Los desencuentros en el Gobierno sobre una posible modificación de la ley del solo sí es sí no amainan. El pasado sábado desde Moncloa exigieron al Ministerio de Igualdad que pusiera sobre la mesa medidas que mejorar la ley, ante la presión por la constante rebaja de condenas. Este lunes, tanto Justicia como Igualdad han filtrado algunas de las líneas principales para dicha reforma, aunque los dos modelos son diametralmente opuestos. Justicia propone un cambio de penas muy cercano a lo que presentó el Partido Popular hace unas semanas, lo que supone devolver la ley al modelo anterior, en el que prima la violencia y la intimidación a la hora de imponer penas. Unas medidas que han sido calificadas por el Ministerio de Igualdad como una vuelta al pasado. En un acto en Lanzarote este domingo, Irene Montero calificó este posible retroceso en la ley como una ofensiva de a derecha política, judicial y mediática "contra uno de los principales avances del feminismo en los últimos 20 años", cuyo último objetivo es "acabar con el consentimiento en el centro del código penal" y atacar al Gobierno de coalición.

 Esta presión de la derecha, afirmó Montero, "es que el resultado de esta alarma generada producto de algunas decisiones judiciales que están decidiendo rebajar las penas, termine en una vuelta al modelo anterior. A que las mujeres tengamos que volver a demostrar que nos hemos resistido, que se demuestre que las mujeres nos hemos resistido para que se califique algo como agresión sexual. que no se nos pregunte si consentimos, que es lo que ocurre ahora, sino si te resististe para poder hablar de una agresión sexual". Montero entiende que mientras la mayoría de jueces y juezas están haciendo una aplicación correcta de la ley, otros la están interpretando de forma equivocada.
¿Pero qué proponen ambos ministerios?

Justicia: volver a la violencia e intimidación

La propuesta de Justicia, avanzada por la Cadena Ser, supone volver a los tipos penales anteriores a la aprobación de la ley (con algunos cambios) y volver a la distinción entre delitos que se realicen con violencia e intimidación y los que no. Una medida muy similar a la que presentó el Partido Popular hace unas semanas y que vuelve al esquema anterior de abuso y agresión. Desde Justicia, tal como informa la Ser, afirman que se trata de "correcciones mínimas" que "respetan el modelo de la ley que se centra en el consentimiento" y justifican las medidas para blindar la ley en favor de las víctimas para evitar "el efecto no deseado de que casos graves no haya posibilidad de penas bajas".

Entre las medidas proponen volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. En los casos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores de entre 5 y 10 años cuando no haya penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La propuesta es extensible a los casos en los que la víctima sea menor.

La propuesta corrige también la omisión del tratamiento de la concurrencia de dos o más circunstancias de agravación en las agresiones sexuales a menores de 16 años, al igual que ocurre con los mayores de edad y en este capítulo de agravantes sustituye la palabra "autor" por la de "responsable" cuando se haya suministrado sustancias a la víctima para anular su voluntad.

Igualdad propone 10 medidas no penales

 El Ministerio de Igualdad insiste en que el problema con la rebaja de condenas que se han sucedido en las últimas semanas tiene que ver con una mala interpretación de la ley del solo sí es sí. "La mayoría de los jueces están aplicando la ley de forma correcta, pero algunos no", afirmó Irene Montero este domingo. 

En una nota emitida por Igualdad en la mañana de este lunes, a la que ha tenido acceso este diario, explica que llevan trabajando desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí  para "facilitar su correcta aplicación, compartiendo la preocupación social por las decisiones judiciales de bajada de penas". Esto supuso poner sobre la mesa de negociación dentro del propio Gobierno un plan de diez medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar la ley del solo sí es sí.

Entre ellas destacan ​la necesidad de doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias para que asuma las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas o incluir a las víctimas de violencia sexual dentro del Servicio Atenpro. 

También proponen el refuerzo de las unidades de valoración forense integral, un dispositivo de Justicia que tiene una escasa implantación a pesar de haber sido incluido en la ley contra la violencia de género de 2004.  Otra de las medidas consiste en garantizar una formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia,  Interior o Sanidad y más medios para implementar las ayudas a las víctimas de violencia sexual. 

Otra de las medidas propuestas pasa por la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; incrementar el número de agentes del Ministerio de Interior y crear puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas para la atención e información de todas las víctimas.

Se trata de un conjunto de medidas propuestas por Igualdad el pasado 27 de enero en el comité de crisis contra la violencia machista que en el que se revisaron las medidas para atajar la violencia machista, en la que participaron Interior, Justicia, diversas comunidades autónomas y la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer.

Imposibilidad de evitar las rebajas

Desde Igualdad, tal como ha informado este periódico, no existe ninguna forma penal de la ley que pueda frenar las revisiones de penas y culpan a que esto es "consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio" y de la propia ley. "Una de las soluciones posibles es poner en marcha de manera urgente un plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres, esto mismo ya se hizo para la aplicación de la ley 1/2004".

El derecho penal de nuestro país establece que el reo tiene el derecho fundamental de beneficiarse de la ley más favorable, que está garantizado en la Constitución (artículo 25), así como en el Código Penal (artículo 2.2). Esto implica que aunque se modifique la ley, todos los delitos anteriores a la entrada en vigor de la nueva norma seguirán siendo interpretados por la norma derogada, si esta es más beneficiosa para el violador.