La incorporación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la posibilidad de implantar para 2024 un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado ha provocado la crítica en cadena tanto de los sectores afectados como de la oposición al Gobierno.

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha mostrado este jueves su desacuerdo con la medida debido a que entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer un serio peligro, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas.

"Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado", ha sostenido el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas.

Una opinión que comparten en la organización de consumidores Facua, que afirma que las carreteras "deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado", no con un peaje que supone "un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica". En un comunicado, la organización asegura que la medida terminará afectando a los usuarios con menos poder adquisitivo y quienes no viven en grandes núcleos urbanos.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado el "afán recaudatorio" de una medida que supondrá un triple coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios. Por ello, pide un debate social con los actores implicados para lograr un modelo justo de financiación que permita el mantenimiento de todas las vías de circulación.

Críticas de la oposición

Las críticas también han llegado desde el Partido Popular y los gobiernos de comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Murcia.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno imponga esa medida.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad del Govern de Cataluña, Damià Calvet, ha afirmado en Catalunya Ràdio que el Gobierno central "va tarde y mal", y ha apostado por aplicar "una etapa transitoria" de tarifa plana que derive en "una tarificación por uso y contaminación". Por su parte, la conselleira de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, ha pedido este jueves al Gobierno central que dé "voz y voto" a las comunidades.

También desde Galicia, la patronal ha dejado clara su "absoluta oposición" a la iniciativa, que provocará, en su opinión, efectos "muy importantes en la economía de las familias".

Para el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, la medida sería "muy perjudicial" para una comunidad que cuenta con 94.000 km2 y más de 30.000 kilómetros de carreteras.

Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el pago de peajes en autovía formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de "el que contamina paga" y "el que usa paga".

Esta medida será tratada con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones, para implantarla en 2024. Una fecha que, la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del producto interior bruto (PIB) anteriores a la pandemia de la covid-19.

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