El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes la reprobación de Felipe VI por su posicionamiento contra una parte de Catalunya y ha concluido pidiendo la abolición de la monarquía. Habrá quien se apresure a decir que se trata de un hecho aislado de una alcaldesa (Ada Colau) “radical y extremista” y habrá quien vaya más lejos aun pidiendo al Gobierno que trate de anular la voluntad municipal de una mayoría a la que no se ha sumado el PSC.

Saben hasta los más monárquicos/as, sin embargo, que la de Barcelona no es ninguna puntualidad ni extravagancia y el Gobierno, que ya ha quedado en evidencia con el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el recurso de la reprobación al rey del Parlament, debería empezar a valorar si poner puertas al campo es la misión de cambio y evolución democrática que se ha impuesto. Las reprobaciones al rey en Catalunya son un síntoma más de el decaimiento de la monarquía, ni mucho menos los únicos.

Hace tiempo que las instituciones y los poderes que las custodian -a riesgo de perder tantos privilegios a cambio de lealtad- han levantado los estrechos puentes levadizos que comunican a la Corona con los ciudadanos/as (sus súbditos, para ser más rigurosos) y han cavado alrededor de la fortaleza un foso sembrado de alimañas para espantar a los más osados que pretendan atravesarla, sean manifestantes, periodistas, artistas, revistas, parlamentos soberanos o -veremos- ayuntamientos.

Que la monarquía ha empezado a cavar su tumba por Catalunya (y Euskadi) es un hecho. Es fascinante la torpeza de Felipe VI en este sentido, por cierto, pues si con algo se ganó su padre la tranquilidad de, al menos, 30 años de reinado tras el franquismo totalitario, fue con ¿su? agudeza sobre Catalunya. Aunque ésa es otra historia, la Historia.

Maria Rovira, concejal de la CUP durante el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que ha aprobado una resolución en la que "condena el posicionamiento del rey Felipe VI" en relación con el "conflicto catalán". /EFE

La prueba de la descomposición de la monarquía la encontrarnos, digo, ante manifestaciones de torpeza y automatismo tan evidentes como que el mismo Gobierno que llegó a La Moncloa apelando a la política-política-política para resolver los problemas de fondo y forma de este país recurra ante el Tribunal Constitucional la reprobación de Felipe VI aprobada por el Parlament, además, pese a un informe del Consejo de Estado no vinculante pero que sí debería provocar sonrojo en quien censuró a Rajoy -con razón- su desidia ante el problema en Catalunya y la vía suicida de la judicialización de la política.

La institución que preside María Teresa Fernández de la Vega ha venido a decir al Ejecutivo que el Parlament catalán puede aprobar las resoluciones políticas que le dé la gana, encima, cuando esta reprobación no va a tener efecto práctico alguno sobre la institución, más allá del creciente rechazo que generan la monarquía y su andamiaje entre los/as catalanes y el resto del país.

El PSOE (el PSC en Barcelona) funciona todavía con un resorte que eleva puentes automáticamente cada vez que el rey y la Corona son puestas en cuestión. ¿Investigar en el Congreso al rey emérito por presunta evasión fiscal o cobro de comisiones? ¿Preguntar a los españoles cuál es la valoración que hacen de la monarquía vía CIS? ¿Reprobar al rey y apostar por una transición a la república -como sus bases o su ideario original socialista-? ¿Criticar el discurso de Felipe VI el 3-O? ¿Abrir puertas y ventanas de la institución monárquica en pro de un ejercicio de transparencia plena? ¿Retirar al monarca un aforamiento más propio de la Edad Media que del siglo 21? No, no, no, no, no, no...

Hoy palpitan en medio de un ruido atroz dos cuestiones con las que Pedro Sánchez debe ser valiente, y nadie le pide al respecto un ejercicio revolucionario de asalto a palacios, sino de pura coherencia, democracia y altura de miras: una es el camino hacia el Estado plurinacional que se cansó de reivindicar en la oposición y ahora apenas se le escucha (referéndum catalán mediante) y otro es un debate sereno constituyente que incluya a la Corona.

El rey está desnudo y pasmado ante su propia desnudez. España se revuelve y la Corte debería dejar de alabar los ropajes y la candidez del monarca (una retranca gallega de Torrente Ballester). Generaciones no necesariamente republicanas, pero en ningún caso monárquicas, piden más democracia y menos privilegios que impiden su progreso, hoy estancado en el paro y el precariado. Hagamos entonces las cosas bien y no cuando sea muy tarde. Por una vez.