Las actuaciones antirreglamentarias de las Fuerzas de Seguridad del Estado superan, nuevamente, las fronteras españolas. Tras varias denuncias sobre casos de policías que actúan sin estar debidamente identificados ante los ojos de la ciudadanía –tal como obliga la ley–, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha incluido una petición clara y concreta a España: el organismo solicita que el Gobierno informe sobre las medidas adoptadas para impedir esas irregularidades.

Se trata de un asunto polémico. Hace algunas semanas, el Ejecutivo reconoció que al menos en los últimos cinco años no se había sancionado a ningún policía en España por no llevar su número de identificación a la vista, algo que está reglamentado en la Instrucción 13/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En esa orden se indica claramente que "los componentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se identificarán como tales con su Carnet o Tarjeta de Identidad profesionales y, en su caso, con la placa insignia en los que figurará su número identificativo personal que será único y cuya individualización será inequívoca y garantizada por los respectivos Cuerpos, siendo su uso obligatorio en todas aquellas actuaciones profesionales que lleven a efecto".

El Defensor del Pueblo ha tramitado en 2018 y 2019 una veintena de quejas debido a incumplimientos por parte de la Policía Nacional en torno a este asunto. Ahora se suma también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su lista de cuestiones previas a la presentación del séptimo informe periódico sobre España hace alusión a este asunto.

En la página 4 de ese documento –fechado el 3 de diciembre de 2019–, el Consejo insta a España a "proporcionar información sobre las medidas adoptadas para facilitar la adecuada identificación de los agentes de las fuerzas del orden y de seguridad cuando estén en funciones".

En septiembre pasado, la organización Rights International Spain (RIS) había presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que advertía precisamente sobre este tema. En ese documento, RIS incidía precisamente en la "obligación de que a los agentes policiales se les pueda identificar de forma clara y visible cuando realizan su trabajo", lo cual "es una garantía fundamental para prevenir la tortura, el maltrato y una cultura de impunidad".

En esa línea, RIS recordaba que "el Defensor del Pueblo ha insistido de forma constante en la necesidad de aumentar el tamaño del número y de la placa de identificación que portan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando llevan a cabo sus funciones, así como que el número de placa se coloque en distintas partes del uniforme para que se pueda ver mejor".

El rechazo de Interior

Asimismo, el organismo de derechos humanos apuntaba también que el Defensor del Pueblo había recomendado a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior que "llevara a cabo las pruebas necesarias para determinar de manera objetiva el tamaño mínimo y las características de los identificadores de los agentes de forma que fueran fácilmente legibles por los ciudadanos".

En efecto, aquella recomendación planteaba "extender el uso de identificadores de alta visibilidad a todas las acciones de las unidades de intervención de la policía, incluso cuando no hicieran uso de chalecos antitrauma". Sin embargo, RIS subrayaba que dicha solicitud "consta como rechazada por la Secretaría de Estado y siguen produciéndose casos en los que los agentes no hacen uso de un número de identificación visible".