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PSOE y Sumar negocian para incorporar las medidas de los socios parlamentarios al plan de regeneración democrática

Pedro Sánchez presentó en julio una serie de medidas que todavía tienen que desarrollarse. No hay, de momento, fechas previstas para pasar a la siguiente fase y materializar el plan. La coalición trabaja en las propuestas de sus socios. 

Mertxe Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, de EH Bildu, junto a Félix Bolaños y Ernest Urtasun, en la primera reunión sobre el plan de regeneración democrática celebrada en julio.
Mertxe Aizpurúa y Gorka Elejabarrieta, de EH Bildu, junto a Félix Bolaños y Ernest Urtasun, en la primera reunión sobre el plan de regeneración democrática celebrada en julio. Alberto Ortega / Europa Press

El pasado 17 de julio, Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para anunciar el impulso al plan de regeneración o "acción" democrática. Una serie de medidas que el presidente del Gobierno pretende implantar desde que se tomara cinco días de reflexión tras las maniobras judiciales y de la ultraderecha contra su esposa, Begoña Gómez. 

Pocos días después, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, abrían una ronda con los grupos parlamentarios para abordar este asunto. Sánchez siempre dijo desde el primer momento que las soluciones a un tema complejo como este deberían venir de la mano de las Cortes Generales, de los expertos y de la sociedad en su conjunto. 

PSOE y Sumar se reunieron en julio con todos los partidos presentes en el Congreso a excepción de Vox. Fue una primera toma de contacto para intercambiar impresiones. Salvo el PP, que cargó duramente contra las supuestas intenciones del Gobierno, los socios aportaron ciertas propuestas concretas, no sin ocultar un sentimiento de escepticismo por la ambición que finalmente pueda tener el plan. 

Según confirman varias fuentes parlamentarias a Público, durante el mes de agosto se ha producido un intercambio de documentos entre los grupos y los partidos del Gobierno de coalición. Pero esas mismas fuentes destacan que por el momento no se ha avanzado mucho más. Tampoco hay una fecha prevista para la presentación del plan en sí. 

Durante agosto se han producido intercambios de documentos y propuestas

En estos momentos, según las fuentes consultadas por este medio conocedoras del proceso, la situación del plan es de negociación entre PSOE y Sumar para ver qué medidas de los grupos parlamentarios incorporan en su propuesta. Es decir, ambos partidos del Gobierno están trabajando de forma conjunta en esta fase.

Fuentes de Sumar destacan que muchas de las medidas que recibieron durante el mes de julio coinciden con las que el espacio de Yolanda Díaz plantea. Por ejemplo la supresión de los denominados delitos de opinión (injurias a la Corona o a las instituciones y ofensas a los sentimientos religiosos). Ya hay una iniciativa parlamentaria en marcha para ello desde hace meses y en principio ambos partidos han pactado una revisión de esos delitos. 

La derogación completa de la llamada 'ley mordaza' es otro de los puntos clave para Sumar. Los socios del PSOE arrancaron el compromiso de modificación del artículo 36 de la Ley Orgánica Seguridad Ciudadana que tiene que ver con difundir imágenes de actuaciones policiales. Con este cambio previsto se rebajarían los criterios para considerar delito esta difusión. 

Lo que planteó Sánchez 

A falta de desarrollarlas, Sánchez propuso una serie de medidas en la mencionada comparecencia y actuaciones en diferentes ámbitos. En primer lugar, sobre transparencia, el líder del Ejecutivo planteó la aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y una nueva ley de Administración Abierta. 

Sobre los medios de comunicación, la apuesta principal es aplicar el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Sánchez mencionó de manera concreta el establecimiento de nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación. También se pretende profundizar en la transparencia de la propiedad de los medios y la financiación de los mismos. 

Por último, Sánchez también propuso reformar los Reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades. Y reformar la Ley Electoral para hacer obligatorio la celebración de debates electorales y para que todas las encuestas incorporen microdatos y la metodología empleada. 

Las medidas propuestas por los socios 

La mayoría de socios parlamentarios reclaman más ambición al Gobierno. En ERC, donde consideran que los socialistas siempre se muestran receptivos en las reuniones pero que luego "hace lo que le da la gana", pusieron sobre la mesa reformar la Ley de Secretos Oficiales. Algo que comparten también expresamente PNV, EH Bildu o BNG. 

La fuerza republicana también transmitió la necesidad de regular la actividad de los familiares directos de quien ejerce la Presidencia del Gobierno. "Es un debate interesante que se tiene que hacer", afirmó Gabriel Rufián tras la reunión con Bolaños y Urtasun.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales es una de las principales peticiones de los socios

Como otros grupos, ERC también pidió expresamente la derogación total de la 'ley mordaza'. Junto a EH Bildu rechazaron la pasada legislatura el pacto que tenían PSOE y Unidas Podemos al considerar que se quedaba corto en los artículos a derogar de esta ley. 

Para Podemos, la iniciativa del Gobierno es "decepcionante", según señaló su secretaria general, Ione Belarra. Consideran en la formación morada que no se puede hablar de regeneración democrática tras pactar el CGPJ con el PP. Aparte de eso, Podemos trasladó algunas propuestas como una Ley de Medios, con medidas especialmente dirigidas a la propiedad de los mismos. También pidió democratizar el acceso a la carrera judicial. 

En el BNG trasladaron a PSOE y Sumar otros asuntos como "eliminar el delito de desordenes públicos agravados" o "avanzar en la laicidad del Estado". También consideró de relevancia hacer cambios de calado en la administración judicial. 

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