El pleno del Senado ha rechazado este jueves a los cuatro candidatos propuestos por PSOE, Unidos Podemos y PNV para formar parte del Consejo de Administración de RTVE al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ser designados en segunda vuelta, por lo que ahora tendrá que ser el Congreso quien los designe.

La lista de cuatro candidatos pactada por PSOE, Podemos y PNV en el Senado ha obtenido 92 votos, 42 por debajo de los 134 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Esta lista, que había sido avalada también por ERC y el Grupo Nacionalista -dentro del cual está el PDeCAT-, esta compuesta por: Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa.

Estos cuatro candidatos, junto con tres del PP, todos ellos considerados idóneos en la Comisión de Nombramientos del Senado, no consiguieron el pasado martes 3 de julio ser designados al no alcanzar ninguno de ellos la mayoría de dos tercios necesaria en primera vuelta.

Para resultar elegidos en segunda vuelta se requería mayoría absoluta -que en la Cámara Alta tiene el PP- que el candidato estuviera avalado al menos por cuatro grupos parlamentarios. Sin embargo, ninguna de las listas cumplía con ambas condiciones, pues la del PSOE, Podemos y PNV no podía obtener la mitad más uno de los votos, mientras que la del PP no contaba con el aval de otros tres grupos.

El Congreso tendrá que hacer los nombramientos

Al no haber culminado el Senado con el nombramiento de sus cuatro consejeros, la tarea recae ahora en el Congreso, que tendrá un plazo adicional de diez días para completarla a partir del 8 de julio, que era cuando finalizaba el plazo de 15 días fijado en el decreto para que las Cámaras designaran al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente.

Así, la Cámara Baja tendrá hasta el próximo 18 de julio para celebrar hasta cuatro plenos más extraordinarios: dos para la elección de esos cuatro consejeros y otros dos para el presidente.

El decreto aprobado por el Gobierno, que también fue avalado este miércoles por el Congreso, establece que de no conseguir el Senado designar a los cuatro consejeros que le corresponde, el Congreso se ocupará de su nombramiento.