El PSOE, el PP y Vox han vuelto a unir sus votos en la Mesa del Congreso para frenar la tramitación de la última iniciativa impulsada por partidos aliados del Gobierno para investigar asuntos relacionados con la Familia Real y que, en esta ocasión, reclamaban esclarecer el montante total de dinero público que destina a sufragar actividades tanto públicas como privadas de sus miembros.

La iniciativa ha recibido sólo el apoyo de Unidas Podemos, mientras que los otros tres partidos con presencia en el órgano de gobierno de la Cámara, siguiendo el criterio fijado por los servicios jurídicos, han votado contra su tramitación.

En concreto, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Compromís y Más País solicitaban crear una comisión para investigar todos los gastos imputables a las arcas públicas derivados de todas la actividades tanto públicas como privadas de los miembros de la Familia Real.

Estos grupos eximían expresamente de esta investigación la partida presupuestaria que anualmente se asigna al Jefe del Estado y de la que Felipe VI dispone. Lo hacían en previsión de que los letrados esgrimieran el artículo 65 de la Constitución, que faculta al jefe del Estado "para disponer libremente de ese dinero para el mantenimiento de su familia y casa".

Aún así, en su nota, los servicios jurídicos vuelven a ampararse en ese artículo para sugerir la conveniencia de no tramitar la iniciativa. También aluden al artículo 56.3, que establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, para rechazar la pretensión de estos grupos.

Trabajadores, sueldos y condiciones

Los impulsores de la comisión querían investigar "todas las partidas presupuestarias que desde cualquier ministerio o estamento público, directa, indirecta, total o parcialmente, beneficien a la Casa y la Familia Real o a la familia el Rey" y que se determinase la oportunidad, necesidad y legalidad o no de que cada uno de esos gastos.

Entre los objetivos de la comisión de investigación incluían también conocer el número exacto de personas que prestan servicio en dependencias de la Casa Real, así como qué tipo de contratos tienen y cuánto cobran.

En especial, los grupos proponentes solicitaban que el Congreso aclarase los gastos de este tipo que se cargan a los Ministerios de Presidencia —incluido Patrimonio Nacional— Defensa, Interior y Asuntos Exteriores