La reforma laboral topa en Catalunya con la oposición del independentismo político y sindical y de los empresarios

La ratificación en el Congreso de los Diputados del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en que se plasma la nueva legislación laboral acordada entre el Gobierno español, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE no va a ser fácil. El posible rechazo en bloque de la derecha, con el PP al frente, deja en manos de las fuerzas de la investidura la necesaria convalidación parlamentaria del decreto. Pero Pedro Sánchez, y en este caso Yolanda Díaz, no pueden contar ahora mismo con esa mayoría, dada la oposición actual de una fuerza aritméticamente transcendental como es Esquerra Republicana. Ya lo dijo su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, "se han dedicado cero horas a hablar con Esquerra -sobre la nueva reforma laboral- y eso es siempre un mal negocio".

Ahora bien, la nueva legislación laboral topa en Catalunya con algo más que el rechazo de una fuerza política decisiva como son los republicanos. Se oponen a ella, tal como está formulada, el independentismo en pleno, tanto político como sindical, por considerar el acuerdo insuficiente en materia de derechos laborales y por la nula inclusión de competencias que pueda ejercer la Generalitat y que dé forma a un marco catalán de negociación colectiva.

Al rechazo de Esquerra se suma el del resto de partidos independentistas como Junts, la CUP o el PDeCAT. Y también la oposición frontal del principal sindicato independentista, la Intersindical. También se incorporan a este frente otros sindicatos minoritarios de tendencia ácrata como la CGT o la CNT. A todo ello, y aunque por motivos diferentes, también buena parte de la patronal catalana, tanto Foment como Cecot, se ha desmarcado de la CEOE oponiéndose a los cambios laborales que incluye el acuerdo.

Cierto es que la nueva reforma cuenta con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO que -a diferencia Euskadi- son mayoritarios en Catalunya y con las fuerzas homólogas del PSOE y UP, es decir, el PSC y En Comú Podem. Pero el frente que rechaza el acuerdo laboral es amplio en Catalunya y dificultará el cambio de posición de los partidos catalanes que tienen los votos decisivos.

ERC parte del no, pero fija condiciones para negociar

Más allá de las advertencias al Gobierno en sede parlamentaria de Rufián, la posición de Esquerra está fijada y ha sido el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, quién ha querido visualizarla. "ERC está dispuesta a negociar", aseguran fuentes del partido, pero no votará la nueva legislación laboral "tal como está redactada" en el acuerdo de Madrid.

Aragonès ya ha avanzado alguna cosa de la plataforma negociadora y una de las reclamaciones principales que Esquerra pondrá encima de la mesa de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para dar su voto favorable es que se restituya a la Generalitat la "capacidad para autorizar o no autorizar" los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Para los republicanos, esta demanda combina dos exigencias fundamentales, aseguran fuentes de la dirección, la social, porque "la evaluación y autorización previa de un ERE es una garantía para los trabajadores de que no se harán despidos colectivos injustificados" y la nacional, porque "el Departament de Empresa i Treball –que dirige actualmente el republicano Roger Torrent- es quien debe tener esta competencia". En declaraciones a Efe, Aragonès ha recordado que "anteriormente la Generalitat había tenido esta capacidad", pero hace unos años "fue derogada por el PP y no ha sido recuperada".

La conexión ugetista de Esquerra

La posición dentro de Esquerra no es monolítica, ya que no se puede olvidar que algunos dirigentes importantes de los republicanos forman parte de la UGT. Por poner solo dos ejemplos, el exconseller de Treball Chakir el Homrani o la propia exconsellera y expresa Dolors Bassa han ocupado cargos territoriales de importancia en el sindicato. El propio secretario general de la UGT en Catalunya en la actualidad, Camil Ros, es una persona considerada próxima a los republicanos, y no falta algún exalto cargo de ERC en el gabinete del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez.

Algunas voces de este sector alertan en privado de las consecuencias para ERC de tumbar el actual acuerdo firmado por unos sindicatos que son mayoritarios en Catalunya y que supondría mantener la reforma laboral del PP. Pero la mayoría de la Ejecutiva está en estos momentos en el "no bastante claro" expresado por Rufián.

"Hay mucho margen de mejora", aseguran y sobre la presión consideran que "no vamos a caer en una trampa tan simplista como hacernos escoger entre reforma laboral del PP o el insuficiente acuerdo actual que no supone la derogación real de la anterior como se prometió". Finalmente, el hecho que los socios vascos y gallegos de ERC en el Congreso –BNG y EH Bildu-, junto al PNV, también se hayan opuesto al decreto como consecuencia de la presión de sus sindicatos afines decanta definitivamente la balanza en Esquerra hacia el voto negativo si no hay una modificación sustancial del texto.

Junts a la contra y el PDeCAT pide negociar

En cuanto al resto de partidos independentistas, aunque menos decisivos y más predecibles, la posición también es de rechazo. Junts se muestra contrario a un acuerdo que considera va en contra de la capacidad competencial de la Generalitat, a pesar que en su día Convergència votó a favor de la reforma laboral del PP que eliminaba esta potestad.

Además de mantener su posición de bloqueo a las iniciativas del Gobierno español si este no accede a iniciar un proceso "real" –aseguran- de resolución del conflicto político y la represión contra el independentismo. Junts ya ha planteado a ERC y a la CUP hacer un frente común en el Congreso para negociar este tema. Los del expresident Carles Puigdemont tienen en este momento cuatro diputados después de la partición del grupo parlamentario original con el PDeCAT. Estos últimos disponen de otros cuatro diputados que según la aritmética podrían acabar siendo importantes.

Pero aunque es una fuerza más propicia a la negociación y a los acuerdos con el Gobierno español, en este caso no será fácil conseguir sus votos, ya que el PDeCAT es un partido que en herencia de la antigua Convergència está muy conectado al tejido empresarial de Catalunya, especialmente de la pequeña y mediana empresa, y el conjunto de las patronales catalanas se han mostrado contrarias al acuerdo establecido. Con todo, el portavoz del PDeCAT en el Congreso Ferran Bel se abre a la negociación, pero supedita su apoyo a la aplicación de los convenios autonómicos con prevalencia sobre el estatal. "Nos parece razonable", asegura y también pide tratar algunos aspectos sobre la "temporalidad laboral".

La CUP arremete: “Totalmente insuficiente”

Por su parte, la CUP completa el rechazo frontal del conjunto del independentismo catalán, ya que considera "totalmente insuficiente" el acuerdo de reforma laboral del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. El partido anticapitalista señala que el texto está lleno de carencias y considera que "no se puede considerar una derogación" de la norma, ya que se mantiene la rebaja de la indemnización por despido improcedente a 33 días por año con tope de 24 meses y no se recupera los 45 días por año con tope de 42 meses (hasta 42% de rebaja en la indemnización).

La CUP también critica que no se recuperen los salarios de tramitación que, sobre todo, protegía los contratos con menos antigüedad de los despidos a bajo coste. Los anticapitalistas se suman a la exigencia de Aragonès para que se restablezca la autorización administrativa para poder hacer efectivos los despidos colectivos (ERE). Sin ello, asegura el diputado Albert Botran, se permitirá mantener "causas muy amplias y fáciles de justificar para poder despedir con un coste reducido de 20 días por año trabajado con el tope de un año de salario".

También la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, reprocha a la vicepresidenta de Trabajo y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, que esté "trabajando exclusivamente con los grandes sindicatos, CCOO y UGT", que "no son la única realidad sindical", ya que, asegura, "hay más sindicatos que no pactan sistemáticamente con el Estado ni con la patronal". Se refiere en el caso catalán claramente a la Intersindical. Un sindicato de corte independentista que, a pesar de no ser mayoritario, ha conseguido un gran crecimiento en los últimos años a rebufo del Procés en diversos sectores productivos, pero especialmente en la función pública, donde ya ocupa posiciones muy destacadas.

Rechazo frontal del sindicalismo independentista

La Intersindical, que tiene a Sergi Perelló como secretario general, se posiciona rotundamente en contra del acuerdo. Reclama la derogación "absoluta" de la reforma laboral del PP y califica de "vergonzoso" el acuerdo al que han llegado los sindicatos mayoritarios, la patronal y el Gobierno español, porque asegura que "permitirá que se siga desmantelando el tejido industrial del país con despidos colectivos sin autorización administrativa". La Intersindical considera que esta reforma "no resuelve los problemas de fondo de las clases populares ni da los pasos necesarios para salir de la deriva neoliberal".

El sindicato critica que se mantiene "la estatalización" de la negociación colectiva y se posiciona en la línea de la exigencia de ERC respecto a los ERE y en materia de despidos o en demandas de la CUP como lo que se refiere a "los anteriores salarios de tramitación que protegía los contratos con menor antigüedad". La Intersindical asegura que esta reforma laboral "repite los errores del pasado" y "no responde a las necesidades de la clase trabajadora". Por ello, exige a los partidos catalanes con representación en el Congreso de los Diputados, que en la tramitación legislativa "hagan valer su fuerza" modificando el contenido de forma sustancial o votando en contra.

Y el ácrata también

En el terreno sindical y ya al margen del independentismo tampoco en los sindicatos de raíz ácrata como la CGT o la CNT ha caído muy bien la reforma laboral acordada por la UGT y CCOO. La CGT, que mantiene un peso considerable en sectores puntuales pero estratégicos de la industria y el transporte en Catalunya, también discrepa en materia de normativa de despidos y reprocha al Gobierno de PSOE y UP que no haya derogado la Reforma Laboral de 2012.

En el acuerdo establecido, se han olvidado, según la CGT, de "muchos aspectos muy dañinos para las personas trabajadoras de este país, ya que no resuelve tampoco los problemas de los contratos a tiempo parcial no voluntarios, ni limita o prohíbe el uso de horas extras, pese a la tasa de paro existente". "Tampoco limita la cesión de personas trabajadoras por medio de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT)", concluyen desde la dirección del sindicato.

La patronal catalana en bloque contra el acuerdo

La oposición al nuevo acuerdo laboral va en Catalunya más allá de la mayoría política independentista o los sindicatos no estatales. También topa, aunque con motivaciones divergentes, con el rechazo frontal de las principales organizaciones empresariales a pesar de la participación de la CEOE en el acuerdo. Para empezar, la principal representante de la CEOE en Catalunya y exponente de la gran empresa como es Foment del Treball. El director de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de Foment, Javier Ibars, considera "contraproducente" que la nueva reforma laboral eche "hacia atrás" la flexibilización alcanzada con la normativa impulsada por el PP en 2012.

Según Ibars, en declaraciones a Ràdio 4, la normativa laboral española es "de las más rígidas" de los países desarrollados, por lo que lamentó que la reforma pactada ahora por el Gobierno español, UGT y CCOO y la CEOE intente eliminar los "mecanismos de flexibilización" que se introdujeron en la reforma anterior. El directivo de Foment también lamenta que la modificación ahora pactada, que comienza este martes la singladura en el Congreso, opte por penalizar la contratación temporal en lugar de incentivar la indefinida.

En términos similares se expresa la Cecot, patronal muy implantada en el potente núcleo empresarial del Vallès y más próxima a sectores independentistas.

Según su presidente, Antoni Abad, "contamos con un marco de regulación y relaciones laborales caduco, sistemáticamente reformado y que se ha demostrado disfuncional con el entorno actual por su rigidez. Es un marco que está bloqueando la actividad económica en vez de acompañar su crecimiento y es necesario modernizarlo. Entendemos la prisa del Gobierno por dar cumplimiento a los requerimientos de Bruselas para poder acceder a los fondos Next Generation, pero nos ha llevado a una especie de reforma exprés para desbloquear los fondos europeos y no nos ha permitido abordar el cambio en la estructura necesaria". Cecot mantiene que las negociaciones deberían haber ido dirigidas a pasar por trámite parlamentario a través de un Anteproyecto de Ley y no por la vía de un Real Decreto-ley que acota y limita el tiempo de diálogo y las aportaciones.

"Esta es una reforma básicamente orientada a reducir contratos laborales de cariz temporal que, ojo, no debemos confundir con crear más empleo, ya que el empleo crece cuando crece la actividad económica y no por eliminar modelos de contratación", dice Abad. "Estamos de acuerdo en que la temporalidad en nuestro mercado es alta, pero no perdamos de vista que durante años, y hasta hace dos días, la propia administración pública lo ha promovido. Los problemas que arrastra España con la temporalidad o el índice de paro juvenil demuestran que es necesario afrontar una reforma en profundidad que contemple las necesidades actuales de un contexto productivo del siglo XXI".

Las pymes piden que se las tenga en cuenta

Finalmente, la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec ha lamentado que no se haya tenido en cuenta a este sector de la actividad empresarial en el diálogo social y el consenso que ha habido por reforma el mercado del trabajo. Su secretario general, Josep Ginesta, consideró que la reforma pactada por Gobierno estatal y los agentes sociales "nace con la necesidad de adaptarla en el corto plazo" porque "no es integradora". En este sentido, Ginesta lamenta, por ejemplo, que las pymes no han sido llamadas al debate y, por tanto, no han podido defender en ella ni la representación que considera que les corresponde, ni los derechos que les fueron "quitados" en la anterior reforma laboral, impulsada por el PP en 2012.

Hay que tener en cuenta que, en Catalunya, la pequeña y mediana empresa es mayoritaria y tiene un gran peso. Y se da la paradoja que Ginesta fue hasta hace unos meses el secretario general del Departament de Treball, en manos de ERC. Para el ahora directivo de Pimec, la reforma que se ha logrado no tiene la "calidad democrática" que debería tener un sistema de diálogo social de "país avanzado". Ginesta lamenta que España está "lejos de Europa también en estos espacios", así como el hecho de que, con esta reforma, se ha perdido una oportunidad para avanzar por ese camino.

Vistas las posiciones de agentes políticos y sociales tan significativos, se puede decir que el Real Decreto Ley de la nueva legislación laboral está lejos de ser un acuerdo que en Catalunya sea visto como propio. Ni la mayoría política del Parlament -que ya aprobó que se derogue totalmente tanto la Reforma Laboral del PP de 2012 como la anterior del PSOE de 2010- ni una parte del sindicalismo catalán, ni el conjunto de las patronales catalanas se sienten identificados con un texto acordado en Madrid de espaldas a las diversas realidades socioeconómicas existentes en el Estado. Y ello pesará en lo que acabe pasando en el Congreso si no se modifica el texto.

Por mucha presión que desde Unidas Podemos se intente aplicar a ERC. Lo ha dejado claro en un tuit el exportavoz en el Congreso de Esquerra, Joan Tardà, en respuesta al portavoz de UP, Jaume Asens, que criticaba a Esquerra por no ratificar el decreto: "Cada Primero de Mayo Esquerra, ante el monumento a Francesc Layret (histórico abogado laboralista del movimiento obrero asesinado por pistoleros de la patronal), ha renovado el compromiso de recuperar los derechos laborales arrebatados por el PP en 2012. Si vosotros os coméis el sapo –le responde a Asens-, respeta, por tu propia dignidad, nuestra coherencia y no nos embarulles con descalificaciones".