La medida estrella del denominado escudo social puesto en marcha por el Gobierno el pasado año, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha sido utilizada por algunas empresas como un nuevo espacio para el fraude laboral. Desde hace meses los inspectores de trabajo persiguen prácticas irregulares derivadas de los ERTE en una intervención que ya acumula millones de euros en sanciones.

En los últimos meses de 2020, el ministerio dirigido por Yolanda Díaz ha aflorado una bolsa de infractores que se habrían aprovechado de esta medida para, entre otras prácticas, cargar cotizaciones al Estado de manera fraudulenta, contratar empleados ficticios para que reciban una prestación (los denominados intrusos) o reducir de forma simulada la jornada laboral de un trabajador al que en realidad obligan a trabajar a jornada completa.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, al final del año 2020 el total de expedientes iniciados por fraude en los ERTE ascendía hasta los 33.440. De estos expedientes, la Inspección ya habría concluido un total de 24.606, es decir, más de un 73% de los que se habrían iniciado hasta el momento.

Entre las empresas que han sido objeto de expediente se han encontrado hasta 3.635 infracciones y Trabajo ha interpuesto sanciones por valor de 16.539.433 euros. En octubre del pasado año los inspectores comenzaron a atajar el fraude millonario que algunas empresas estaban creando al amparo del escudo social puesto en marcha por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas de la emergencia del coronavirus.

En ese momento, la Inspección sancionó a 1.755 empresas cuyas infracciones habían acarreado multas por valor de algo más de siete millones de euros, una cifra a la que se sumaron las liquidaciones por una cuantía total de 2.258.215 euros, la mayoría en cotizaciones.

Trabajo mantenía en ese momento 30.014 órdenes de servicio abiertas en relación con los ERTE, de las cuales 13.000 ya habían concluido o estaban a punto de concluir. Por lo tanto, el número de expedientes iniciados se ha incrementado hasta el momento en algo más de 3.000 y el número de expedientes concluidos se ha elevado en más de 11.000 desde la última actualización de los datos, en octubre.

Una "sanción grave" con "consecuencias penales"

En julio del pasado año la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisó a las empresas de que cometer fraude aprovechándose de los ERTE conllevaría "consecuencias penales" y advirtió que este tipo de fraude representa un "mal uso de los recursos públicos" y, por lo tanto, no constituye simplemente "una sanción administrativa grave".

Según establece el articulo 23.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, este tipo de infracciones se sancionan en su grado mínimo con multa del 100,01 al 115 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos,
intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 %; y en su grado máximo, con multa del 130,01 al 150 %; lo que puede acarrear sanciones de más de 187.000 euros por trabajador.

El fraude en los ERTE afloró después de que desde la Inspección de Trabajo se pusiera en marcha una campaña mediante el envío masivo de cartas a aquellas empresas que habían adoptado estos expedientes y a las que se le había abierto una investigación para comprobar que no había irregularidades y, sobre todo, tras la visita de los inspectores de trabajo a las compañías en las que existía indicio de fraudes.

Según datos ofrecidos este martes por los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, diciembre se cerró con una media mensual de 783.000 trabajadores en ERTE, lo que supone un descenso de unas 82.000 personas respecto al mes de noviembre.

El número de trabajadores que perdieron el empleo en 2020 y se convirtieron en parados es de 725.000, lo que sumados a las personas acogidas a un ERTE ofrecería una cifra simulada de pérdida de empleo de más de un millón de personas, números que finalmente no se han alcanzado y una pérdida de empleo amortiguada por la puesta en marcha de los expedientes temporales de regulación de empleo.