Quince policías locales procesados por la mafia de Palma patrullan la ciudad con sus armas y uniformes

Hace ya dos meses y diez días que el juez Enrique Morell García dictó auto de procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral contra una treintena de policías o expolicías locales de Palma (y cinco funcionarios, políticos o abogados) por haber formado parte, presuntamente, de una "organización criminal" de estilo mafioso que se dedicaba a coaccionar, amenazar y extorsionar en beneficio propio y del emporio de ocio nocturno de Bartolomé Cursach.

En dicho auto, al que Público ha tenido acceso, Morell –el tercer magistrado que se hace cargo de la pieza sobre la Policía Local de Palma dentro de la macro-causa de la trama de Cursach– repasa las actividades delictivas de cada imputado, que considera probadas después de más de tres años de investigación y que en su conjunto constituyen 17 graves delitos, especialmente al ser atribuidos a agentes y mandos de fuerzas del orden cuyo deber es precisamente hacer cumplir la ley.

El juez dispuso continuar las Diligencias Previas 339/2016 contra todos ellos, "siguiendo el trámite previsto en el Capítulo IV del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin perjuicio de aplicar la continuidad delictiva a la mayoría de ellos, por presuntos delitos de":

"Cohecho, prevaricación, extorsión, coacciones, amenazas, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, trafico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos cometida por funcionarios, contra la salud pública, obstrucción a la justicia, encubrimiento, contra la administración de justicia, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos".

Sin embargo, este diario ha podido comprobar que al menos quince de esos agentes, oficiales o inspectores siguen actualmente en activo dentro del cuerpo de la Policía Local de Palma, trabajando con sus uniformes y armas reglamentarias en tareas de seguridad ciudadana de la ciudad –patrullando, realizando inspecciones en locales o instalaciones, o atendiendo al público– sin que hayan sido suspendidos de empleo en espera del juicio que decidirá si efectivamente constituían una trama mafiosa dentro de esa fuerza policial.

El juez Florit, quien será juzgado por prevaricación el próximo día 27, fue quien levantó las medidas cautelares de los policías locales imputados por la trama mafiosa

De hecho, todos ellos fueron sometidos a medidas cautelares durante la instrucción judicial que les impedían incluso acercarse al Cuartel de San Fernando que es la sede de la Policía Local de Palma. Pero al hacerse cargo de la causa el juez Miquel Florit, éste decidió levantar todas esas medidas cautelares y el nuevo equipo de la Regiduría del Ajuntament de Palma permitió que se reincorporasen al servicio activo pese a estar investigados por presuntas actividades delictivas. Florit será juzgado el próximo 27 de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presunto delito de prevaricación al haber dado la orden de incautarse de los móviles y ordenadores de dos periodistas mallorquines.

Este diario se ha puesto en contacto con la regidora de Seguridad Ciudadana de Palma, Joana Maria Adrover, quien no ha querido responder a las preguntas de Público, aduciendo que "todos estos temas mejor tratarlos directamente con el gabinete de Comunicación de Cort". Puestos en contacto con el responsable de prensa, éste primero se acogió a que "las medidas cautelares las ordena el juez", pero al recordársele que no son necesarias para aplicar la vía sancionadora administrativa –que permite la suspensión de empleo de encausados en espera de juicio– solicitó a este medio las preguntas por escrito.

Hasta el momento de escribir esta crónica, Público no ha recibido respuesta a las preguntas escritas que ha formulado tanto a la regidora Adrover como a su jefe de prensa, ni se le han devuelto las llamadas telefónicas solicitando aclaraciones.

Tres policías expulsados por torturas piden volver al cuerpo

Además, tres de los cinco policías locales expulsados del cuerpo por el caso de torturas a un detenido que fueron filmadas por una cámara de vigilancia acaban de solicitar su reingreso en la Policía Local, entre ellos  uno de los principales imputados en la trama policial mafiosa, al que se le acusa también de llevarse beneficios de redes de carteristas y de prostitución.

El recuento que el juez Morell plasma por escrito en su auto sobre las actividades delictivas que considera probadas en el transcurso de la larga investigación judicial retratan una trama mafiosa en el seno de la Policía Local que actuaban en coordinación con altos funcionarios municipales de la época. Por su interés, reproducimos aquí extractos de ese relato de los delitos imputados a policías locales que hoy vuelven a estar en activo en Palma:

JOSÉ DANIEL MONTESINOS ESPINOSA, además del episodio de la

filtración de exámenes ya descrito en el que Antonio Vera Martínez, transmitió

indiciariamente exámenes tipo test, así como las preguntas y respuestas del

examen de desarrollo, a Enrique Calvo Furst (Director General de Seguridad

Ciudadana), a través de Daniel Montesinos Espinosa (policía local interino), quien recibe preguntas y respuestas y a su vez las facilita, entre otros, a Tomás Más Castellá y a Santiago Adrover, de lo actuado se desprende que

Daniel Montesinos, exigía el pago de mordidas y servicios sexuales a

empresarios del ocio nocturno y les imponía la contratación de seguros,

servicios de limpieza, seguridad e instalación de máquinas expendedoras en sus locales.

En este momento, Montesinos está activo y trabajando en la Policía Local de Palma.

Los empresarios eran obligados a pagar la "tasa" para no ser víctimas de las coacciones policiales

GABRIEL MAYOL AMENGUAL y JOSEP MAYANS ALCINA, con independencia de los hechos por los que están acusados en las Diligencias Previas 1826/2017, existen en presentes actuaciones hasta nueve testigos que coinciden en afirman el cobro de mordidas por parte de los agentes de la Policía Local Gabriel Mayol y Josep Mayans presuntos autores de numerosos actos de extorsión a diversos empresarios, sometiéndoles continuamente a inspecciones injustificadas y siempre en el momento de mayor afluencia de clientes y levantando actas falsas de inspección en sus locales, en el caso de no acceder a pagar la "tasa", cuyo objeto principal era precisamente evitar las inspecciones y otros inconvenientes a los titulares de los mismos. Disfrutaban igualmente de consumiciones gratis en los negocios extorsionados.

En este momento, Mayol Amengual está activo y trabajando, mientras que Mayans se encuentra de baja pero forma parte de la plantilla.

Los agentes hacían inspecciones injustificadas para causar perjuicios económicos a los empresarios y beneficiar al grupo Cursach Ocio

GABRIEL TORRES PERICAS y BARTOLOME CAPO AMENGUAL, el primero, oficial de la unidad de patrulla verde de la Policía Local de Palma, se puso de común acuerdo con Bartolomé CAPÓ AMENGUAL, que era subinspector y responsable directo de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma, para favorecer a determinados empresarios, no sólo del grupo empresarial CURSACH OCIO -motivo por el que están encausados en las diligencias previas 1826/17-, que pagaban mordidas u ofrecían otras prebendas a los policías a cambio de evitar inspecciones. Para conseguir lo anterior Gabriel TORRES PERICÁS y Bartolomé CAPÓ AMENGUAL les ordenaban a sus policías subordinados de manera verbal los establecimientos que debían y los que no debían ser inspeccionados. Dichas decisiones eran arbitrarias e injustificadas y generaban consecuencias administrativas al tiempo que ocasionaba perjuicios económicos a los empresarios que estaban al margen de la trama de corrupción investigada y se negaban a pagar la "tasa".

Torres Pericás está jubilado, pero Capo Amengual se encuentra actualmente activo y trabajando en la Policía Local de Palma.

FELICIANO FRANCO SAENZ DE LA FUENTE, de las diligencias practicadas se desprende que Feliciano FRANCO fue uno de los autores de la extorsión a un empresario dueño del club "Templo de El FARAON", junto con el también investigado Miguel ESTARELLAS SASTRE. Varios testimonios obrantes en las actuaciones coinciden en que se venía dedicando a levantar actas falsas con el fin de perjudicar a determinados empresarios para que éstos accedan a pagar tasas u ofrecer otras prebendas.

JAIME GARAU CALERO, son numerosos los actos de amenazas, coacción e intimidación indiciariamente cometidos por él respecto a los testigos que colaboraban con la investigación de la trama corrupta, siendo también presunto autor de actos de extorsión a diversos empresarios a cambio de dinero o prestaciones sexuales, extendiéndose sus actividades irregulares a los cursos de formación.

Extorsión mediante actas falsas de inspección de locales

MIGUEL ESTARELLAS SASTRE, de los actuado se desprende que es presunto autor numerosos de actos de extorsión a diversos empresarios, sometiéndoles continuamente a inspecciones injustificadas y siempre en el momento de mayor afluencia de clientes y levantando actas falsas de inspección en sus locales. Muchos Policías Locales investigados en la presente causa tenían intereses directos en los establecimientos que tenían que controlar, Miguel Estarellas Sastre se dedicaba aparentemente a trabajos de tapicería, exigiendo de forma coactiva, en establecimientos de ocio que estaban sometidos a su control, que contratasen sus servicios para evitar actuaciones de Policía Local.

Estarellas Sastre está jubilado, pero están activos y trabajando en la Policía Local tanto Franco Sáenz de la Fuente como Garau Calero. Hace pocos días, este último estuvo dando vueltas en plena calle de Palma en torno a una testigo protegida de la causa Cursach, con clara intención intimidatoria, sin que la víctima haya conseguido aún que le acepten la denuncia correspondiente, según ha podido saber Público.

CARLOS VALLECILLO PEREZ, resulta de las actuaciones, con independencia de su presunta implicación en los hechos que se investigan en las diligencias de este Juzgado 1826/17 y en las 337/18, que Carlos Vallecillo de acuerdo con otros policías de investigados en la presentes actuaciones, participaba en la realización de inspecciones policiales en establecimientos de ocio nocturno y en la confección de actas de infracción falsas con el fin de perjudicar a determinados empresarios para que éstos accedan a pagar tasas o contratar servicios de seguridad o de otro tipo en los establecimientos y, en caso de negarse, sufrir un acoso continuo consistente en inspecciones constantes e injustificadas en horario de máxima influencia de público.

Policías participaban de los beneficios de robos y prostitución

Tenía relación y actuaba en connivencia con delincuentes rumanos, llevándose parte de los beneficios de los carteristas y utilizando las tarjetas de crédito sustraídas, repartiéndose las ganancias con el encargado del local cuyo datáfono utilizaban hasta el límite que permitía la tarjeta. También participaba de los beneficios que procedían del ejercicio de la prostitución de mujeres nigerianas.

Tenía acceso gratuito a consumiciones, servicios sexuales, cocaína,

estupefacientes, etc. en diversos locales de ocio nocturno abusando de su

condición de policía y preavisaba de inspecciones a los locales bajo "su protección".

JUAN VIDAL COMAS, resulta de lo actuado que, con independencia de su presunta implicación en los hechos que se investigan en las diligencias en las 337/18 de este Juzgado, que Juan Vidal Comas de acuerdo con otros policías investigados en las presentes actuaciones, tenía relación y actuaba en connivencia con delincuentes rumanos tanto en la Playa de Palma, como en el centro de la ciudad, dicho agente según diversas testificales obrantes en las actuaciones, les facilitaba información a las bandas rumanas para que pudieran dedicarse a actividades delictivas, les avisaba en qué lugares iba a haber una especial presencia policial para que cometieran los ilícitos penales en otra zona, igualmente les informaba e identificaba a las patrullas que vestían de paisano para que estuvieran prevenidos y no los confundieran con ciudadanos normales, intermediaba para quitarles las denuncias, les advertía sobre la existencia en su caso de órdenes de busca y captura, especialmente cuando los rumanos decidían desplazarse a otros territorios (Canarias) para continuar con sus actividades delictivas, etc. a cambio de ello cobraba en dinero, cocaína, efectos sustraídos, etc. y además disfrutaba de sexo gratis en distintos establecimientos, llevándose parte de los beneficios de los carteristas y utilizando las tarjetas de crédito sustraídas, repartiéndose las ganancias con el encargado del local cuyo datáfono utilizaban hasta el límite que permitía la tarjeta.

Acceso gratuito a consumiciones, cocaína y servicios sexuales

Tenía acceso gratuito a consumiciones, servicios sexuales, cocaína, estupefacientes, etc. en diversos locales de ocio nocturno abusando de su condición de policía y preavisaba de inspecciones a los locales bajo  "su protección". Las declaraciones de varios testigos de la causa afirman que Juan Vidal Comas, policía local adscrito al Distrito Este, presuntamente habría recibido dinero en efectivo, junto a otros agentes igualmente investigados, para no llevar a cabo inspecciones policiales.

Vallecillo es precisamente uno de los policías locales que fueron expulsados del cuerpo tras las torturas cometidas en calabozos contra un detenido, esposado a un banco, y fue quien se acercó a la cámara de vigilancia y la apartó de un manotazo para que no filmara las agresiones delictivas de los agentes.

Estos dos últimos casos los hemos presentado aquí porque son altamente ilustrativos de cómo actuaba la presunta mafia policial de Palma. Además, Vallecillo y el comisario Antoni Morey Jover –también imputado en la trama por el juez Morell, pero que vuelve a estar en activo, destinado en la comisaría administrativa– forman parte de la dirección de la "Asociación de Víctimas de Arbitrariedades Judiciales" (JAVA), muy activa en sus campañas contra los testigos protegidos, como se puede ver en el acta de una de sus reuniones, a la que ha tenido acceso público y que reproducimos aquí.

En aquella reunión, celebrada hace un año, se establecía que la única responsable del contenido de la página web de JAVA era la periodista encargada para ello por el abogado de la trama Vicente (Coco) Campaner, quien ha sido encausado por acosar a testigos protegidos del caso Cursach.