Una de las características principales de la tantas veces vanagloriada Transición española es que casi todos los funcionarios del Estado continuaron en sus puestos. Entre ellos, policías, agentes y fuerzas de seguridad del Estado. A nadie se le escapaba entonces que en las comisarías y calabozos españoles había torturas (con torturadores y torturados), pero con la muerte de Franco se corrió un tupido velo sobre este asunto. De la noche a la mañana las comisarías pasaron a respetar los derechos humanos.
Por justicia democrática y por rigor histórico, los abogados que impulsan la llamada Querella Argentina, es decir, la causa que investiga los crímenes de la dictadura franquista, pedirán en las próximas horas a la jueza María Servini que instruye la causa en la Justicia Argentina, la imputación de hasta siete policías de la dictadura franquista y de la democracia acusados de haber violado los derechos humanos y de presuntas torturas.
Las peticiones de imputación se basan en las querellas y denuncias presentadas por, entre otros, Gerardo Iglesias, ex secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y ex coordinador general de Izquierda Unida, y afectan a policías en activo como Jesús González Reglero, comisario jefe de la Comisaría de Leganés hasta su jubilación, el pasado enero, o Jesús Martínez Torres, nombrado en noviembre de 2013 comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía.
La intención de los abogados es que la Justicia argentina impute a los siete presuntos torturadores y abra un proceso judicial que pueda derivar en órdenes de detención y extradición para todos ellos tal y como ya hizo con el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas y el inspector de la Brigada Político y Social Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, cuyas extradiciones se decidirán en la Audiencia Nacional los días 3 y 10 de abril, respectivamente.
Asimismo, Carlos Slepoy, abogado de la causa que se ha desplazado a Argentina para presentar estos escritos, también solicitará a la jueza la imputación de hasta siete exministros, entre los que se encuentran Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina (suegro de Gallardón) y Antonio Carro Martínez (exministro de presidencia en el 74); dos miembros de la judicatura militar: Antonio Troncoso de Castro, vocal ponente del Proceso de Burgos, y Carlos Rey, redactor de la sentencia a muerte de Puig Antich y abogado de la líder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho; así como dos funcionarios de prisiones: Francisco Tercero Muñoz (exdirector de la cárcel de Soria) y José Manuel Lorenzo de la Fuente (exdirector de las cárceles de Córdoba y Soria).
A continuación, Público enumera los policías sobre los que recae la petición de imputación de los abogados, así como fragmentos de las denuncias que les señalan como presuntos torturadores y un recorrido por su carrera profesional.
Jesús González Reglero. Fue comisario jefe de la Comisaría de Leganés hasta el pasado enero, fecha en la que se jubiló. Tenía el honor de lucir en su uniforme tres laureles de comisario, el máximo escalafón del Cuerpo Nacional de Policía. Asimismo, también ha sido condecorado con la Medalla de Plata al Mérito Policial, entre otras distinciones.
El nombre González Reglero, que ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía como inspector el 18 de octubre de 1967, aparece en la querella de Alfredo Rodríguez Bonilla como uno de los agentes que le torturaron durante su detención el 20 de febrero de 1975. La querella dice lo siguiente: 'El Inspector que daba las órdenes ¿Sainz?, mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared (calculo que a unos 60 centímetros) y con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre la misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición me golpeó en un costado que me derribo, porque realmente era una persona fuerte. Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en la misma posición, a partir de ese momento a cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero), y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna', reza un extracto de la querella.
Ricardo Algar Barrón. Este hombre tiene actualmente 66 años y la investigación de la CeAqua no ha conseguido averiguar su actual trabajo aunque apunta que 'posiblemente esté jubilado' o 'puede que continúe en algún cargo importante del Centro Nacional de Policía'. Algar Barrón fue procesado por un delito de lesiones el 15 de marzo de 1974 durante el interrogatorio a Andrés González Somolinos, que necesitó 32 días de atención facultativa para curarse de sus heridas.
'Participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención'El nombre de Ricardo Algar aparece en la querella interpuesta en Argentina por José Galante Serrano: 'En mi segunda detención, en la que permanecí diez días en la Dirección General de Seguridad, entre los policías que me torturaron y no señalé particularmente en mi testimonio anterior, se encuentran Ricardo Algar Barrón y Celso Galván Abascal, a ambos los cito entre los miembros de la Brigada Político Social que denuncio al final de mi declaración. Además, el primero de ellos participó en malos tratos y vejaciones durante mi tercera detención y, en la cuarta, fue uno de los policías que me tomó declaración, durante la cual me hizo saber que me tenía un odio particular y que, si por él fuera, yo sería de los que no salen vivos de la DGS'.
Félix Criado Sanz. En 1967 el régimen le otorgó la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco, pasando a ocupar el cargo de Inspector de Primera clase. Además, su nombre también aparece en el BOE del 31 de marzo de 1942 como uno de los oficiales del ejército que pasan a la Escala Superior del Cuerpo Superior de Policía. Por edad, no sería ilógico que Criado Sanz ya hubiera muerto aunque la CeAqua apunta que 'en las hemerotecas no aparecen referencias a su muerte ni esquelas a su nombre'.
Está denunciado como presunto torturador por el sacerdote en la querella presentada por los curas de Zamora y en particular en la querella y el testimonio por videoconferencia realizado por el sacerdote vasco Jon Etxabe Garitacelaya el 18 de febrero de 2014. Así, Jon Extabe declaró:'Fui detenido el 11 de Abril de 1969 y estuve siete días en comisaría. Salvajemente torturado junto con otros militantes: golpes a mansalva, la rueda, la rana... El responsable de la detención e interrogatorios con torturas fue D. Félix Criado Sanz entre otros'.
Pascual Honrado de la Fuente. Este hombre, ascendido a Inspector Primero de la Policía el 7 de junio de 1977, ha sido denunciado como torturador en la querella presentada por Gerardo Iglesias, ex secretario general del PCE y ex coordinador general de Izquierda Unida. Honrado de la Fuente ha recibido, entre otras distinciones, la Cruz del Mérito Policial con distintivo Blanco (1967).
La querella presentada por Iglesias hace referencia a Pascual Honrado de la Fuente y Claudio Ramos Tejedor como dos policías 'se destacaron en las torturas'. Iglesias denuncia que cuando tenía 17 años de edad y trabajaba como minero fue detenido y 'brutalmente torturado' acusado de 'incitar a la huelga'. Así, asegura que una vez puesto en libertad sufrió 'una implacable persecución: despidos de trabajo, citaciones constantes (...) viéndose obligado a pasar a la clandestinidad'.
Jesús Martínez Torres. El 23 de noviembre de 2013 Jesús Martínez fue nombrado comisario de honor del Cuerpo Nacional de Policía. A esta distinción suma otras muchas, como la medalla de oro al mérito policial, desde que el 10 de mayo de 1964 ingresara en el Cuerpo Nacional de Policía como subinspector de segunda.
Participó en interrogatorios 'a golpes' y el denunciante lo consideró como una 'bestia inhumana'
Los abogados pedirán su imputación y extradición por la declaración efectuada por el querellante José Aznar Cortijo, que señala que fue interrogado 'a base de golpes' por varios policías siendo uno de ellos Jesús Martínez Torres: 'Al llegar a Comisaría comenzaron las torturas que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas: comenzaron por tirarle de una parte a otra de una sala grande de unos 15 metros de largo por 10 de ancho, lo cogían por las piernas y le tiraban para arriba y para abajo por el suelo mientras le daban golpes al pasar, y cuando les parecía bien le levantaban del suelo agarrándole de los pelos y le daban golpes en la cara y en el estómago.
Por la tarde comenzaron con el 'quirófano,' que consistía en que lo tiraban boca arriba en un escalón con la cabeza hacia afuera y le daban golpes en la cara cuando caía hacia abajo por el cansancio, y le volvían a levantar sujeto por el pelo, le agarraban por el pelo y piernas y le tiraban de un lado a otro de la sala.
Los días siguientes, una forma de tortura era no dejarle dormir, así que cada poco rato le subían y bajaban a la celda, y después le ponían de cara a la pared sujeto con las esposas a un radiador y le dejaban de pie hasta que perdía el sentido por lipotimias, sueño, falta de hidratación y cansancio'.
Jesús Quintana Saracibar. Este hombre era el capitán de la Policía Armada el 3 de marzo de 1976, cuando la Policía asaltó la Iglesias de San Francisco de Asís en Vitoria durante una huelga obrera causando la muerte de cinco civiles. Su nombre aparece en las denuncias de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio, miembros de la Asociación 3 de marzo Vitoria.
Andoni Txasco, que declaró por videoconferencia ante la Justicia argentina, ha denunciado que el 4o de marzo de 1976 fue brutalmente apaleado en la calle por la Policía Nacional perdiendo el ojo derecho y una visión residual en el ojo izquierdo valorada en 1/50 por los golpes sufridos.
Atilano del Valle Oter. Este policía, condecorado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo en diciembre de 1975 está acusado por Miguel Jiménez Hinojosa de haberle disparado 'a bocajarro' y haberle tirado por la ventana causándole una 'conmoción cerebral con posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y heridas varias de pronóstico muy grave'.
Fue condenado cuatro días de arresto y a una indemnización solidaria de 2.000 pesetas en 1977 por un delito de lesiones contra una detenidAtiliano del Valle fue condenado cuatro días de arresto y a una indemnización solidaria de 2.000 pesetas en 1977 por un delito de lesiones contra una detenida por razones políticas: Mercedes Muñoz, de veinte años de edad.
Benjamín Solsona Cortés. Su nombre aparece en dos querellas diferentes. Conocido bajo el seudónimo de 'El Galleta' perteneció a la Brigada Político y Social y ejerció en democracia como Jefe Superior de Policía de Bilbao desde 1980 y Jefe Superior de Policía de Balear hasta 1988.
Juan José López Hernando denuncia que el 23 de abril de 1971, durante el Estado de Excepción, fue detenido en Valencia por la BPS acusado de asociación ilícita y propaganda ilegal. 'Permanecí incomunicado 19 días en comisaría, siendo interrogado, sufriendo golpes en la cabeza y el cuerpo, patadas, empujones y amenazas hacia mi y mi familia de los policías Benjamín Solsona, Jacinto López Acosta, Manuel Ballesteros, Ángel Castellanos y otros', denuncia.
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