Año nuevo, y nueva reunión del diálogo social, que no esperará para retomar sus mesas de negociación pendientes en un 2021 en el que se abordarán tanto las reformas iniciadas en 2020 como las que aún no han empezado sus negociaciones. El Gobierno ha convocado este viernes a los principales sindicatos (UGT y Comisiones Obreras) y patronales (CEOE y Cepyme) a una reunión en la que se abordarán dos de los asuntos que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales arrastran desde el pasado año.

Se trata de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y de la ampliación de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), dos de los temas que han marcado buena parte de la agenda política en los últimos meses. Pese a que serán abordados en la misma mesa y por los mismos representantes tanto del Ejecutivo como de los agentes sociales, el contenido a tratar y el acercamiento en las posturas entre todas las partes difieren mucho a la hora de comparar las dos materias.

Los ERTE fueron la medida estrella del denominado escudo social que el Gobierno puso en marcha el pasado año para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus. Según datos ofrecidos el pasado martes por los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, diciembre se cerró con una media mensual de 783.000 trabajadores en ERTE, lo que supone un descenso de unas 82.000 personas respecto al mes de noviembre.

El número de trabajadores que perdieron el empleo en 2020 y se convirtieron en parados fue de 725.000, lo que sumado a las personas acogidas a un ERTE ofrecería una cifra simulada de pérdida de empleo de más de un millón de personas, números que finalmente no se han alcanzado y una pérdida de empleo amortiguada por la puesta en marcha de los expedientes temporales de regulación de empleo.

La clave de la negociación está en conseguir la prórroga de este mecanismo, que expira a finales de enero. El Gobierno y los agentes sociales siempre han logrado acuerdos en esta materia, lo que ha permitido extender la medida en varias ocasiones. En este momento, el objetivo de Trabajo es, por un lado, lograr un acuerdo antes del 15 de enero para dar certidumbre a empresarios y trabajadores y, por otro, modificar lo menos posible una fórmula que consideran exitosa y muy eficaz para evitar despidos, uno de los principales objetivos del escudo social.

En este sentido, los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social apelaron a mantener el modelo actual y a mejorarlo sin cambios sustanciales: "El modelo funciona bien, es un modelo exitoso. Habrá cambios paramétricos o de matiz, cambios establecidos para aligerar procesos y facilitarlos, pero el funcionamiento es bueno, no hay que modificar cosas sustanciales ni habrá cambios radicales", manifestaron.

Yolanda Díaz quiere un acuerdo antes del día 15 de enero

Desde la patronal, sin embargo, sí que se apuesta por hacer modificaciones que vayan, fundamentalmente, en dos líneas: relajar el bloqueo a los despidos en los que se fundamenta el mecanismo de los ERTE, y lograr un mayor descuento en las cotizaciones sociales, así como más ventajas para los empresarios de los sectores más golpeados por la pandemia.

El objetivo de los sindicatos pasa por mantener esa protección frente a los despidos, una posición compartida por el Ministerio de Trabajo. Será en esta cuestión donde las posiciones estén más alejadas, aunque se espera que, como en ocasiones anteriores, el acuerdo termine llegando. La clave residirá, seguramente, en los plazos de aprobación. Mientras Yolanda Díaz quiere que la prórroga se cierre en la primera quincena del mes, las negociaciones podrían terminar extendiéndose hasta finales, dado que el mecanismo actual expira el día 31.

Las posturas están mucho más alejadas en la negociación que aborda el futuro del salario mínimo interprofesional. La actualización de la cuantía del SMI estaba prevista para finales de 2020, sin embargo, tras no alcanzarse un acuerdo, se forzó su congelación y Trabajo llevó la prórroga del salario al Consejo de Ministros para que los trabajadores no se quedaran en un "limbo jurídico", con la vista puesta en continuar las negociaciones en las primeras semanas de este año.

Aunque durante el mes de noviembre se comenzó a hablar sobre esta cuestión, no fue hasta el 15 de diciembre cuando Gobierno y agentes sociales se sentaron por primera vez para abordar la actualización del SMI. Tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos defendieron entonces una subida que, para Díaz, debería oscilar entre la subida media de los salarios en los convenios (del 1,8% en 2020) y el incremento del sueldo de los trabajadores públicos y de las pensiones (del 0,9%).

Sin embargo, la patronal rechazó de forma rotunda la subida, una posición que llevó a la mesa de diálogo después de que se conociera que parte del área económica del Gobierno (los ministerios de Economía y Hacienda) y el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, defendían que el SMI debía de congelarse debido a la situación económica provocada por el coronavirus.

El principal argumento del empresariado y de este área del Gobierno es que un incremento en los salarios mínimos podría provocar despidos, algo que desde Trabajo rechazan, defendiendo que durante las dos últimas subidas (a 900 euros primero, y a 950 euros posteriormente) el empleo siguió una tendencia creciente y no se provocó una destrucción de los puestos de trabajo.

Iniciado el nuevo año, las posturas no han cambiado en ninguna de las partes. Yolanda Díaz sigue apostando firmemente por una subida que, al menos, permita a los trabajadores que perciben los sueldos más bajos no perder poder adquisitivo. Desde Hacienda se defendió a finales del pasado año que la subida se debería abordar cuando "la situación económica acompañe" y se apuntó incluso hacia la segunda mitad del 2021.

En este contexto parece muy difícil que se puedan acercar posturas en la reunión de este viernes. Trabajo está estudiando, además, convocar la próxima semana la mesa de diálogo de las plataformas digitales, donde se aborda la regulación de los denominados riders. Esta es otra de las grandes cuestiones estancadas en 2020 y, hasta el momento, parece que el acuerdo continuará estando lejos. Una vez concluyan las reuniones sobre plataformas digitales, el plan del ministerio dirigido por Díaz es abordar la derogación de la reforma laboral.