"Delicado". Esta fue la palabra que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, utilizó para referirse al conflicto interno en el Gobierno sobre la reforma laboral. Durante la legislatura el PSOE y Unidas Podemos han librado mil y unas batallas acerca de medidas en las que las dos almas del Ejecutivo mantenían posiciones distintas, pero efectivamente este asunto sí es especialmente complejo.

En los conflictos anteriores, hasta el momento, han conseguido dar salida a todos ellos, y finalmente siempre se ha producido un acuerdo que ha logrado reforzar al Gobierno en su conjunto. Si cada batalla es una cicatriz, el Ejecutivo cuenta ya con varias marcas que, de alguna manera, apuntan a que la coalición ha estado bien engrasada y preparada cuando las discrepancias parecían sobreponerse a los puntos de encuentro. Hasta el ministro de Consumo, Albero Garzón, al referirse a los turbulentos días vividos en torno a este asunto, indicó en una entrevista en TVE que "ha sido una semana normal",  y dijo que la sociedad debe acostumbrarse a estos debates en el seno de un Gobierno de coalición.

Sin embargo, más allá de que muchas veces puede dar la sensación de que cada conflicto es "peor" que el anterior, el de la reforma laboral es, como lo ha definido Díaz, "delicado". Entre otros motivos, porque se trata de uno de los puntos más relevantes del acuerdo de coalición y una de las peticiones expresas de la vicepresidenta segunda, que aceptó ser ministra de Trabajo en 2019 a cambio, entre otras cosas, de poder llevar a cabo esta transformación de las relaciones laborales.

Pero no es solo la relevancia que tiene (también la ley de Vivienda era un punto esencial del acuerdo de coalición, y los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos se arrastraron durante casi un año), sino también la tensión que se vivió la pasada semana. Díaz, una ministra defensora del "trabajo en silencio" y la discreción, no dudó ni un momento a la hora de elevar el tono contra los socialistas, a los que acusó públicamente de no querer derogar la reforma laboral del PP. Ver a la vicepresidenta segunda en esa tesitura mandó un mensaje claro a la partes socialista del Gobierno: el conflicto era grave.

Por ello, este martes, los principales protagonistas de esta batalla (Sánchez, Díaz y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño) tratarán de que la herida abierta en el seno del Ejecutivo a cuenta de la reforma laboral pase a ser una nueva cicatriz. El presidente ha convocado a las dos vicepresidentas y a varios ministros (la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Educación, Pilar Alegría; y el de Inclusión, José Luis Escrivá) a una reunión al máximo nivel y de la que necesitan salir con un acuerdo.

El martes, tras la celebración del Consejo de Ministros, la titular de Trabajo pidió que se diera un debate en el Gobierno sobre los contenidos y el alcance de la reforma laboral que se quería abordar. En concreto, Díaz quiere que Sánchez y Calviño digan qué quieren hacer con reformas como el reequilibrio en la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa, la subcontratación o la denominada ultraactividad.

El "quién" y el "qué"

El líder del Ejecutivo accedió a tener este debate, y de ahí la reunión que se va a celebrar este martes. Antes, sin embargo, ambas partes trabajaron para tratar de rebajar la tensión. Aunque las discrepancias principales giraban en torno a los contenidos, había un conflicto secundario sobre quién debía coordinar y liderar la reforma (un conflicto ligado a los contenidos, pues, según recordaron fuentes de Unidas Podemos, el "quién" muchas veces determina el "qué").

La discrepancia sobre el "quién" parece saldada, después de que el pasado miércoles ambas partes alcanzaran un acuerdo para designar a una delegación que representara a todo el Gobierno en la mesa de diálogo social que aborda la transformación del mercado de trabajo. Hace ya siete meses que este foro echó a andar, y en todo ese tiempo ha sido el Ministerio Trabajo el departamento que representaba a todo el Ejecutivo, pero en la recta final, cuando apenas quedan dos meses para acordar las modificaciones legales, Sánchez y Calviño han pedido rediseñar el equipo.

El acuerdo final es que Trabajo seguirá coordinando las negociaciones (a través del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey), pero también estarán presentes de forma permanente Economía y Seguridad Social; además, eventualmente acudirán a las reuniones representantes de otros ministerios que pueden estar afectados por la reforma.

El nudo gordiano del conflicto está, sin embargo, en los contenidos. Desde Unidas Podemos se insiste en que ni Calviño ni Sánchez están dispuestos a acometer una serie de reformas que ya han recibido el visto bueno de la Unión Europea. En el PSOE, en este aspecto, no se concreta, y hasta Sánchez esquivó el pasado jueves en Trujillo, durante la cumbre hispano-lusa su posicionamiento ante cuestiones concretas. Desde la parte del Gobierno, se limitan a lo acordado en el acuerdo de coalición en torno a este asunto, donde todos los temas pendientes no están concretados.

Desde ambas partes se ha transmitido, eso sí, que pese a la complejidad del conflicto, la batalla de la reforma laboral no pone en peligro al Gobierno de coalición. Mientras la parte socialista se ha referido en varias ocasiones a la buena salud del Ejecutivo, el propio Pedro Sánchez dijo el jueves que la legislatura acabará en 2023, la vicepresidenta de Trabajo ha dejado claro que su "compromiso"  con la coalición es "personal, político y ético".