El 20 de mayo de 2020, el Congreso votaba la validación de la quinta prórroga del estado de alarma para luchar contra la emergencia sanitaria del coronavirus. El Gobierno de coalición, que había salvado la primera prórroga con una amplísima mayoría, había visto cómo en los últimos meses se había hecho cada vez más difícil sacar las sucesivas ampliaciones en la Cámara Baja, y cómo sus apoyos se iban reduciendo a marchas forzadas en cada votación hasta hacer peligrar el mantenimiento del propio estado de alarma.

En medio del debate parlamentario, se dio a conocer que la quinta prórroga saldría adelante. El PSOE y Unidas Podemos habían suscrito un acuerdo con EH Bildu por el que la formación vasca apoyaba al Gobierno en esta votación a cambio del compromiso de los otros dos partidos de derogar "de forma íntegra" la reforma laboral del PP.

Cuatro horas después de la votación, a las 00.00 horas, los socialistas mandaban una "nota aclaratoria" explicando que el punto uno del acuerdo quedaba anulado, y que se suprimía el compromiso de "derogación íntegra de la reforma laboral", que fue sustituido por otro término menos directo y conciso. Más allá de lo que sucedió en mayo, este hecho es un ejemplo claro de lo que ha supuesto la reforma laboral socialista.

La relación del PSOE con la denominada derogación de la reforma laboral ha sido un vaivén terminológico, un cortejo eterno y etéreo que no ha tenido nunca una traducción clara a medidas concretas. El partido que firmó el acuerdo con EH Bildu comprometiéndose a la "derogación íntegra" es el mismo que suprimió ese punto apenas cuatro horas después en una nota aclaratoria.

El Pedro Sánchez que se comprometió con Pablo Iglesias en este sentido en el acuerdo de coalición y que dijo en el Congreso del PSOE el pasado 16 de octubre que derogaría la reforma laboral y repitió en el Congreso de CCOO la semana pasada que la derogación de la reforma laboral era lo "más importante que le quedaba por hacer el Gobierno", es el mismo que ahora no parece demasiado convencido con cómo se estaban desarrollando las negociaciones del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales en esta materia.

Lo cierto es que ni Sánchez ni el Gobierno, en todo este tiempo, ha determinado claramente cómo quiere que sea el nuevo marco laboral en España de forma concreta y con propuestas claras, más allá del debate nominativo y un tanto absurdo entre "derogar" la reforma laboral y suprimir "los aspectos más lesivos" de la normativa.

Un debate de contenido y reformas concretas

El tiempo de la indeterminación se ha acabado, y el debate de la reforma laboral ha dejado de ser nominativo (todavía resuenan aquellas voces que trataban de que la discusión girara en torno a que "no se puede derogar una reforma laboral, sino que hay que legislar") para ser un debate de contenidos y reformas concretas. Ya no se trata de 'qué significa derogar la reforma laboral', sino de las medidas que quiere aplicar el Gobierno en materias como la negociación colectiva, la subcontratación o la prioridad del convenio colectivo sobre el de empresa.

La vicepresidenta segunda de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido que el Ejecutivo tenga un debate sobre esta cuestión para fijar una posición clara sobre qué reformas se van a llevar a cabo en leyes como el Estatuto de los Trabajadores, y Sánchez le ha recogido el guante y ha convocado una reunión al máximo nivel el martes de la próxima semana, un encuentro al que acudirán la propia Díaz y también la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Esto significa, entre otras cosas, que el PSOE va a tener que aclarar cuál es su posición concreta y hasta dónde está dispuesto a llegar en el marco de la denominada reforma laboral.

Además, lo va a tener que hacer en apenas dos meses, ya que los compromisos adquiridos con Europa en esta materia fijan que los cambios deben estar aprobados en 2021. Esta fue precisamente una de las batallas que tuvo Díaz en el seno del Ejecutivo antes de acudir a Bruselas a negociar el denominado Componente 23 (la parte del Plan de Recuperación que incluye las reformas en materia de relaciones laborales), la del calendario.

La titular de Trabajo insistió en el seno del Gobierno de coalición hasta el último minuto para que la reforma laboral y todo el componente remitido a la Unión Europea tuvieran una fecha límite, y finalmente Sánchez accedió a situarlo a finales de 2021. Ahora, el reloj está en marcha, y el presidente va a tener que concretar en una semana la reforma que no ha definido en los tres años en los que ha liderado el Gobierno.