A la espera de comprobar cómo evoluciona el caso, la operación que ha llevado a cabo este lunes la Guardia Civil en varios municipios de Barcelona contra activistas de los CDR, tiene un precedente claro que se remonta a abril del año pasado. En concreto, el día 10 de ese mes una decena de agentes de la Guardia Civil irrumpieron armados en el domicilio de Tamara Carrasco, activista del CDR de Viladecans (Barcelona).

El mismo día, agentes del cuerpo fueron a Esplugues de Llobregat (Barcelona) con la pretensión de detener a Adrià Carrasco, activista del CDR de la localidad, pero tuvo tiempo de escaparse y reaparecer, meses más tarde, exiliado en Bélgica. En ambos casos, el tribunal los investigaba por "rebelión" y "terrorismo", una acusación que caería meses después, ante la evidente falta de pruebas. El operativo llegó en plena ola de criminalización de los CDR.

Ahora bien, que se les dejara de investigar no supuso que se resolviera inmediatamente su situación. A Tamara Carrasco la trasladaron a la Audiencia Nacional, donde la tuvieron 48 horas cerrada e incomunicada. Posteriormente salió en libertad con cargos, pero se le impuso una medida inédita, que fue el confinamiento en su ciudad, Viladecans. Durante más de un año sólo pudo salir de su ciudad para comparecer semanalmente en el juzgado de Gavà. Por todo ello, en una entrevista en Públic se definía como una “presa política”, porque su libertad de movimientos estaba muy limitada.

En noviembre del año fue cuando se supo que la Audiencia Nacional ya no les investigaba por terrorismo, rebelión y sedición y la causa se trasladó a Catalunya, reducida a una investigación por posibles desórdenes públicos. Sin embargo, el confinamiento de Tamara Carrasco no se levantó hasta finales de mayo de este año. En el caso de Adrià Carrasco, en una entrevista con este diario confesaba que no contemplaba poder volver a España en un plazo breve y, de hecho, todavía no lo ha hecho.