Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes una proposición de ley orgánica para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el objetivo de sortear el "bloqueo" del que acusan al PP, y de limitar las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces cuando ha expirado su mandato, según han anunciado los portavoces de ambos grupos, Adriana Lastra y Pablo Echenique. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó hace semanas su intención de promover esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para posibilitar la renovación de este órgano y, posteriormente, el PSOE detalló que el objetivo sería rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente.

De este modo, la reforma plantea reformas en dos sentidos: un cambio en las mayorías necesarias para renovar el órgano; y un "régimen jurídico" aplicable a un CGPJ en funciones, que limite las atribuciones actuales. La primera reforma pretende situar en la mayoría absoluta los votos necesarios para que las Cortes elijan a los 12 miembros del CGPJ que les corresponde.

Según ha avanzado la portavoz socialista, esta mayoría se seguirá situando en un principio en los tres quintos iniciales (210 diputados), pero cuando se produjera un bloqueo motivado por no alcanzar esta mayoría, se podría sacar adelante la renovación con una mayoría absoluta (176 diputados) 48 horas después de la primera votación.

El objetivo, han explicado los portavoces, es que el Consejo General del Poder Judicial pueda seguir funcionando con los 12 vocales elegidos por el Congreso y el Senado aunque no hayan podido renovarse los ocho restantes designados entre abogados y juristas, para cuya elección la Constitución prevé una mayoría reforzada. 

Una vez cumplido el mandato del anterior CGPJ, la reforma prevé la posibilidad de constituirlo cuando se hubieran designado por las Cámaras los 12 vocales correspondientes al turno judicial, aunque no se hubieran designado los ocho del turno de juristas de reconocido prestigio, manteniéndose en ese caso los vocales del Consejo saliente.

Respecto a limitar las atribuciones de un Consejo que ha expirado su mandato, la norma prevé excluir de sus competencias la propuesta de nombramientos de altas instancias judiciales.

El PP avanza que recurrirá al TC si se aprueba la reforma

Aunque el Ejecutivo considera que la mejor vía para renovar el órgano de gobierno de los jueces sería poder llegar a un acuerdo con el PP, han decidido poner en marcha esta reforma, al entender que no se pueden posponer más esta tarea.

"Han sido dos las ocasiones en las que hemos llegado a un acuerdo con el PP y dos en las que el señor Casado ha roto este acuerdo. La semana pasada 188 diputados pidieron esa renovación del CGPJ y ha sido Lesmes, el presidente del órgano, el que se ha dirigido en varias ocasiones a los grupos para solicitar esa renovación, que lleva dos años bloqueada por el PP", ha defendido Lastra.

Según ha comentado la portavoz, la previsión es que el Congreso pueda tener lista la reforma en dos meses, por lo que la medida entraría en vigor antes de acabar el año, lo que abriría la puerta a la renovación del órgano de gobierno de los jueces en 2020. 

El PSOE y Unidas Podemos contarían con el apoyo de los 188 diputados que firmaron el manifiesto pidiendo el desbloqueo de la renovación del CGPJ; al tratarse de una modificación que afecta a una ley orgánica (la Ley Orgánica del Poder Judicial), los grupos necesitarían una mayoría absoluta del Congreso (176 parlamentarios).

Desde el PP ya han advertido de que si la norma sigue adelante en la tramitación parlamentaria y logra ser aprobada, recurrirán ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales europeos lo que han calificado como una injerencia en el Poder Judicial. "Es un paso más hacia el deterioro de la democracia que nos hemos dado todos los españoles. Busca cambiar las reglas del juego democrático por la puerta de atrás", ha criticado la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra.

La diputada conservadora ha denunciado que la proposición de ley ha sido registrada por los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos y no por el Gobierno para eludir el control de organismos como el Consejo Fiscal o el propio CGPJ, que deben avalar los proyectos del Ejecutivo. "No cuenta con todos los informes de Justicia ¿Por qué esta reforma no se promueve desde el Gobierno? Porque no podría contar con esos informes favorables", ha defendido.