El PSOE y Unidas Podemos han registrado este miércoles una proposición de ley en el Congreso que busca acelerar una de las medidas contenidas en la reforma del Poder Judicial registrada en octubre. En concreto, ambas formaciones buscan que el Pleno de la Cámara Baja debata antes de final de año una propuesta para limitar las atribuciones y competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato esté caducado y se encuentre en funciones.

En octubre, los portavoces de ambos grupos, Adriana Lastra (PSOE) y Pablo Echenique (UP) registraron una proposición de ley para tratar de sortear el bloqueo de la renovación del CGPJ, con el mandato caducado desde hace dos años y con la negativa del PP a lograr un acuerdo para designar a nuevos miembros del órgano (los de Pablo Casado exigen que se excluya a Unidas Podemos de las negociaciones).

La iniciativa proponía, a grandes rasgos, reformas en dos elementos centrales de la Ley del Poder Judicial: la fórmula de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces y las atribuciones del CGPJ cuando se encuentre en funciones y pendiente de renovación.

PSOE y Unidas Podemos proponen rebajar la mayoría para renovar el Poder Judicial cuando se produzca un bloqueo como el actual. En concreto, se establece mantener la mayoría de tres quintos en una primera votación y, si transcurrido un plazo no se hubiera alcanzado, rebajarla a una mayoría absoluta (a partir de 176 diputados).

Tras el registro de esta proposición y después de que el PP protagonizase un discurso de ruptura con Vox en la moción de censura de los de Santiago Abascal (aunque esa ruptura no se materializara en ninguno de los gobiernos autonómicos en los que los conservadores se sostienen gracias a la formación de ultraderecha), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que paralizaba la reforma registrada de la mano de Unidas Podemos para dar una nueva oportunidad a las negociaciones con los conservadores.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dirigió desde ese momento unas negociaciones discretas con el PP para pactar la renovación del CGPJ. Este martes, Campo anunció que se había alcanzado un acuerdo, y que lo único que faltaba era "hacerlo público". Sin embargo, los portavoces de Justicia y del Congreso de los conservadores desmintieron al ministro y protagonizaron un nuevo portazo al pacto para desbloquear la renovación del Poder Judicial.

La reforma para elegir a los jueces seguirá en la nevera

El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, apremió a los socialistas a desbloquear la reforma registrada y a no seguir esperando a un PP que sigue exigiendo excluir a los de Iglesias de las negociaciones. Este miércoles, ambas formaciones han decidido que la reforma retome su camino, pero solo la parte que delimita las atribuciones del CGPJ cuando el órgano tiene su mandato caducado; por lo que la modificación de la fórmula de elección de los jueces se mantendrá, de momento, en la nevera.

Para ello, los de Lastra y los de Echenique han registrado una nueva proposición de ley que extrae de la iniciativa registrada en octubre el contenido referido a la limitación de las competencias del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones. El texto incluye la introducción de varios artículos en la Ley del Poder Judicial que, sobre todo, busca que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave ni designar a una cúpula judicial cuando su mandato haya caducado.

A pesar de estar en funciones, el actual órgano de gobierno de los jueces, presidido por el conservador Carlos Lesmes, acumula un historial de nombramientos recientes que puede hipotecar a las mayorías del Poder Judicial durante años. 

La norma registrada, a la que ha tenido acceso Público establece que "facultades como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones".

"Estas lógicas limitaciones, derivadas del carácter excepcional de la no renovación en plazo, también deben establecerse en relación con el nombramiento de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la lnspección de Tribunales", prosigue la iniciativa.

La norma registrada precisa que el CGPJ en funciones mantendrá "aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante y que son expresamente recogidas en el régimen jurídico del que la presente norma dota al Consejo en funciones. Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento".

En Unidas Podemos valoran la presentación de esta iniciativa como "un paso muy importante". "En los últimos dos años hemos visto cómo una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. El Congreso de los Diputados y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección", concluyen.