Este viernes a las 22 horas se han puesto en marcha restricciones afectan a diez municipios madrileños donde residen un total de 4.786.948 ciudadanos: Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas. En principio, estas medidas tendrán que estar en vigor durante dos semanas. El tiempo medio para ver si una medida tiene el efecto deseado durante la pandemia ha estado entre los 10 y 14 días desde que comenzó la emergencia sanitaria.

No se trata de un confinamiento al uso, como el que se vivió durante los meses de marzo y abril, sino de restricciones a la movilidad. Las personas que vivan en las zonas afectadas podrán salir de sus casas pero no podrán moverse del municipio en el que se encuentren salvo para actividades "adecuadamente justificadas", explicadas aquí. Sanidad también limita a seis personas todas las reuniones en estas diez ciudades tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo si son convivientes.

La hostelería no cierra, tampoco las casas de juegos y apuestas, ahora bien el aforo permitido no podrá superar el 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido. No se admitirán nuevos clientes a partir de las 22 y la hora de cierre no podrá superar las 23 horas, "a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio". Sin embargo, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no se pronuncie al respecto no se va a poder sancionar a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones.

Estas restricciones se llevan a cabo sin la aprobación del gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, que dará la batalla al Ejecutivo central en los tribunales. Este viernes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y el titular de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, han anunciado que su gobierno ya ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la orden del ministerio de Sanidad. Lo hacen sin el visto bueno de Ciudadanos, socio de gobierno del PP en la región, favorable a las restricciones.

El titular de Sanidad del Gobierno central, Salvador Illa, lleva semanas alertando de los preocupantes datos de la Comunidad de Madrid en número de contagios, que les sitúan a la cabeza de Europa. Illa propuso en una reunión con la Comunidad de Madrid celebrada este martes un criterio homologado para aplicar restricciones a las ciudades de más de 100.000 habitantes. Según dicho criterio debían reunir tres condiciones: una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad en las PCR superior al 10% y ocupación de las UCI superior al 35%.

El encuentro se saldó con "un principio de acuerdo", tal y como lo describió el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado, para poder aplicar dichas medidas anticovid cuanto antes. Desde el gobierno regional se vendió la reunión como un éxito, puesto que las medidas estaban basadas en un criterio común para toda España, tal y como ellos pedían. Sin embargo, este principio de acuerdo saltó por los aires unas horas después. Ayuso pidió nuevos barememos tras comprobar que Madrid era la única autonomía que cumplía los tres requisitos.

Ayuso defiende las restricciones en el sur pero no lo acepta en la capital

El Gobierno de Ayuso rechazó las propuestas del Ministerio de Sanidad al entender que algunas de las medidas impulsabas afectaban a "derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como la libertad de movimientos". "Hablamos de restringir derechos fundamentales de millones de personas. Hagámoslo bien", escribió la presidenta a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el gobierno regional ya había aplicado tales restricciones a la movilidad en 45 zonas básicas de salud, mayoritariamente situadas al sur de la región, lo que provocó sonadas protestas el pasado fin de semana contra la presidenta madrileña, a la que acusaron de estar "segregando" a la población.

Desde el gobierno regional demandaban tener en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, "y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad" . "Tendría todo el sentido hacer una separación por las 21 zonas para perimetrar y diferenciar las que tienen alta transmisibilidad del virus de las que no tienen y se podría restringir la movilidad entre ellas. Ahora los ciudadanos se pueden mover por todo Madrid capital con una población de 3,2 millones", ha señalado este viernes el titular de sanidad madrileño

A juicio del consejero de Justicia las medidas de Sanidad "son peores y más ineficaces de las que estaban en vigor". "Provocan y pueden provocar caos en consecuencia de la forma en la que están redactadas", ha dicho. Sin embargo, la resolución impulsada por Illa es una orden de mínimos que las comunidades autónomas afectadas pueden ampliar si así lo consideran.

Los datos contradicen el triunfalismo de la Comunidad

Ruiz Escudero ha señalado que la situación en la región "estable", pese a que se sitúa a la cabeza en Europa en número de contagios. "Vamos detectando un descenso en el número de ingresos y que hay menor presión hospitalaria. También en los casos que se van atendiendo en Atención Primaria", ha dicho. Sin embargo, hay serias dudas sobre la realidad que representan estos datos, como ya ha explicado Público.

Los expertos llevan pidiendo restricciones de movilidad desde hace más de un mes por lo que no hay afirmaciones rotundas que digan que en dos semanas podrán comenzar a relajarse las medidas. Los datos en la Comunidad de Madrid son muy preocupantes: una incidencia de 695 casos por cada 100.000 habitantes, una positividad del 21,3% y una ocupación de las UCI del 42%, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

De hecho, aunque se baje a los umbrales marcados por el Gobierno, hasta Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, reconoció el jueves que lo ideal es situarse en una incidencia que esté por debajo de los 100 casos. Lo ideal de la positividad es que esté por debajo del 5%. Los umbrales fijados son excesivamente altos y los expertos piden que se tengan en cuenta los reconocidos internacionalmente para analizar el riesgo.