La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, defiende que el poder político debe ser "cauteloso" ante los pronunciamientos del poder judicial, pero también espera que las "opiniones políticas" del juez José Yuste Bastarreche no estén tras su decisión de prohibir la celebración de un acto a favor del derecho a decidir, en instalaciones del Consistorio.

Un día después de que se hiciese público el auto del titular del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que anula el evento previsto para este domingo -y poco después de haber recibido el escrito del juzgado-, Maestre explica las circunstancias en las que se autorizó el acto. Fue antes de la aprobación de las leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional, y en ningún caso se hizo referencia específica al referéndum del 1-O, explica. Por eso no descarta que el juez finalmente permita su celebración. "Somos optimistas".

La decisión del magistrado, de tendencia ultraconservadora, llega en respuesta al recurso presentado por el PP de Madrid, y hoy la portavoz del Ayuntamiento sostiene que las instituciones tienen que amparar "todas las opiniones políticas", las compartan o no. "Son legítimas y legales en este país, afortunadamente".

¿Cómo explican la decisión del juez? ¿Hay algo que les haya llamado la atención en el auto?

Vamos a hacer alegaciones porque entendemos que el contenido de auto no se corresponde con el decreto de autorización del uso del espacio. En el decreto de aprobación del uso del espacio que hizo la concejala de Arganzuela [Rommy Arce] no se hacía ninguna referencia a los decretos del Parlament ni del Govern de Catalunya sobre la convocatoria del referéndum. De hecho, la petición llegó hace un par de meses, y la autorización es anterior a las acciones del Parlament del 6 y 7 de septiembre [cuando la cámara catalana aprobó la ley de referéndum y de transitoriedad jurídica]. 

Desde que se conoció este auto ustedes han reivindicado los derechos de expresión y reunión. La admisión del recurso del PP, ¿supone vulnerar estos derechos? ¿Van a tomar alguna medida al respecto?

La única medida que vamos a tomar son las alegaciones al auto del juez. Entendemos que nuestra primera decisión era correcta, y que lo que tienen que hacer las instituciones es amparar todas las opiniones políticas, que son legítimas y que siguen siendo legales en este país, afortunadamente. El acto fue convocado en defensa del derecho a decidir, y esa es una opinión política legítima y legal.

¿Amenaza esto de alguna forma a la libertad de expresión y reunión?

Está impidiendo que se exprese en un espacio público una opinión que es legítima. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha suspendido todas las acciones encaminadas a preparar o a informar sobre el referéndum de autodeterminación, pero no ha suspendido ni ha prohibido, porque vivimos en un país democrático, las opiniones políticas. Por lo tanto, por decirlo claramente, se puede seguir siendo independentista en este país, se puede seguir defendiendo el derecho de autodeterminación, que es para lo que estaba convocado el acto.

¿Cómo explican entonces la decisión del juez? Este diario acaba de publicar un perfil del magistrado José Yuste Bastarreche. Tildó de "maldad" el proyecto de Ley de Memoria Histórica, criticó a Manuela Carmena por no tener un "aspecto presentable" -según Eldiario.es-... También dijo que el escudo español "auténticamente constitucional" es el del águila... ¿Es imparcial el magistrado? ¿Tiene al menos apariencia de serlo?

A diferencia de lo que ha hecho el Partido Popular durante muchos años en nuestro país, creo que el poder político-ejecutivo tiene que ser muy cauteloso y muy respetuoso del poder judicial. Y por lo tanto, espero que las opiniones políticas legítimas del magistrado no hayan influido en su decisión judicial.

Según el auto, la celebración "supone favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida". ¿Es correcta la afirmación ? Si en el redactado no se habla sobre el 1-O y se ha autorizado antes de que existiera la ley recurrida, ¿cómo se sostiene el auto?

En ese sentido haremos las alegaciones. Ese permiso fue concedido única y exclusivamente porque se ajusta en tiempo y forma a los requisitos para la cesión de un espacio municipal. Y, en este caso, como en todos los anteriores, independientemente de las ideas políticas que se vayan a expresar allí, nuestra tarea es garantizarlo. Ha sucedido con otros actos de otros partidos políticos, sindicatos y asociaciones que tampoco tienen que ver con nuestra opinión política como Gobierno, pero que siguen siendo opiniones políticas legítimas. Hace un par de meses el PP hizo un acto en Cibeles contra el referéndum o la deriva independentista en Catalunya. Por supuesto es una opinión que, aunque no es la nuestra, porque no somos del PP, tiene todo el derecho a defender.

¿Qué les han trasladado los asesores jurídicos del Ayuntamiento sobre sus posibilidades de cara a las alegaciones? El auto del juez dice que "no cabe recurso alguno" a su decisión. ¿Se entiende que finalmente no se podrá celebrar el acto?

El juez puede tener en cuenta nuestras alegaciones, en la medida en que hasta ahora no nos ha escuchado como parte implicada. No tiene por qué hacerlo, pero entendemos que es razonable que lo haga. Por eso vamos a explicar mejor las razones por las que ese permiso fue concedido. En cuanto a las posibilidades, como siempre somos optimistas.

¿Esperan que finalmente se pueda celebrar el evento?

Habrá que esperar a lo que diga el juez.

Si hubieran sabido lo que iba a ocurrir, ¿habrían aceptado la celebración de este evento? ¿Hubieran conculcado los derechos de la asociación 'Madrileños por el derecho a decidir' de haberles negado este espacio?

Siempre hemos actuado igual con todas las peticiones de distintas opiniones y sesgos políticos que hay en nuestra ciudad. No es tarea de un ayuntamiento, de una institución democrática, censurar qué opiniones políticas pueden expresarse en el espacio público y cuáles no. Se puede tener cualquier opinión en España. Son todas legales, y garantizar que se expresen en libertad es responsabilidad de las instituciones democráticas.