En el año 2013, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Congreso para sacar adelante una reforma de las pensiones en solitario. Entre las medidas aprobadas por los conservadores estaba la de la introducción de un índice de revalorización de las pensiones que desligó su subida del coste de la vida para vincularla a la situación financiera del sistema, de manera que mientras las Seguridad Social fuera deficitaria solo se garantizaba un subida mínima del 0,25 % de las pagas.

Siete años después, y tras varios intentos infructuosos, la Cámara Baja está a punto de cerrar un acuerdo para revisar y corregir las medidas introducidas por el Ejecutivo de Rajoy. Este viernes, la Mesa y portavoces de la Comisión para el Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo sobre las recomendaciones que constituirán el eje de la reforma del sistema de pensiones.

Hace dos legislaturas, a principios de 2019, el Pacto estuvo a punto de consensuar una reforma, pero el adelanto electoral del 28 de abril de ese año rompió el acuerdo existente en la comisión. Tras la inauguración de la XIV Legislatura, en diciembre de ese mismo año, los grupos de la comisión acordaron reanudar sus trabajos en base a los acuerdos alcanzados en enero, por lo que Gobierno y Congreso se fijaron el objetivo de cerrar una reforma antes de que acabara el 2020.

Aunque los trabajos avanzaron a buen ritmo hasta febrero, la irrupción de la pandemia del coronavirus paralizó la actividad del Pacto, que hasta junio no retomó los trabajos. Tras concluir que el texto sobre el que estaban trabajando seguía siendo válido, incluso después de las consecuencias de la emergencia sanitaria de la covid-19, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apremió a la comisión a alcanzar un acuerdo antes de la presentación de los Presupuestos Generales de 2021.

Escrivá trasladó al Pacto su intención de sustraer casi 23.000 millones del déficit de la Seguridad Social del denominado gasto no contributivo e impropio, una medida que apuntaría al cierre del déficit del sistema encargado de abonar las pensiones. La operación formaría parte de una reforma más amplia diseñada para que las pensiones contributivas se financien mediante las cotizaciones de los trabajadores y las no contributivas, a través de impuestos.

El ministro quería que el Pacto recogiera esta reforma, en concreto en la recomendación que trata las "fuentes de financiación" de la Seguridad Social; "como los Presupuestos están ahí, el ministro quiere un poco de intensidad en el trabajo de la comisión y que sus conclusiones puedan acompañar y vestir esa partida presupuestaria (la de los casi 22.000 millones que cerrarían el déficit de la Seguridad Social), y también para dar certidumbre", aseguraron fuentes de la comisión.

La moción de censura rebaja la preocupación

Tras varios meses de trabajo, los grupos han previsto una reunión para este viernes de la Mesa y los portavoces en la que esperan cerrar un preacuerdo, con la intención de celebrar una votación formal la próxima semana, mediante la aprobación del dictamen. 

Pese a que el acuerdo está prácticamente cerrado, fuentes del Pacto manifestaron la pasada semana su preocupación porque el clima político de crispación y la estrategia de "tierra quemada que parece que lleva el PP" pudiera dar al traste con los trabajos de la comisión. Según estas mismas fuentes, estaba previsto que el acuerdo se pudiera cerrar la pasada semana, pero los portavoces conservadores en la comisión pidieron tiempo para consultar con la dirección del partido los consensos alcanzados en el seno del Pacto.

Tras la moción de censura celebrada el miércoles y el jueves, la derrota de Abascal y el alejamiento discursivo de Pablo Casado con Vox, el acuerdo podría estar más cerca. Entre los acuerdos que parecen cerrados está el de que el índice de revalorización de las pensiones tiene que ser el coste de la vida. Aunque hubo bastantes desacuerdos en esta cuestión cuando se puso sobre la mesa, ninguno de los grupos pone en duda la revalorización de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC).

También se trabajarán los consensos en cuanto a la edad efectiva de jubilación. Escrivá aseguró que uno de sus objetivos es el de cerrar la brecha entre la edad efectiva y la edad legal de jubilación. Para ello, anunció que el Gobierno quiere desincentivar la jubilación anticipada a la vez que se incentiva la prórroga de la vida laboral. "Hay que ofrecer esquemas bien diseñados que generen incentivos. Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en la brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro", explicó el ministro.

El cálculo de la jubilación, las fuentes de financiación del sistema o el papel de las pensiones privadas y los sistemas complementarios al público son otros de los asuntos que el Pacto de Toledo deberá abordar este viernes y en los próximos días.