El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para desarrollar un plan de respuesta al impacto de las consecuencias de la guerra de Ucrania no fue ni fácil, ni rápido, ni estuvo exento de complicaciones, se cerró en la mañana del lunes, minutos antes de la conferencia de Pedro Sánchez en la que explicó las medidas. Los consensos de última hora precedidos de largas reuniones que se extienden hasta altas horas de la noche son ya un elemento que define al Gobierno de coalición. Y este decreto, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, no es una excepción.

Las negociaciones entre los dos socios del Ejecutivo para desarrollar este plan arrancaron hace días, después de que el presidente, Pedro Sánchez, pidiera a los distintos ministerios propuestas para dotar de contenido a este decreto.

Sin embargo, no fue hasta este fin de semana cuando las conversaciones entraron en su fase final y decisiva, ya que muchas de las medidas planteadas dependían del resultado de Consejo Europeo que se celebró el jueves y el viernes (un cónclave donde España y Portugal lograron el estatus de 'isla energética' que les permite limitar el precio del gas).

Fue ese viernes cuando se encaró la recta final de un acuerdo que no fue nada fácil y que estuvo marcado en todo momento por la tensión. Las principales discrepancias entre ambos socios afectaban a diferentes materias, pero sobre todo estaban en vivienda y en materia laboral.

Unidas Podemos pedía congelar los alquileres para desligarlos de la espiral inflacionista y prohibir los despidos con la misma fórmula que se desplegó durante la pandemia del coronavirus para forzar a las empresas que pasen por una situación complicada a acudir al ERTE en vez de destruir empleo. Según apuntan fuentes conocedoras de la negociación, los socialistas no estaban por la labor, y esto provocó importantes tensiones durante el fin de semana.

El domingo se habría producido una conversación entre Sánchez y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que se habrían logrado desbloquear el camino para alcanzar un acuerdo. Finalmente, los despidos quedarían como en los peores meses de la pandemia y los alquileres solo podrían subir hasta el 2% (al desligarse del IPC y tener en cuenta para su incremento el índice de garantía de competitividad o IGC).

El PSOE hace ronda con los grupos 

El acuerdo entre ambas formaciones no estuvo completamente cerrado hasta el lunes por la mañana, apenas unos minutos antes de que el líder del Ejecutivo compareciese en el evento en el que anunció las principales medidas del mismo. En todo ese tiempo, las reuniones fueron constantes, a diferentes niveles y con todos los ministerios del Ejecutivo intercambiando documentos y revisando textos. Desde Moncloa consideran que "no ha habido fuertes discrepancias y las que ha habido las hemos podido solventar satisfactoriamente". 

Más allá del acuerdo con UP, fuentes gubernamentales confirman a Público que el Gobierno estuvo contactando con los y las portavoces parlamentarias del resto de grupos políticos en el Congreso durante el fin de semana y la mañana del lunes. Uno los integrantes del Ejecutivo más implicado ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En concreto, contactó telefónicamente con los portavoces parlamentarios de PP, ERC, C’s, PNV y Más País para explicar las líneas generales del decreto que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera también jugaron un papel fundamental. 

El Gobierno destaca que también ha hablado con el resto de grupos. "Las conversaciones han tenido buena acogida por los grupos y el tono ha sido constructivo", señalan. El resto de partidos, especialmente los aliados del Gobierno, no niegan ese tono y en general han recibido bien las propuestas, con matices. ERC o EH Bildu consideran que la estrategia no debe ser temporal sino "estructural". 

El foco que pone la parte socialista es convencer al PP de sumarse a este paquete de medidas. Lo explicitó el presidente durante su intervención. "¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos?". Y mucho más claro fue este lunes en Ferraz el portavoz de la dirección socialista, Felipe Sicilia. "Le pedimos que actúe con responsabilidad y sentido del Estado, que deje de usar los problemas derivados de esta crisis de Ucrania para usarlos en sus intereses partidistas", apuntó. 

La derecha reclama al Gobierno que baje los impuestos y alude a que se comprometió a ello durante la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma hace unas semanas. Los socialistas consideran que los populares hacen demagogia con este asunto. "Si el PP quiere bajada de impuestos, que diga cuáles, pero que explique cómo hacerlo", señalan.

Fuentes de la dirección del PSOE destacan cierta dualidad en el discurso del PP entre Cuca Gamarra y Alberto Nuñez Feijóo. "Con el PP depende del día y de quién hable", apunta. "¿A qué medida van a decir que no exactamente? Lo tendrán que explicar bien", añaden. Moncloa argumenta que ya ha realizado una importante bajada de impuestos y que esos mismos se extenderán hasta el 30 de junio gracias al plan de choque. 

De la bajada de impuestos al escudo social

En Unidas Podemos destacan dos cuestiones acerca del acuerdo que para el espacio confederal son fundamentales. La primera es que, aunque el plan no es el que habrían elaborado si "gobernasen en solitario" es, ante todo, un "plan social que despliega un escudo para proteger a los más vulnerables" y no las rebajas fiscales que hasta hace unos días proponía el PSOE.

De hecho, la bajada de impuestos formaba parte del acuerdo alcanzado en la mencionada Conferencia de Presidentes, por lo que el cambio de posición de Sánchez es, a juicio de UP, notable. A cambio, por el camino se han quedado medidas del espacio confederal como el cheque energético de 300 euros para 19 millones de familias, la detracción directa de los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas eléctricas o la modificación de los umbrales del ingreso mínimo vital para que esta ayuda tuviera una cobertura mayor mientras se prolongaran las consecuencias de la guerra de Ucrania.

La coalición de gobierno ha salido de una pieza de las negociaciones del plan para paliar el impacto de la guerra y del segundo escudo social en lo que va de legislatura. Pero todo apunta a que quedan varias batallas por librar próximamente. 

La primera tiene que ver con fijar un precio máximo para el gas, una cuestión que el Gobierno tiene que negociar con Portugal y que debe ser aceptado por la Unión Europea. Unidas Podemos propone un precio inicial de 30 euros para que el precio final del gas en el mercado mayorista ronde los 100 euros el megavatio/hora, la única manera, a su juicio, de que baje la factura de la luz a la vez que se detraen los beneficios extraordinarios de las eléctricas (generados, precisamente, por los altos precios del gas, que marcan los del resto de energías).

La parte socialista del Ejecutivo prefiere todavía no fijar ninguna cifra concreta a pesar de que una información publicada en El Periódico de Catalunya este fin de semana situaba su propuesta en 50 euros. "Belarra sabe que no hay nada decidido todavía", señalan fuentes consultadas a este respecto. 

La segunda batalla podría tener que ver con la prórroga de este plan. Las medidas contenidas en el decreto se desplegarán, en principio, hasta el mes de junio; pero la guerra entre Ucrania y Rusia no tiene, de momento, una fecha final y mucho menos sus consecuencias económicas. Durante los meses de pandemia, el PSOE y Unidas Podemos libraron importantes batallas por prorrogar las medidas del escudo social desplegado y, en algunos casos, por modificarlas para adaptarlas a las necesidades de cada momento. La situación podría repetirse.