El giro del PSOE sobre la ley de garantía integral de la libertad sexual (conocida como la ley del solo sí es sí) se gestó en tres actos en los que los socialistas anticiparon el siguiente paso. Ante las primeras revisiones de algunas sentencias de agresores sexuales, la posición de los de Pedro Sánchez fue la de ofrecer un respaldo sin fisuras a la norma aprobada en el Consejo de Ministros y validada por todos los departamentos.

La estrategia entonces fue la de cerrar filas en torno a la ley y esperar a que la Fiscalía General del Estado publicase una circular que sentara las bases de una aplicación correcta de la norma. El Ministerio Fiscal lo hizo y en una instrucción publicada en noviembre del pasado año dejó claro que no se deberían revisar las condenas cuando la pena sea susceptible de ser impuesta con la nueva ley.

Sin embargo, las rebajas de las condenas de violadores y de agresores sexuales continuaron durante las siguientes semanas, y tanto el nivel de alarma social como la presión de las derechas sobre el Ejecutivo crecían cada día. El Día de la Constitución (6 de diciembre) el presidente del Gobierno viró por primera vez su posición y anunció en el Congreso de los Diputados que estaban abiertos a hacer pequeños "retoques técnicos" en la norma para atajar este problema.

Este "retoque" se tradujo tan solo unos días después en la introducción de un párrafo en el apartado de la exposición de motivos de la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición. En ese párrafo se reafirmaba que a la hora de aplicar o revisar penas, la judicatura debería atender al régimen transitorio ya existente en el Código Penal aunque la ley de garantía de la libertad sexual no incluya como tal una disposición transitoria. En el citado régimen transitorio se establece, a su vez, que no se modificarán penas cuando la que ya se ha impuesto esté englobada en el marco y las horquillas de las penas recogidas en la nueva norma.

Con todo, estos dos movimientos no sirvieron para que el goteo de rebajas de penas de agresores sexuales continuaran, y tampoco para que la derecha cesara en su ofensiva contra la ley. En Igualdad siempre han defendido que se trata de un problema de aplicación de la ley por parte de algunos jueces, y no de un fallo del legislador, algo que en el PSOE han pasado de no defender con tanta claridad como el Departamento de Montero y Podemos, a actuar, de alguna manera, en sentido contrario.

En primer lugar, con la filtración este fin de semana de informaciones que aseguraban que el Ministerio de Justicia estaría trabajando en una reforma para agravar los tipos penales de los agresores sexuales a través de la incorporación de la violencia y de la intimidación. Es decir, que sería posible mantener penas más duras para estas personas gracias a endurecer los tipos cuando concurrieran violencia o intimidación en las agresiones.

Presiones de la derecha y alarma social

Justicia se comprometía a preservar el consentimiento como núcleo fundamental de la ley (para decidir si había o no agresión) aunque se agravaran los tipos con los supuestos de la violencia y la intimidación. Sin embargo, desde el equipo de Irene Montero advirtieron de que esta propuesta era, de facto, una vuelta al modelo anterior a la aprobación de la ley de libertad sexual, ya que exige, de nuevo, a las víctimas probar que hubo resistencia ante una agresión sexual, aunque haya un apartado que deje claro que hay que mantener la formulación del consentimiento.

"Desde el momento en el que se exige que haya violencia para que haya agresión sexual es una vuelta al modelo anterior, es una vuelta hacia atrás que echa por tierra la ley. No se le tiene que preguntar a una mujer si se resistió, sino si consintió; y si la víctima responde que no, eso es entendido como violencia sexual. Si se utiliza la fórmula del agravante de la violencia o intimidación, se exige que la víctima se resistiera para ser considerada víctima, y eso es un retroceso", manifestó este lunes Isa Serra, portavoz de Podemos y miembro del Ministerio de Igualdad.

Minutos después de pronunciar estas palabras, el PSOE dio el último paso que terminó por consolidar su giro respecto a la ley del solo sí es sí: Pilar Alegría, portavoz de la formación, anunció que su grupo registraría una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para hacer efectiva la propuesta de Justicia. Esta proposición, que aspira a enmendar la ley de garantía de la libertad sexual, constata una brecha importante entre ambos socios del Gobierno en esta materia que tiene una salida muy difícil.

En primer lugar, porque en Podemos consideran que el goteo incesante de rebaja de penas de agresores sexuales no tiene una solución cortoplacista que pueda llegar con una nueva reforma del Código Penal. Su propuesta, de hecho, pasa por acelerar, a través de un plan de urgencia, medidas recogidas en la ley del solo sí es sí que garanticen una correcta aplicación de la misma (como la ampliación de las competencias de los juzgados especializados en violencia de género para que sean los que se encarguen de los casos de agresiones sexuales, dada su formación y experiencia en este ámbito).

Y en segundo lugar, porque en Igualdad no van a poner en ningún caso en riesgo la relevancia del consentimiento en la norma como contrapartida para poder elevar penas (lo que hace, a juicio de Podemos, el endurecimiento de los tipos con la violencia e intimidación que recuperaría elementos como el grado de resistencia de una mujer ante una agresión).

En mitad de esta brecha entre el PSOE y Podemos, la ofensiva de la derecha no ha cesado y en la formación morada creen que el giro de sus socios se debe, en parte, a presiones conservadoras en los ámbitos político, judicial y mediático. Sin embargo, también trasladan que existe una alarma social que concierne al Gobierno y una preocupación por parte de las víctimas, tras algunas salidas de agresores sexuales de prisión, que debe atenderse.

Los de Belarra aseguran no contemplar un escenario en el que los socialistas sacan adelante su reforma de la ley de la mano del PP, por lo que, de momento, el anuncio de la misma es considerado como un órdago. Eso sí, el órdago tiene forma de proposición de ley y, si no se alcanza un acuerdo antes, podría ser la norma que enmiende la ley del solo sí es sí que antaño respaldaba el Gobierno en su conjunto.