Ya hay un nuevo plazo marcado por el Gobierno (el enésimo) para aprobar la ley estatal de vivienda, aunque se dan una serie de circunstancias que apuntan a que en esta ocasión el Ejecutivo sí que podría obligarse a cumplirlo. Tras más de cuatro meses de retraso desde el compromiso inicial, el del acuerdo de Presupuestos de 2021, que fijaba la aprobación de la norma antes de que finalizara el mes de enero, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, avanzó este martes que el nuevo objetivo era tener lista esta normativa "antes del verano".

En este sentido, el plazo concreto finalizaría en el mes de agosto, cuando la actividad política cae a mínimos y los principales dirigentes disfrutan de sus vacaciones antes de reanudar el curso político en septiembre. No es la primera vez que el Ejecutivo, a través de Montero o a través del Ministerio de Transportes, pone sobre la mesa un plazo límite para tener una ley de vivienda, pero esta vez el contexto es distinto por varios motivos.f

El primero tiene que ver con el recurso ante Tribunal Constitucional de la ley de vivienda catalana, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Aunque el objetivo inicial era el de tumbar de forma inmediata todos los artículos que invadían competencias estatales (entre los que se encuentra la regulación de los alquileres, principal escollo en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para rubricar su normativa en esta materia), finalmente el Gobierno ha remitido este recurso sin pedir la suspensión cautelar de los puntos considerados inconstitucionales, por lo que la norma autonómica seguirá teniendo vigencia en su totalidad hasta que el TC resuelva.

En este sentido, Montero admitió que aunque entienden que se vulneran competencias estatales, "no se solicita suspensión cautelar porque en paralelo se va a tramitar la ley de vivienda estatal, que incorpora muchos de los elementos que ahora se recurren en el Constitucional"; "espero que haya acuerdo antes del verano y es por eso que no hemos pedido suspensión cautelar", añadió.

El anuncio por parte del Ejecutivo de este recurso encendió las alarmas tanto de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, como de los partidos del bloque de investidura (en especial de ERC, que negoció con el PSOE para que no solicitara la suspensión cautelar de los puntos considerados inconstitucionales para que la ley no dejara de tener efectos). Finalmente, la tormenta amainó con la decisión de no pedir las cautelares; pero si el Constitucional tramita el recurso antes de la aprobación de una normativa estatal que ampare las medidas de la ley autonómica, los puntos recurridos decaerán, y los socialistas se podrían ver  envueltos en una batalla contra sus socios.

Pero este no es el único elemento de presión que podría acelerar la aprobación de una ley de vivienda estatal. Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos anticipan que, más allá de un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales que alumbre un proyecto de ley en esta materia, después la norma tiene que llevarse al Parlamento en una tramitación que ambos avanzan que será complicada.

Una tramitación larga para una norma compleja

La norma afectará a varias legislaciones y materias, como la tributaria en el caso del denominado impuesto a la vivienda vacía, o a departamentos como Justicia, en el caso de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Una ley compleja en un Parlamento en el que se espera un rechazo frontal de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) podría dilatar los plazos legislativos y alargar la tramitación más allá de los seis meses. Esto hace que, si el PSOE y Unidas Podemos no llegan a un acuerdo más pronto que tarde, la ley de vivienda podría no llegar hasta el próximo año.

Las negociaciones entre ambas partes se han desarrollado durante todo el año, y Transportes y Derechos Sociales han logrado importantes avances en materias como la prohibición de los desahucios o la movilización de la vivienda vacía, puntos que están listos para cerrarse. Sin embargo, la regulación de los precios del alquiler sigue siendo el principal escollo, ya que impide que se cierren el resto de puntos y lastra toda la negociación.

En Unidas Podemos insisten en que Transportes sigue rechazando limitar las subidas abusivas, y recuerdan que esto supondría un incumplimiento del acuerdo de coalición: "La pelota está en su tejado; por nosotros, la ley estaría ya aprobada", afirman.

Sin embargo, el departamento dirigido por José Luis Ábalos, que desde el principio ha defendido los incentivos fiscales a los propietarios como herramienta para bajar los precios de los alquileres, tiene ya lista una última propuesta que va más allá de esta medida y que se podría acercar a lo que reclaman desde el Ministerio dirigido por Ione Belarra.

Según fuentes del Ministerio, aunque la propuesta sigue estando centrada en los incentivos, se han puesto sobre la mesa algunas medidas para regular precios. Una de ellas sería que en las zonas tensionadas no se pueda subir el precio del alquiler a los inquilinos que les cumpla el contrato y, además, tampoco se podrá subir el precio establecido si se contrata con un inquilino nuevo. Esto se mantendría en vigor el tiempo en que la zona se declare como tensionada.

El equipo de Ábalos está a la espera de la contestación de Unidas Podemos a estas últimas propuestas para cerrar el acuerdo, pero la negociación lleva días congelada, aunque se espera que se retome de forma inmediata.

Las fuentes consultadas no quieren hablar de más plazos para que la ley llegue al Consejo de Ministros, pero consideran que el texto final está bastante cerrado y consensuado, y no descartan que sea posible aprobarlo antes de agosto.