"Retratarse". Es la palabra que utilizó el portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Congreso de los Diputados, Patxi López, para referirse al debate que se producirá este martes en la Cámara Baja a cuenta de la modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación. Lo que persiguen los socialistas con esta proposición de ley es dar el primer paso necesario para terminar disolviendo la Fundación Francisco Franco, tal y como mandata la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del partido deslizan a Público que no esperan sorpresas en la votación, pero ponen el acento en la posición que termine tomando el Partido Popular (PP), que, por el momento, no se ha pronunciado.

El entorno del PP en el Congreso se remite al debate de este martes y no adelanta el sentido de su voto, como es de costumbre. Sin embargo, el PSOE insiste en que "o se está en contra de la apología del franquismo o se está en connivencia de la dictadura" y acusa a quien no apoye la iniciativa de "mirar hacia otro lado". En clara referencia a los populares, López aseveró que "no vale estar todo el día hablando de algunas víctimas y dar la espalda a otras". 

Lo cierto, en cualquier caso, es que el PSOE no debería de tener problemas para que el Congreso admita a trámite la iniciativa. En este caso, el complejo juego de mayorías de la legislatura ―que suele complicar la vida al Ejecutivo― le sale a favor, toda vez que podrá contar tanto con el apoyo de Junts per Catalunya, como con el de Podemos, los dos elementos de más inestabilidad en la aritmética parlamentaria.

Con la reforma de la ley se añadirá una disposición adicional a la misma que tendrá tres puntos y que será específica para el caso del franquismo. No se someterá a interpretación. El texto de la propuesta reza que "con independencia de los fines y actividades sociales recogidos en los estatutos, y de su inscripción registral, será causa de disolución de las asociaciones mediante resolución judicial, la realización de actividades que constituyan apología del franquismo".

Para que no se dé lugar a equívoco, concreta que se entenderá por "apología del franquismo" que se "ensalce el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior" y también que se enaltezca a sus dirigentes o se menosprecie y se humille "a la dignidad de las víctimas" de dicho golpe de Estado, de la Guerra Civil o del franquismo. Se prohibirá cualquier movimiento asociativo que incite directa o indirectamente "al odio o violencia" contra dichas víctimas "por su condición de tales".

Por otro lado, se especifica que la extinción de una asociación que cumpla con los requisitos antes mencionados tendrá que realizarse por la vía de una resolución del Ministerio Fiscal.

Lo que hará este martes el PSOE en el Congreso no será otra cosa que empezar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de Memoria, que en su disposición adicional séptima daba un año de plazo para que se acometiera la reforma de la Ley Regulatoria de Derecho de Asociación. Teniendo en cuenta que la Ley de Memoria se publicó en el BOE en octubre de 2022, la actual reforma llega un año tarde.

El PSOE, en busca de consensos

El PSOE ha jugado al borde del precipicio parlamentario varias veces en lo que va de legislatura y en varias ocasiones ha terminado cayendo por él. Algunos ejemplos: la ley de proxenetismo, cuya admisión a trámite no salió; la ley del suelo, que tuvo que retirar en el último momento por la falta de apoyos; o la ley de extranjería. Esa serie de tropiezos ha confirmado lo que era una evidencia: en el Congreso no hay una mayoría clara. Sin embargo, fuentes de algunas de las formaciones aliadas del Gobierno subrayan que sí hay temas en los que el Ejecutivo puede armar una mayoría suficiente e incluso fácil. 

Hablan de cuestiones de perfil plurinacional, lingüístico, financiación a los ayuntamientos o, sin ir más lejos, de memoria democrática. Una voz del Grupo Plurinacional Sumar sugería semanas atrás que se abundara en esos temas para apuntalar la legislatura, avanzar en cuestiones como las referidas ―importantes para los aliados― y que, con ello, se remediara en la medida de lo posible la apariencia de debilidad con la que se identifica al Gobierno en cada derrota en el Congreso. Insiste en que no se trata de renunciar a la batalla en temas complejos, pero sí cree que es interesante combinarlos con otros que despiertan consenso en el bloque que dio la investidura a Pedro Sánchez tras las elecciones del 23J. La iniciativa que se vota este martes encaja perfectamente en esa descripción.

De todas formas, el eventual apoyo de la mayoría de la Cámara solo significará la admisión a trámite de la ley. Después, tendrá que pasar por el trámite de enmiendas, recibir de nuevo el apoyo del Congreso e ir al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. En caso de que se posicione en contra, el texto deberá volver al Congreso, que tiene la última palabra, para recibir la aprobación definitiva.