Ciudadanos ha planteado al Gobierno en funciones "mitigar" el impacto de una sentencia contraria a las entidades financieras por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la comercialización de hipotecas sujetas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

Los diputados Vicente Ten Oliver y María Muñoz Vidal sostienen que es "bastante probable" que la Justicia europea falle en el mismo sentido dictaminado por el Abogado General del TJUE, que cree que estas hipotecas deben someterse a la normativa sobre cláusulas abusivas y que, por tanto, deben ser examinadas por los jueces españoles.

Por ello, quieren saber qué piensa hacer el Ejecutivo. "¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para mitigar el más que previsible impacto de una sentencia del TJUE en este sentido, que obligaría a la banca a desembolsar cerca de 25.000 millones de euros", figura en una de las preguntas registradas en el Congreso. Eso sí, las iniciativas parlamentarias caducarán este martes con la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones.

En su dictamen, el Abogado General sostiene que un índice no es necesariamente transparente aunque sea oficial, en contra del criterio defendido por el Tribunal Supremo hasta ahora, y que en el caso específico del IRPH, su cálculo es complejo y poco accesible para un consumidor medio.

Ten Oliver y Muñoz Vidal señalan que, en caso de mantenerse este criterio en la sentencia del TJUE, "serán los jueces españoles los que deberán controlar si las entidades bancarias explicaron convenientemente a los clientes las consecuencias económicas de este índice hipotecario para que pudieran tomar una decisión con pleno conocimiento respecto al mismo".

En este sentido, preguntan si el Gobierno ha previsto las consecuencias que tendría una sentencia de este tipo y cómo afectaría el hecho que los tribunales españoles declarasen la nulidad de este índice por no ser suficientemente transparente. Según algunas publicaciones, apuntan, la banca se enfrentaría a un desembolso de más de 25.000 millones por la devolución de los intereses hipotecarios a alrededor de un millón de afectados.