Sare lleva al Parlament la campaña contra la política penitenciaria del PP

BILBAO.- “Estamos hablando de un problema al que se quiere hacer oídos sordos. Por eso mismo, estar hoy aquí, que nos escuchen, ya es un paso muy importante”. La frase, seguida de un “eskerrik asko” (muchas gracias), ha sido pronunciada este jueves por Joseba Azkarraga, ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, quien ha comparecido en la Comisión de Derechos Humanos del Parlament de Cataluña para presentar las actividades de Sare, la red ciudadana que reivindica el fin de la política de excepción contra los presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale.

Azkarraga ha estado en Barcelona junto al ex funcionario de prisiones y miembro de CCOO José Mouliá, otro de los rostros públicos de Sare. La comparecencia había sido solicitada por la mayoría de los grupos parlamentarios catalanes, con la excepción de PP y Ciudadanos. En cualquier caso, no era la primera vez que los diputados catalanes oían hablar de este grupo: la propia presidenta de esta comisión, Gemma Calvet (ERC), ya había adherido en anteriores ocasiones a iniciativas convocadas por la red ciudadana vasca. “Nosotros no planteamos ningún debate de carácter ideológico, sino de estricta defensa de los derechos humanos”, remarcó el ex consejero del Gobierno Vasco durante su visita a la ciudad condal.

En ese marco, los representantes de Sare entregaron a los parlamentarios la versión en catalán del “libro de la dispersión”, un trabajo sobre el alejamiento de los presos de ETA que ya ha sido traducido a varios idiomas, con el objetivo de que esta denuncia salte las fronteras del Estado español y se instale en diferentes instancias internacionales. “Es importante resaltar que la dispersión no afecta al preso, sino a sus familiares, que no han cometido delito alguno y que tienen que recorrer hasta 2.000 kilómetros, ida y vuelta, para visitar a un familiar preso durante 20 minutos”, resumió Azkarraga.

"Somos gentes completamente diferentes, con profesiones distintas, que hemos sufrido de diferente forma el conflicto que se ha vivido en Euskadi y que, a pesar de eso, creemos que hay que hacer una apuesta clara a favor de la convivencia”

Sentado a su lado, Mouliá también reivindicó el fin de la dispersión, “un daño añadido que hoy día no tiene ningún sentido”. En su intervención frente a los diputados, este ex funcionario de prisiones recordó los años duros, cuando “por el mero hecho de ejercer una actividad laboral, dejabas de ser una persona para convertirte en un objetivo”. No olvidó los años de la violencia “injusta e injustificable”, pero tampoco titubeó a la hora de pedir un cambio rotundo en la política penitenciaria. “No quiero que en mi nombre se vulneren los derechos humanos de ningún ciudadano”, sostuvo.

Mouliá es un buen ejemplo del cocktail de apoyos que ha logrado recabar Sare, una iniciativa inédita en la historia de Euskadi. “Somos gentes completamente diferentes, con profesiones distintas, que hemos sufrido de diferente forma el conflicto que se ha vivido en Euskadi y que, a pesar de eso, creemos que hay que hacer una apuesta clara a favor de la convivencia”, afirmó Mouliá a Público. “Incluso somos personas que estuvimos enfrentadas en el pasado”, añadió Azkarraga durante su intervención.

La exposición de ambos acabó con un video de Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993. “Hay una ley penal que dice que los presos deben estar cerca de su lugar de residencia”, afirmó esta víctima del terrorismo. A pesar de esa pluralidad, Sare acaba de pasar por la lupa de las Fuerzas de Seguridad del Estado. A raíz de una denuncia formulada por la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), la Audiencia Nacional ordenó que las brigadas de información de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza averiguasen si detrás de esta red se encontraba Herrira, la organización de apoyo a presos abertzales que fue ilegalizada por los tribunales.

Según reveló Azkarraga desde Barcelona, los informes policiales han sido contundentes. “Hasta la propia Guardia Civil ha transmitido que no hay ninguna constancia de que detrás de Sare haya ningún tipo de organización ilegalizada –comenta-. Incluso ha dicho algo más importante: nuestras actividades no lesionan la dignidad de las víctimas”. Precisamente por ello, el ex consejero de Justicia en el gobierno de Ibarretxe mostró su confianza en que estas conclusiones supongan el “fin de la criminalización” contra quienes “defienden los derechos de un colectivo determinado”.

No obstante, el representante del PP en la Comisión de Derechos Humanos del Parlament insistió este jueves en la supuesta complicidad de Sare con el entorno de ETA. “No están reconociendo el inmenso daño causado a víctimas del terrorismo”, les reprochó el diputado Sergio Santamaría, omitiendo las palabras que algunos minutos antes, en esa misma sala, habían formulado Azkarraga y Mouliá. “Tengo suerte relativa: siempre me toca hablar después del PP”, ironizó el diputado de ICV Salvador Milá. “Como verán –subrayó-, queda mucho trabajo por hacer”.

Mientras tanto, Ferran Pedret, diputado del PSC, sostuvo que medidas como la dispersión “deben entenderse en el marco de esos años de plomo”, por lo que entendió que “en la situación actual debería avanzarse hacia otro tipo de política penitenciaria”. También reconoció que las cuestiones relativas a los presos de ETA deberán ser abordadas. “No conozco ningún ejemplo en los que estos temas no hayan estado sobre la mesa”, añadió.

“La política penitenciaria no tiene que ser nunca una política vengativa”

Por su parte, la diputada de ERC y presidenta de esta comisión, Gemma Calvet, reclamó una política penitenciaria que no suponga una “venganza”, al tiempo que mostró su apoyo absoluto al trabajo de Sare. En esa misma línea se expresó Elena Rivera (CIU), quien reivindicó una política penal que “no castigue a las familias”, con “independencia del delito que hayan cometido” los reclusos. “La política penitenciaria –añadió- no tiene que ser nunca una política vengativa”.

Antes de abandonar la sala, Azkarraga pidió que el Parlament traslade esta situación a las autoridades del estado. “Debemos demostrar que no solamente en el ámbito geográfico vasco estamos denunciando esta situación, sino que en el Parlament de Cataluña hay una mayoría que defiende el fin de la dispersión”, indicó. También quiso convencer al diputado del PP sobre la legitimidad de este reclamo. No tuvo suerte.