El Gobierno de La Rioja ha aprobado este jueves la primera ley de salud mental de todo el país. El PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos han sumado sus votos para dar luz verde a una norma que todavía se le resiste al Ejecutivo central. El Partido Popular ha sido el único que no ha apoyado el texto; sus 12 diputados han preferido la abstención. Henar Moreno, representante de Izquierda Unida del Grupo Mixto, ha sido la encargada de poner sobre la mesa esta propuesta en febrero del año pasado. 13 meses después, el precepto sale adelante y se convierte en el primero del ordenamiento jurídico nacional que regula en estos términos la salud mental.

Según señala Izquierda Unida, el objetivo de su proposición era dar respuesta a uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad, especialmente la población más joven. Esta ley de salud mental contempla la prevención, la asistencia, los cuidados y la rehabilitación de los usuarios, así como el acompañamiento de sus familiares y allegados.

Entre otras cuestiones, el texto autonómico fija unas ratios mínimas de profesionales que multiplican por cinco el número de psicólogos y psiquiatras contratados actualmente en el sistema público de salud. Concha Andreu, presidenta socialista de la comunidad, ha celebrado este avance publicando un mensaje en su perfil de Twitter: "Un paso más en el trabajo que venimos realizando desde el primer día, para cuidar a los riojanos y riojanas y a sus familias".

En España, se registran hasta 34 suicidios cada semana. Esta norma aborda la prevención del suicidio y establece que el Gobierno autonómico promoverá planes para sensibilizar a la población, luchar contra el estigma y prevenir las adicciones. Asimismo, la ley garantiza una atención médica continuada que correrá a cargo del servicio público de salud. Con su aprobación, el número de psicólogos y psiquiatras por cada 100.000 habitantes pasará a ser de 18, una cifra muy superior a la vigente, que no pasa de los siete profesionales.

Del mismo modo, el Ejecutivo se compromete a aportar los recursos presupuestarios necesarios para llevar a cabo todas las disposiciones. Izquierda Unida, que ha enunciado el precepto, insiste en la transversalidad del documento y sugiere un paquete de medidas sociales para garantizar el acceso de las personas más vulnerables y de la juventud a los programas de ayuda.