Así se quedaron los ujieres del Congreso sin mejora en sus pensiones tras una sentencia del Supremo

Los ujieres y los funcionarios del cuerpo de administrativos de las Cortes Generales que se jubilen ahora no contarán con entre 300 y 700 euros más cada mes como complemento de su pensión de jubilación. El motivo: la sentencia de 21 de diciembre de 2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que anuló dos artículos del Reglamento del Fondo de Prestaciones Sociales del personal funcionario de las Cortes. 

La sentencia, ponencia de la magistrada Celsa Picó, daba la razón a 130 recurrentes, todos ellos ujieres y personal administrativo del Parlamento en activo que se quedaban fuera del complemento para su futura pensión de jubilación por no reunir los requisitos recogidos en el acuerdo de las Mesas del Congreso y el Senado, el 21 de septiembre de 2021. 

Pero el propio recurso y la sentencia tuvieron un efecto perverso para los recurrentes y sus compañeros, ya que el Supremo se limitó a estimar su pretensión y anular los dos artículos denunciados, sin ordenar emprender una negociación para llegar a otro acuerdo. Fuentes jurídicas matizan que debió ser el propio recurso el que pidiera tal cosa. 

Los artículos anulados --el 14. d) y el 16 del citado reglamento--  reconocían un complemento de mejora en las pensiones de jubilación en función del nivel de renta y exigían 35 años de servicios efectivos al Estado y los últimos 20 en las Cortes Generales. Estas disposiciones dejaron fuera a más de un centenar de funcionarios, que por su nivel de renta o por no sumar los años necesarios no podían acceder en el futuro a un complemento económico. 

Pensiones de jubilación de 1.300 euros

Fuentes del colectivo explican a Público que la pensión de jubilación de un ujier del Congreso ronda los 1.300 euros al mes; "muy inferior a la que cobran funcionarios de otras categorías laborales del Parlamento", dicen esas fuentes, que explican que por eso las Mesas del Congreso y del Senado acordaron mejorar ese tipo de pensión.

Pero no lo hicieron con criterios expansivos de los que pudieran beneficiarse la mayoría de los funcionarios de los cuerpos inferiores de la Administración parlamentaria.

El Alto Tribunal tumbó los artículos mencionados porque las disposiciones que contenían habían sido alcanzadas sin contar con la mesa negociadora, como establece el artículo 57 del Estatuto del Personal de las Cortes. 

El efecto inmediato fue que el Congreso y el Senado dejaron de abonar a una treintena de funcionarios jubilados el complemento de mejora de la pensión de entre 300 y 700 euros al mes que ya tenían reconocido de antemano.

En vista del desaguisado, los recurrentes presentaron, en mayo de 2023, ante la sala sentenciadora un escrito de alegaciones para que el Supremo ordenase a la Administración Parlamentaria reponer el abono a los funcionarios jubilados a los que ya se les hubiera reconocido el derecho.

El abogado que ha llevado este asunto conoce bien las Cortes porque durante muchos lustros fue letrado de las mismas: Juan Alfonso Santamaría Pastor, jubilado en el Congreso y consejero asesor del bufete Gómez-Acebo y Pombo.   

Este prestigioso despacho de abogados ha elaborado, a petición de los 130 funcionarios que recurrieron ante el Supremo, un informe sobre las opciones que tendrían las Cortes para mejorar las pensiones a los cuerpos administrativo y el de ujieres. 

El informe, al que ha tenido acceso este diario, lo firma, además de Santamaría Pastor, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), director de la oficina de Gómez-Acabo y Pombo en Bilbao y hermano del presidente en funciones de la Sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 

Este informe pretende ser la base de la futura negociación en las Cámaras para acometer el asunto de las pensiones más bajas de sus trabajadores. 

Las Cortes siguen sin pagar

El Supremo se pronunció respecto a las alegaciones de los recurrentes el pasado 7 de junio, dictando un auto en el que ordena al Parlamento reanudar el abono de la prestación a los funcionarios jubilados que la tuvieran reconocida antes de la anulación de las disposiciones. Sin embargo, las Cortes aún no lo han hecho, según ha podido saber Público. 

La Secretaría General del Congreso ha pedido al Supremo una aclaración sobre cómo proceder, pues en estos momentos hay personal que se ha jubilado en el ínterin entre la primera sentencia, la de diciembre de 2022, y el auto de junio, al que le correspondería la mejora en su pensión. 

Según explican fuentes de la Junta de Personal del Congreso, hasta que no se conforme el nuevo Parlamento no se podrá iniciar una negociación de cara a lograr una mejora en las pensiones en la que se incluyan los más de 300 funcionarios del cuerpo de administrativos y el de ujieres de las Cortes.