Turbulencias. El complejísimo equilibrio que tiene que mantener el Gobierno con todos sus aliados para sostener la mayoría parlamentaria se tambalea en esta primera semana de 2024. No es una semana vital —de vida o muerte— para el Ejecutivo, pero sí es importante. El miércoles, día 10 de enero, se votará en un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados la convalidación de tres reales decretos-leyes que, salvo sorpresa, no saldrán adelante. La piedra en el camino se llama Junts per Catalunya, que votará que no a los conjuntos de medidas.

Aunque la formación que lidera Carles Puigdemont ha argumentado su posición contraria en los tres decretos, el gran punto de fricción se ubica en el texto de uno de ellos. Ha sentado muy mal, en concreto, un artículo del real decreto-ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros del día 19 de diciembre y que precisa de la convalidación de la Cámara Baja, como cualquier otro.

Es un decreto ómnibus que incorpora medidas en varios campos, entre ellos en materia de justicia. Junts se ha plantado, tal y como ha trascendido, ante el artículo 103 de dicho decreto, que incluye una serie de modificaciones a la ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, se añade el artículo 43 bis a la ley, que tiene incidencia en el terreno de las cuestiones prejudiciales que se pueden elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo que está de absoluta actualidad con la ley de amnistía en plena tramitación parlamentaria. 

Grosso modo, el 43 bis especifica la congelación de los procedimientos judiciales cuando se lleva una cuestión prejudicial al TJUE y hasta que el tribunal resuelva el caso, algo que, a todas luces, ocurrirá una vez la ley de amnistía haya superado la vía parlamentaria en la que se encuentra actualmente, se haya publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los jueces tengan que aplicarla.

El texto de la ley de amnistía que presentó el PSOE prevé un margen de dos meses para que los jueces la apliquen, pero, según deja por escrito el decreto, que se preparó antes de las elecciones, la cuestión prejudicial podría paralizar cualquier proceso. Ese es el quid de la cuestión. Junts ve en ello un riesgo para la aplicación de la amnistía, aunque Félix Bolaños haya intentado quitarle hierro. 

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes dijo que todo era un "malentendido", toda vez que la modificación del artículo no conlleva ningún cambio en la práctica de la ley porque esa paralización de los procesos al interponerse una cuestión prejudicial al TJUE es algo que ya se venía haciendo con regularidad. Lo que ha ocurrido es que la Comisión Europea pedía que la ley se adecuara de forma textual a la de la UE, entre otras cosas, con tal de que España cumpliese todos los requisitos para que le UE desembolse el cuarto paquete de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros.

Pero ni las palabras de Bolaños ni la reunión de Jordi Turull, secretario general de Junts, con Santos Cerdán, su homólogo socialista, han servido para limar asperezas. Junts se opone y coloca en la cuerda floja la llegada de esos fondos, aunque el Gobierno tiene todo el mes de enero para aprobar las medidas necesarias. 

Tampoco avanzarán, en principio, los otros dos decretos-ley que irán al pleno de este miércoles. Junts se opondrá, por tanto, al decreto anticrisis con el que el Gobierno trata de alargar las medidas de apoyo a la ciudadanía por los efectos económicos y sociales de los conflictos en Gaza y Ucrania, porque considera que la Generalitat de Catalunya no debería hacerse cargo de parte de los gastos con los que se sufraga la gratuidad del transporte público y que no debería encarecerse la factura de la luz.

"El PSOE tiene que acabar con los decretos 'macedonia'. El chantaje con las medidas sociales no puede servir para continuar laminando derechos y recursos catalanes", deslizan fuentes del partido independentista. En una entrevista con el medio catalán El Nacional este domingo, Turull insiste en que si no se avanza en la amnistía y no se encuentran puntos de avance en los encuentros que mantienen PSOE y Junts en Suiza, "la legislatura se puede dar por acabada".

Tampoco darán su brazo a torcer los posconvergentes en el tercero de los paquetes de medidas. El que tiene que ver con la conciliación laboral incurriría, según Junts, en una invasión de competencias de la Generalitat. Con todo, tres puertas cerradas. No al decreto ómnibus del Plan de Recuperación; no al decreto anticrisis; no al decreto para adoptar medidas urgentes para la conciliación familiar. "El Gobierno ha confundido hablar con negociar y ha aplicado la política de los hechos consumados", zanjan. 

Podemos también ha sembrado dudas sobre este tercer decreto, que incluye "la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo". Los morados, ya desde el Grupo Mixto, piden al Ejecutivo reformar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y no descarta que sus cinco diputados voten en contra. Más problemas para el PSOE, en este caso, desde las filas de sus antiguos socios.

Las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía

La amnistía, por tanto, centrará gran parte de la atención la primera semana parlamentaria del año. Lo hará como elemento principal y, también, como elemento subyacente. Este último es el caso que se expone en los párrafos superiores. El decreto ómnibus que ha llevado a Junts al extremo de oponerse a las medidas para la ejecución del Plan de Recuperación no tiene la amnistía como objeto principal, pero en la negativa de los posconvergentes subyace, sin duda, la amnistía. No votan a favor porque consideran que el artículo 43 bis puede ponerla en peligro, a pesar de los intentos socialistas por desmentir esa versión.

El Gobierno tendrá que agudizar al máximo todas las medidas que trate de llevar a puerto si quiere sortear el obstáculo de Junts, que aseguró que su apoyo no era un "cheque en blanco" y lo está demostrando ya en la primera semana de 2024. "Junts no pertenece a ningún bloque político español", insisten los de Puigdemont.

Pero la amnistía también aflorará en el Pleno con papel protagonista. Las enmiendas a la totalidad que presentó, por una parte, el Partido Popular (PP) y, por otra, la formación ultraderechista Vox se debatirán y votarán en el último punto del día.

Ninguna de las dos tiene visos de prosperar, pero, con la suya, el PP ensayará la oposición férrea que planteará en el Senado, donde la ley de amnistía se embarrará durante dos meses hasta que los populares, salvo sorpresa, la veten. Después, volverá al Congreso para culminar su camino parlamentario y recibir la aprobación definitiva. Los cálculos sitúan ese momento en el mes de mayo.

Con todo, el Pleno extraordinario de este miércoles, en el que también se debatirán y se votarán los objetivos de estabilidad presupuestaria (que podrá tumbar el PP en el Senado), dará la medida de la complejidad de la actual legislatura, en la que, para cada pequeño paso, Sánchez necesitará obtener el consenso de todas las fuerzas necesarias y no violentar sus principios. El socio más incómodo, a la vista está, puede ser Junts. Sin embargo, otros, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), también han levantado la voz contra los decretos-leyes que se someten a votación. Empieza 2024 y continúa el baile.