Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda están estudiando la posibilidad de ampliar la querella que interpusieron hace cuatro meses en el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I y otras siete personas por la supuesta comisión en conjunto de 13 delitos, a partir de la información aparecida en los medios sobre la relación del CNI y Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

"Consideramos que el CNI se convirtió bajo las órdenes del que a día de hoy sigue siendo su director en el apéndice de una organización criminal en la que presuntamente se integraban los querellados, cuya finalidad era el cobro de supuestas comisiones ilegales por realizar gestiones políticas y comerciales propias de altos cargos del Estado", ha señalado el abogado promotor de la querella, candidato de IU por Madrid al Congreso Enrique Santiago.

El también secretario general del PCE tacha de "inadmisible que desde los propios servicios de inteligencia del Estado se dedicaran medios materiales y humanos para dar protección privada a amistades de Juan Carlos de Borbón". Santiago entiende que lo publicado "pone de manifiesto que el CNI vino operando no para garantizar la seguridad del Estado, sino para ocultar ante los organismos de control económico, de investigación y de persecución penal españoles la posible comisión de conductas y acciones ilegales, muy posiblemente delictivas".

La querella, presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el pasado 5 de diciembre, afectaba también al director del CNI, Félix Sanz Roldán, al que se denunciaba por posibles delitos de encubrimiento, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, así como amenazas de muerte condicionales.

Por su parte, a Corinna zu Sayn-Wittgenstein se la vincula en la querella con los delitos tipificados de blanqueo de capitales, cohecho, usurpación de funciones públicas, encubrimiento, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y constitución de grupo criminal.