El Gobierno ha aprobado que los registradores mercantiles asuman en el futuro la gestión de los Registros Civiles, en sustitución de los jueces, y se encarguen de desarrollar una plataforma electrónica para procesar los datos que serán de titularidad pública.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, el coste de este sistema informático correrá a cargo de los registradores mercantiles y los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano. Hasta que la plataforma esté a pleno rendimiento, los jueces seguirán al frente.

Tanto jueces como secretarios judiciales y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasarán a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional para reforzar la Administración de Justicia. El Ministerio de Justicia ha informado de que se comprometerá a mantener el empleo de los funcionarios e interinos adscritos al territorio que es de su competencia.

El real decreto-ley por el que se reforma la ley de 2011 sobre registros civiles, en la que ya se dio luz verde a su desjudicialización, establece que en julio de 2015 entrará en funcionamiento una nueva plataforma digital para la tramitación de los certificados y expedientes.

Según Justicia, este plazo de un año es el que los registradores mercantiles estiman necesario para tener en funcionamiento esta plataforma electrónica de la que ellos mismos se harán cargo.

El Ministerio de Justicia ha considerado fundamental dar este paso hacia adelante en la informatización de los datos para solucionar los problemas que considera que hoy tiene el Registro Civil y garantizar así un servicio público efectivo.

Justicia ha explicado que la creación de esta plataforma digital será financiada íntegramente por una nueva corporación de derecho público formada por todos los registradores que están al frente de las oficinas mercantiles que se harán cargo del Registro Civil.

De esta forma, la plataforma no supondrá ningún gasto para las arcas públicas y tampoco para los ciudadanos, puesto que el real decreto señala expresamente que 'continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo', lo que la ley de 2011 no garantizaba, según el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.

Aunque la gestión de los trámites pasará a engrosar las funciones de estos funcionarios públicos en las futuras Oficinas del Registro Civil y Mercantil, la titularidad de los datos del Registro Civil seguirá siendo estatal. Para ello, Justicia diseñará la organización íntegra del registro y sus normas de funcionamiento.

El contenido de la estructura y el funcionamiento del futuro Registro Civil se desarrollarán en otra norma complementaria que se presentará en los próximos días.

En ella se especificará 'el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado actualmente en el Registro Civil'.