunal Constitucional, una consulta independentista no tiene cabida en la Constitución salvo una reforma previa. ¿Cómo se llegaría a este reclamo?

Es que la Constitución es una ley. Es la ley de las leyes, pero las leyes, incluso la ley madre, se tienen que poder cambiar. Es decir, las leyes son herramientas al servicio de la ciudadanía. Las leyes son formas de dirimir conflictos sociales de la manera más transformadora posible o menos transformadora posible, depende de qué mayorías haya en el Legislativo. La Constitución es de 1978 y detrás del discurso de que la Constitución no se puede cambiar para cuestiones como autodeterminación nacional, luego no se explica que el Gobierno de Rajoy cambió la Constitución para modificar el artículo 135, en la que se decía que primero se pagaría la deuda que los servicios públicos. Por lo tanto, que la Constitución no se pueda cambiar no es verdad. Se cambia depende de los intereses que haya en el Gobierno y en el Legislativo. Y la segunda cuestión mucho más importante, es que las leyes están para resolver conflictos desde una perspectiva que tenga sentido en ese momento histórico concreto. Y ahora mismo la Constitución española, en cuestiones nacionales, no está sirviendo. Me atrevería a decir que ya no servía en el 78 porque la cuestión del conflicto nacional en Catalunya, en el País Vasco, en el País Valencià también, y en la Illes Ballears, ya estaba presente. De hecho, la Ley de Comunidades Autónomas se ensaña en que los països catalans, es decir, el País Valencià, Catalunya y las Illes, no tuvieran el mismo estatus en relación a las naciones históricas y que no se pudiera confederar como una nación histórica con un pasado y un futuro compartido. Y esto no es casualidad.

El artículo segundo de la Constitución Española viene del Pardo y esto lo explica Solé Tura, que fue ponente de la Constitución Española, en sus Memorias. Tura, catalán, pero sin ser sospechoso de ser independentista, cita que el artículo dos, el de la indivisible unidad de España, no lo redactó el legislador. Allí había un quilombo sobre cómo se resolvía eso. Y eso vino redactado del Pardo. Por lo tanto, yo creo que continuar defendiendo que la Constitución no se puede cambiar o renunciar al debate es un error porque los planteamientos que está lanzando el independentismo desde hace años a la legislación española son planteamientos que son positivos para todo proceso transformador. La autodeterminación supone un reto a esas leyes que vienen del 78 con el ruido de sables muy claro encima de la mesa. Por lo tanto, a las izquierdas con una perspectiva española o a las izquierdas españolas que quieren una España progresista les conviene que el independentismo tenga fuerza para imponer cambios legislativos.

El problema es que, aunque hubiera voluntad, no hay mayoría suficiente para reformar la Carta Magna en este sentido.

Es que es imposible. Es que el juego está hecho para que no se pueda cambiar en cuestiones de autodeterminación. Tener tres cuartos de la Cámara es prácticamente imposible. Pero es que, ¿cómo puede ser que las reglas del juego sean las mismas en 2022 que en 1978? Vamos a hablar ya no de de argumentos políticos de fondo, sino de números. En 1978, las mayorías parlamentarias eran claras y abrumadoras. El bipartidismo español nacía y estaba en plena efervescencia y ebullición. Había gobiernos de dos y tres legislaturas del PSOE y del PP, y podía tener un sentido para el legislador decir bueno, si no tienes tantos diputados en esta Cámara, no puedes cambiar la Carta Magna.

Pero es que ahora las reglas del juego han cambiado. No hay mayorías grandes. Es decir, en toda Europa las representaciones electorales se fragmentan. Ya no vemos grandes mayorías, sino que vemos coaliciones. ¿Por qué las reglas del juego siguen siendo las de 1978 si en 2022 las historias han cambiado mucho. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, insisto. Cuando Europa le dice a España que tiene que asegurar el pago de la deuda a los servicios públicos, todos estos debates no se dan. Se da desde un camino mucho más fácil porque la opinión pública dispone. ¿De qué forma? ¿Qué trascendencia tienen los cambios o no los tienen? Por eso este mismo jueves, por ejemplo, Moncloa ha decidido debatir sedición en medio de un partido de España. Es que es importante cómo se cuentan las cosas. Es importante cómo la opinión pública aborda las cuestiones y es paradigmático cómo hablar de cambios constitucionales para hacer un referéndum. 

Por otro lado, tres años después del salto que dio su formación al conseguir un espacio en el Congreso, ¿qué balance hace? ¿A qué han contribuido?

Nosotros llegamos aquí en un momento efervescente en Catalunya, con las sentencias y la gente en las calles. Llegamos con un marco muy duro de amnistía, autodeterminación y derechos. Eran las tres cuestiones que definían la candidatura. Y tres años después hacemos una valoración negativa de cómo ha versado el conflicto en relación al Gobierno de España. Es decir, si en 2019 había una beligerancia y una actitud mucho más dura para con el Gobierno español del largo y ancho del independentismo, ahora la situación es distinta. Esquerra Republicana está haciendo un papel de trabajo o de colaboración para con el Gobierno de España, tanto en las cuestiones de Madrid como en las cuestiones de Catalunya. Junts per Catalunya está en una situación interna compleja y por lo tanto, en cierto modo fuera de juego, en tanto que los conflictos internos están dificultando el papel externo. Y nosotros nos mantenemos en una posición muy beligerante, pero obviamente desde una representación muy minoritaria.

Este análisis más pesimista en relación a la cuestión nacional catalana se transforma en muy optimista cuando analizamos el cómo ha ido el papel de la CUP al Congreso de los Diputados. Estamos contentas. Pensamos que nos ha dado un altavoz que seguramente no nos hubiera dado si no hubiéramos estado en Madrid, porque también durante estos tres años hemos notado cómo la atención mediática se desplaza a Madrid, producto también de esta dinámica de recentralización y de chupar competencias a los parlamentos autonómicos.

También porque el hecho de ocupar todos los espacios políticos que se puedan, también los institucionales, es positivo, porque a más espacios institucionales, más batalla desde más trincheras. Y, además, pensamos que nosotros entramos para dar otro punto al independentismo y que este punto, como el conflicto nacional, ha ido virando hacia la estabilización forzada, tiene más sentido que nunca. Que esté la CUP en Madrid implica que tanto Esquerra Republicana como Junts tienen un contrapunto que les afecta y que es importante.

Cuestiones como el estado de alarma, por ejemplo. Nosotros fuimos los primeros en plantear que eso no tenía sentido, que la ley sanitaria permitía confinar, que lo que había que hacer era crear una banca pública, que lo que había que hacer era poner impuestos a la banca y a las grandes eléctricas, etc. Cosas que al principio las decíamos solas, que después empezó a decir toda la izquierda y que hoy se han transformado en impuestos concretos. Impuestos que nosotros cuando los vemos decimos hombre, no era esto, pero hemos acompañado y hemos forzado un viraje a la izquierda del Congreso. Y esto en relación a los partidos catalanes en cuestión y a Compromís, en el País Valencià, tiene más impacto que con los partidos madrileños, con Unidas Podemos o con el mismo PSOE. Por lo tanto, estamos contentas. Nacionalmente tristes y en términos de partido, contentas.

En los últimos días, se puesto sobre la mesa la repulsa hacia la "violencia política" en el Congreso a raíz del último ataque de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Usted también la ha sufrido?

El término violencia política es un término muy grande. Insultos machistas, racistas, incluso en el Congreso, hay sistemáticamente. Lo que pasó con Irene Montero la semana pasada estuvo mal, fue machista y hubo una reacción unitaria en la condena a todo eso. Pero hablar de violencia política me parece que es hablar de cosas muy profundas que tienen que ver con el machismo, pero también con el Estado y la impunidad institucional del Estado para ejercer violencia. 

Por ejemplo, la violencia política, seguramente, tendría que ver con los asesinatos de Melilla, con la gente que está en las cunetas, con la actuación de los cuerpos policiales el 1 de octubre en Catalunya, con los GAL y con no haber podido nunca investigar lo que pasó. Lo que pasó el otro día en el Congreso es machismo y hay que combatirlo, pero pienso que utilizar las agresiones de la derecha y la extrema derecha para construir una candidata electoral, aunque es legítimo, no sé si es un favor a la izquierda y a la gente que defiende las agresiones ante la violencia política.

La gestión que está haciendo el Ministerio de Igualdad impide o dificulta abordar el debate de fondo que hay detrás de la ley del sólo sí es sí. Desde nuestra perspectiva, el debate es de qué manera se gestiona la violencia en la sociedad, si se hace exclusivamente a partir del Código Penal el castigo o si hay otras formas. El Código Penal tiene su función, la cárcel tiene su función, pero en cuestiones de violencia sexual y machista hay otras transformaciones a hacer. Estas son las que deberían dirimir el debate público sobre la ley del sólo sí es sí, y no esta pátina de que todo es violencia política y por lo tanto, cualquier crítica al contenido de la ley supone una crítica a la ministra de Igualdad. 

En el caso concreto de Vox fue una crítica a la vida personal de la ministra, no al contenido de la ley.

Y está mal. Y creo que en le momento en el que la diputada de Vox dijo eso, todo el mundo, desde el PP hasta la CUP, salió a decir que eso era machismo, era asqueroso y no se podía tolerar. Pero eso es un tema. Otro tema es: ¿se está pudiendo tener el debate de fondo de la ley del sólo sí es sí? Fuimos las únicas de la izquierda que nos abstuvimos porque no compartíamos juntar delitos, subir condenas, la concepción que está detrás del solo sí es sí... Todo eso me parece que ha desaparecido y estos son los debates importantes que están detrás de esta cuestión.

Claro, que se insulte a Irene Montero por quién es su pareja es machismo y está mal. Me atrevería a decir que esto le ha pasado a la mayoría de diputadas en todos los parlamentos de España, pongo la mano en el fuego y no las conozco a la mayoría, pero que una cosa no quite la otra. Es decir, porque ahora mismo por ejemplo, el debate está exclusivamente alrededor de las penas, si se sube a un año de cárcel o se baja, si el Supremo unifica doctrina o no la unifica. Esto es una perspectiva. Esto es un terreno de juego perdedor para la izquierda. La izquierda, de lo que tiene que hablar, es de qué forma se transforma la sociedad, la masculinidad y el patriarcado, y poner el debate aquí no puede significar no estar al lado de Irene Montero. 

Por puntualizar, ¿cree que Podemos ha utilizado estos ataques para impulsar la figura de Irene Montero como candidata de este partido ante las grietas en el espacio morado?

Parece, ¿no? Yo no tengo las interioridades de la batalla pública que está habiendo en Unidas Podemos. Para nosotras es una muy mala noticia, para la izquierda española y para la izquierda catalana porque si la izquierda española se rompe en pedazos, para nosotras quiere decir que no hay nadie al otro lado y esto es un desastre. Me atrevo a decirlo con esta claridad: si cuando se acaba el ciclo del 15M, lo que tiene que decirle la izquierda española a la gente es que es todo esto se acaba con una batalla por sillas es muy mala noticia porque estos son muchos años de tierra quemada. Ahora bien, aparte de esto, a mí me parece que el acto que que hizo Podemos este fin de semana tiene mucho que ver con la batalla interna que está teniendo y con el abordaje o la preparación electoral en la batalla que tiene con Yolanda Díaz, que es el otro sector.

Si tengo razón o no, lo dirá el tiempo, pero lo que quería decir con eso es que cuando se cometen actos de violencia machista, y se cometen contra personas que tienen un altavoz muy grande, creo humildemente que lo transformador es trasladar esta vivencia a señalar todas las vivencias que viven las mujeres. Si le hacen esto a una ministra, imagínense lo que van a pasar las mujeres que no tienen altavoz cuando vayan a su trabajo o cuando estén planteando una opinión dura.

La reflexión sobre el acto de este fin de semana o sobre la utilización política que hace Unidas Podemos de esto, que es legítima y todos los partidos tienen derecho a utilizar lo que quieran (solo faltaría que solo criticáramos a la derecha y no a la izquierda), ha ido más orientada a consolidar la figura de Irene Montero en medio de una guerra interna que no a a utilizar esa agresión para señalar todas las agresiones que viven las mujeres.  mientras te estoy diciendo esto estoy pensando que

Quizás estas palabras sienten mal y me van a decir que lo que estoy haciendo es criticar a Irene Montero y no estar a su lado por los insultos machistas. Es lo contrario de lo que quiero hacer, pero el debate y el ambiente están en un punto en el que se utiliza cualquier crítica para señalar con una falacia constante que si tienes una crítica y un punto de vista distinto es que eres machista o es que estás en contra de las feministas o es que tú no eres del grupo de la feministas que son más transformadoras. Me parece un problema; la izquierda pierde y además es el terreno perfecto para la derecha y para la extrema derecha.