MADRID.- Quince jueces decanos de la Comunidad de Madrid han hecho público hoy un comunicado en el que aseguran que el cobro por asesorar en la introducción de mejoras informáticas es compatible con sus cargos porque se trata de una actividad creativa técnico jurídica ajena al ejercicio de su función.

El comunicado lo firman quince de los veintiún jueces decanos de la región: Alcalá de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Coslada, Madrid, Móstoles, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Torrelaguna, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Villalba.

Los magistrados se refieren a la investigación abierta por el Promotor de la Acción Disciplinaria a partir de una información publicada por el diario El País según la cual la Comunidad de Madrid pagó a jueces y secretarios judiciales a través de la empresa Indra por su asesoramiento en un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados.

La entidad ha desembolsado más de 200.000 euros a 32 juristas, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, quien expuso en su momento que los jueces no iban a colaborar con Indra si no percibían una compensación económica. No tramitaron solicitud de autorización al Consejo General del Poder Judicial.

Los jueces decanos concluyen que las personas que han colaborado en ese proyecto "han realizado una actividad creativa de naturaleza técnico jurídica susceptible de ser retribuida como igualmente lo sería cualquier otro tipo de producción o creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquella", ya que se trata de una actividad "laboriosa y ajena al ejercicio de la función jurisdiccional".

Relatan que "la confección de repertorios de 'modelos procesales' para su incorporación a un sistema informático de gestión procesal judicial es una actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica que la Ley Orgánica del Poder Judicial considera expresamente compatible con el cargo de juez o magistrado".

Detallan que el Reglamento de la Carrera Judicial y la Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio exceptúan la actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica del régimen de autorización previa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios".

Los jueces decanos recuerdan que desde el año 2002 la Comunidad de Madrid tiene transferidas las competencias de Justicia sobre medios personales y materiales, y ha desarrollado un sistema informático de gestión procesal llamado IUSMADRID.

En su opinión, para un eficiente y eficaz funcionamiento de este nuevo sistema "resulta no sólo conveniente sino absolutamente imprescindible una actividad colaborativa" entre los que tienen esa competencia y las personas "expertas en el conocimiento y aplicación de las leyes sustantivas y procesales".

En este sentido, especifican que "no es conceptualmente imaginable que personas ajenas al mundo del derecho y extrañas a la Administración de Justicia posean los conocimientos técnico-jurídicos precisos para la elaboración de un completo, actualizado y sistemático repertorio de formularios o modelos de gestión procesal de la informática judicial".

Los magistrados subrayan en el comunicado que esa colaboración supone una actividad "laboriosa y ajena al ejercicio de la función jurisdiccional" de los magistrados, que al llevarla a cabo no desempeñan un "empleo, cargo o profesión" por cuenta del Ministerio de Justicia o de una Comunidad Autónoma.

"Han realizado una actividad creativa de naturaleza técnico jurídica susceptible de ser retribuida como igualmente lo sería cualquier otro tipo de producción o creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquella", concluyen.

Añaden que "ejecutada tal actividad sin interferencia alguna en el desarrollo de la función jurisdiccional y fuera de los marcos temporales en los que ésta se ejecuta", el armazón del artículo de El País es "absolutamente desacertado" y resulta "innecesariamente lesivo de la fama y honor de cuantos menciona".

Precisamente, el Promotor del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca, tomará declaración al presidente del TSJM para investigar los pagos de la Comunidad de Madrid a jueces y secretarios judiciales.