El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles tienen la intención de declarar por escrito ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Pegasus. Se trata de la misma opción que escogió el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en su momento.

Así lo ha avanzado Robles a su llegada a la base de Torrejón de Ardoz. "Nuestra idea es hacerla por escrito porque la ley permite esa posibilidad; queremos colaborar plenamente con la Justicia", ha señalado la ministra. Si bien, ha indicado que "poco" pueden aportar a la causa como perjudicados por el espionaje del software de la empresa NSO Group.

Robles, preguntada por la prensa, ha explicado que confía en que el magistrado José Luis Calama llegue "hasta el final" del caso para esclarecer la identidad del autor material del espionaje, aunque ha reconocido que no será una tarea fácil. Según varias fuentes jurídicas, Calama prevé ofrecer a Robles y a Grande-Marlaska tres opciones en sus alegatos: la presencialidad, la declaración por escrito o la declaración por medio de videoconferencia.

Estas fuentes añaden que esa citación llegará cuando el Consejo de Ministros de luz verde a su petición de desclasificación de asuntos declarados como secreto. Desde entonces, se fijará una fecha, de la que consideran, que será aproximadamente en el mes de septiembre.

El pasado jueves 28 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decidió acordar una declaración en calidad de testigos a ambos ministros por el caso Pegasus. Esta petición debía dirigirse al Consejo de Ministros con el objetivo de desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios.

Revelación de secretos

El magistrado Calama comenzó con la investigación el 26 de abril tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por el espionaje de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

De esta forma, la denuncia de Abogacía del Estado presentó un análisis de los dispositivos móviles del líder del Ejecutivo y de la titular de Defensa que fueron realizados por el Centro Criptológico Nacional (CERT) el 30 de abril. En este informe, las autoridades pertinentes confirmaron el conocimiento de que los mismos dispositivos fueron objeto de varias infecciones "por la herramienta Pegasus, software espía de teléfonos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".

En concreto, los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles confirmaban que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus" en dos ocasiones: el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo del mismo año.

El teléfono de Robles fue infectado en junio del mismo año. El juez Calama recoge que los informes señalaban una "exfiltración de información", aunque ninguno de los dos dispositivos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".

El espionaje de Pegasus

La primera intrusión del software al móvil de Sánchez se produjo en el contexto de la entrada masiva de 10.000 migrantes a la localidad de Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021. Durante la segunda jornada, Sánchez acudió a la ciudad autónoma, al igual que visitó la región de Melilla junto al ministro del Interior.

Además, el 18 de mayo, Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, por su protesta en el Ministerio de Exteriores contra los acontecimientos en Ceuta. El 19 de mayo, Sánchez se encontraba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda infección de Pegasus al móvil de Sánchez se produjo durante el encuentro con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares. Durante esta jornada, Marruecos publicó un comunicado sobre la crisis diplomática por la postura del Gobierno respecto al Sáhara.

El 1 de junio del año pasado, Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, declaró como imputado ante el juez Santiago Pedraz por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio. Horas más tarde regresó a Argelia.

El móvil del ministro del Interior también fue afectado por dos ataques en 2021. En el primero de ellos, Pegasus extrajo cuatro megas del dispositivo de Grande-Marlaska y en el segundo, seis gigas.