Puigdemont impulsa una negociación a dos ritmos: primero amnistía y luego autodeterminación

En una esperadísima conferencia en Bruselas, Carles Puigdemont ha fijado este martes el terreno de juego que Junts per Catalunya pretende que marque la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente. No se puede decir que el discurso, que apenas ha durado 25 minutos, haya ofrecido grandes sorpresas, pero sí que ha dejado algunas certezas, como por ejemplo que si se pretende culminar las conversaciones con éxito se desarrollará en dos fases.

una primera para cumplir las "condiciones previas" establecidas por el expresident del Govern, con la desjudicialización del Procés como principal objetivo, y una segunda para abordar el fondo del conflicto político, con un referéndum de autodeterminación como demanda de máximos.

La negociación será larga, según el expresidente catalán no ha arrancado y ahora mismo "no se dan las condiciones" para que lo haga; la amnistía -o algún mecanismo similar- aparece ya como un elemento imprescindible para que el PSOE pueda aspirar a recibir el "sí" de Junts -y, probablemente, de ERC-; y a pesar de que se puede considerar el referéndum acordado como una exigencia de máximos, los socialistas tendrían que plantearse asumir algún tipo de compromiso alrededor de la soberanía de Catalunya si quieren evitar que el 27 de noviembre se active la cuenta atrás hacia una repetición electoral.

Paralelamente, el marco que ha detallado Puigdemont también ha servido para cerrar definitivamente la ficción de unas conversaciones serias entre Junts y el PP, puesto que Feijóo ha descartado reunirse con la formación al considerar que la amnistía es una "exigencia inaceptable e imposible".

A la vez, se ha evidenciado que el grueso de demandas de Junts y ERC son prácticamente calcadas, de tal forma que aunque no exista una coordinación real entre las dos principales formaciones independentistas, difícilmente ninguna de las dos podrá rebajar en solitario sus demandas si no quiere verse superada por la otra en la eterna pugna que mantienen por la hegemonía del espacio. Con todo, seguramente el elemento más destacado es que tanto el factótum de Junts como el Gobierno han verbalizado su disposición a negociar y, cada uno a su manera, encajar los acuerdos en la Constitución. Dicho con otras palabras, el baile ha empezado.

La Moncloa habla de una "vía de diálogo"

Después de casi seis años absolutamente apartado de la primera línea política estatal y desterrado como interlocutor, los resultados de las generales del 23 de julio situaron a Puigdemont en una posición absolutamente central, gracias al peso para la investidura que tienen los siete diputados de Junts. Que su situación se ha revertido de manera radical se ha evidenciado en las últimas 24 horas. Si el lunes era la vicepresidenta del ejecutivo estatal y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien se reunía presencialmente con él en Bruselas, este martes la Moncloa ha manifestado que con la conferencia Puigdemont "ha abierto una vía de diálogo" y que lo abordarán con "discreción". A escala estatal, por lo tanto, su rehabilitación política parece un hecho.

Quién es el líder de facto de Junts, aunque no tenga ningún cargo orgánico, ha subrayado que la negociación real sólo arrancará si antes se cumplen unas condiciones previas. Más allá de "identificar adecuadamente los elementos del conflicto", en este ámbito las dos cuestiones clave son la amnistía y la creación de un "mecanismo de mediación y de verificación" de los acuerdos que se logren.

Sobre la primera cuestión, en concreto Puigdemont ha hablado del "abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo", un tema que puede lograrse en el Congreso a través de una "ley de amnistía", pero que para él "también es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado". Unas palabras que podrían abrir la puerta a pasos hacia la desjudicialización y a comenzar la negociación para la investidura antes de que la cámara baja haya tramitado y aprobado una ley.

El encaje constitucional

Si hace unos meses la aprobación de una amnistía parecía quimérica, hoy parece un elemento como mínimo viable. Sumar, por ejemplo, la defiende con firmeza y, por ejemplo, este martes Jaume Asens -su mediador con Junts- afirmaba que es "factible" impulsar una ley de amnistía en el Congreso antes de la investidura. Las últimas semanas el abogado y exdiputado en el Congreso ha insistido en la constitucional de una medida de este tipo.

Paralelamente, en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestaba que "estudiamos todos los escenarios para garantizar la convivencia en nuestro país", pero "la convivencia no se puede lograr fuera del marco constitucional". Por eso también aparece como capital que Puigdemont haya insistido en recalcar que ninguna de las medidas que plantea "es contraria en la Constitución".

Todo apunta, por lo tanto, que nos encaminamos en unas semanas en que una parte del debate político girará alrededor de la constitucionalidad de una amnistía para el independentismo, una cuestión que, según han apuntado juristas como el antiguo letrado del TC Joaquín Urías, sería factible si se consigue justificar que con una normativa así "se favorecería el interés general". De hecho, Sumar ha encargado a varios expertos que elaboren un dictamen sobre la cuestión, según ha avanzado Asens, mientras que el PSOE ya se abre a la medida a la espera de definir su encaje jurídico y constitucional.

El impás de la fallida investidura de Feijóo

Las diversas partes implicadas -PSOE, Sumar, ERC y Junts- mantendrán conversaciones probablemente alejadas de los focos las próximas tres semanas, aprovechando el impás que supondrá el debate de investidura de Feijóo, que si no hay una sorpresa monumental culminará con una segunda fallida votación el 29 de septiembre. A partir de entonces, fuentes socialistas sí que admiten que se empezará una negociación formal entre Junts y PSOE.

Si se resuelve la carpeta de la represión, la posible investidura de Sánchez habrá dado un paso de gigante para convertirse en realidad, a pesar de que tanto ERC como Junts insisten en la reclamación de un referéndum de autodeterminación acordado con el Gobierno como mecanismo de resolución definitiva del conflicto. Es innegable que la amnistía supondría un éxito negociador y un evidente salto de escala respeto a los indultos aprobados por el Gobierno de Sánchez la pasada legislatura y, como dice Jaume Asens, permitiría "poner a cero el contador" de la represión al independentismo.

A partir de aquí, sin embargo, habrá que abordar algún tipo de avance real en el fondo del conflicto, aunque no se llegue al referéndum acordado que ha planteado Puigdemont y que también defiende ERC. Cómo ha indicado Asens, durante las negociaciones las exigencias "se van modulando", pero el punto de partida de Puigdemont tiene que situarse en máximos y más en unas fechas de especial importancia para el independentismo, con la Diada Nacional de Catalunya -11 de septiembre- el próximo lunes y el sexto cumpleaños del 1-O de aquí menos de cuatro semanas.

Agotar los plazos

En un contexto de desmovilización independentista y de retroceso electoral tanto de ERC como de Junts, las dos formaciones necesitan escenificar posibles éxitos en la negociación para minimizar su desgaste y el riesgo de aparición de una nueva candidatura independentista, alimentada por los sectores más unilateralistas de una ANC que no se mueve de la crítica furibunda a la negociación con el Gobierno.

En cualquier caso, desde el PSOE se asume que la negociación agotará los tempos de un calendario que tiene el 27 de noviembre como fecha tope si se quiere evitar una reedición electoral que difícilmente interesa ni al PSOE ni a Junts. Puigdemont también sería partidario de apurar los plazos, como táctica para presionar al máximo a Sánchez y conseguir una mejor propuesta.

La cuestión es qué hará el partido de Puigdemont si consigue la amnistía y adelantos en cuestiones materiales que también ha reivindicado este martes -financiación autonómica, mayor ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya y mejoras en Rodalies-, pero no hay un referéndum acordado en el horizonte. La respuesta final la tendremos en menos de tres meses. De momento, sin embargo, la negociación se abre, ni que sea en fase preliminar, que ya es más de lo que parecía hace pocas semanas.