El secretario de Justicia del Partido Popular y consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López, apoyó activamente la elaboración del decreto del Gobierno contra el colapso judicial a causa de la pandemia de la Covid-19 para los próximos tres meses, según confirman fuentes de Justicia.

Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este lunes que se quiera modificar una ley orgánica por medio de un real decreto, al tiempo que se ha quejado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le haya planteado ninguna propuesta.

Todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, secundaron la elaboración del Decreto-Ley que ahora Casado dice que no secundará, reconocen en fuentes de Justicia.

Las reuniones virtuales para abordar el contenido del Decreto-Ley fueron convocadas por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con los consejeros de Justicia de las autonomías, entre ellos los de Andalucía, Madrid y Galicia, que están gobernadas por los populares.

El responsable de Justicia del PP, Enrique López, es consejero de de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid y ha tenido una participación activa en la concreción de las medidas a adoptar durante el estado de alarma y hasta tres meses después.

Es más, partió del propio López la propuesta de declarar hábil buena parte de agosto, que fue apoyada por el resto de gobiernos de comunidades autónomas. Finalmente, el borrador de decreto-ley declará hábil el periodo que abarca entre el 11 y el 31 de agosto, sin incuir sábados y festivos. 

El consejero popular -que es magistrado en excedencia- ha participado activamente y de manera leal en la redacción de este Decreto-Ley que el Gobierno planea aprobar este martes, según fuentes jurídicas.

Las medidas de este Decreto-Ley fueron explicadas a los principales partidos políticos, según las mismas fuentes.

El Gobierno tiene previsto aprobar un Decreto-Ley en el Consejo de Ministros de este martes con medidas de choque centradas en el ámbito de familia, laboral y mercantil ante el previsible colapso de los juzgados y tribunales. El objetivo es paliar el impacto de la pandemia con medidas de urgencia para los pleitos previstos de ciudadanos y empresas y hasta tres meses después del fin del estado de alarma..

Posteriormente, se elaborará un anteproyecto de Ley sobre medidas estructurales en el ámbito de la Administración de Justicia que seguirá la tramitación parlamentaria habitual y no por la vía de urgencia. Esto es, consulta prelegislativa con el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, así como tramitación en el Congreso y en el Senado en forma de proyecto de ley.