"La situación en Catalunya dista mucho de la normalidad que el Gobierno español intenta transmitir y les dejaremos esto claro siempre, porque mientras continúe la represión y los catalanes y las catalanas no pueda ejercer libremente el derecho a decidir su futuro como pueblo no habrá normalidad posible". Con esta contundente frase resume una miembro de la dirección de Esquerra Republicana de Catalunya los últimos contactos entre el Govern de la Generalitat y la Moncloa. Y es que los próximos juicios a independentistas por el referéndum del 1-O, entre ellos a importantes dirigentes republicanos, y la posición de la Moncloa respecto a la interpretación de la malversación en el nuevo Código Penal, ha sido un torpedo en la línea de flotación de las relaciones entre el Ejecutivo catalán y el español.

Las líneas de comunicación están abiertas y los contactos y encuentros se prodigan, aseguran fuentes de ambas partes, pero el ambiente se ha enrarecido. Algunos de los contactos tienen al president de la Generalitat, Pere Aragonès, al frente. En el terreno institucional, Aragonès ha coincidido en eventos de relevancia con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Por ejemplo, durante la cumbre hispano-francesa celebrada el 19 de enero en Barcelona. O este mismo fin de semana con motivo de la inauguración del Mobile World Congress. Aunque la cordialidad preside la relación entre los dos presidentes, Aragonès ha aprovechado estas ocasiones para mostrar su descontento sobre cuestiones como la difícil negociación de los presupuestos con el PSC o sobre los efectos no deseados del nuevo Código Penal. Fuentes del Govern admiten que en estos contactos no hay tiempo para debatir estas complejas cuestiones pero aseguran que la conexión telefónica entre el Palau de la Generalitat y el de la Moncloa "está abierta y es fluida", insinuando la interlocución entre los dos jefes de gobierno.

Preocupa la interpretación sobre la malversación 

La dura interpretación sobre la malversación reformada en el Código Penal que han hecho desde el Tribunal Supremo es sin duda la gran preocupación actual de los republicanos y el principal foco de tensión entre Esquerra y el Govern de la Generalitat con el PSOE y el Gobierno español. Que los jueces estén aplicando el tipo de malversación agravada en el caso del referéndum del 1-O considerándolo apropiación indebida tiene tres impactos de gran consideración: Ha permitido no reducir ni un día los múltiples años de inhabilitación a diversos de los sentenciados en el juicio del procés, con el presidente de Esquerra, al frente, Oriol Junqueras, junto a los también republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa y el secretario general de Junts, Jordi Turull. En segundo lugar, afecta a la euroorden que se expedirá contra diversos dirigentes exiliados con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza. Y finalmente, puede tener consecuencias en el juicio a realizar próximamente a diversos independentistas por el referéndum de 2017, entre ellos dirigentes de ERC de la talla del líder del grupo republicano en el Parlament, Josep Maria Jové, el presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó o la consellera de Cultura del Govern, Natàlia Garriga.

En Esquerra se muestran preocupados e indignados por la interpretación judicial que se hace del delito de malversación, tal como ha quedado redactado, respecto a los hechos del referéndum del 1-O. "Es evidente que no hay apropiación indebida y que la judicatura se está saltando la separación de poderes con una interpretación que supone corregir al legislador", aseguran. Pero los dirigentes republicanos consultados aseguran que la actuación de la justicia española en el caso de los independentistas es esperable pero no entienden la posición expresada por diversos miembros del Gobierno español y del PSOE que vienen a avalar la interpretación del Supremo. "La aplicación de la malversación agravada no se adecua a la reforma legislativa que pactamos ni en la letra ni mucho menos en el espíritu de la ley", afirman desde la dirección republicana.

Malestar con el aval del PSOE a los jueces

En este sentido ha causado mucho malestar y enfado declaraciones como la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que después de la petición de prisión de la Fiscalía para Jové y Salvadó aseguraba que "es una prueba más de lo que siempre se ha dicho desde el Gobierno español, que los hechos que ocurrieron en 2017 en Catalunya eran delito entonces y siguen siendo delito en 2023". "Quizás la pregunta hoy sería para aquellos que dijeron que con la reforma del Código Penal se despenalizaban estos hechos", remarcó Bolaños, rechazando que la reforma pactada busque evitar nuevos encarcelamientos de independentistas.

"¿Qué hará el Gobierno del PSOE, frente a las nuevas peticiones de prisión? ¿Pedro Sánchez se pondrá del lado de los jueces y avalará la represión y la impunidad judicial acomplejado por la derecha más extrema o defenderá sus propias reformas?", así de contundente se preguntaba la portavoz de la dirección nacional de Esquerra, Marta Vilalta después de las declaraciones de Bolaños. Desde la presidencia de la Generalitat se hizo llegar a la Moncloa el malestar por este aval a la dura interpretación judicial de la malversación y se forzó una reunión -en principio secreta, pero revelada por La Vanguardia- el jueves pasado del propio Aragonès con Bolaños en una visita relámpago del ministro a Barcelona, justo antes de que el president saliera en viaje oficial a Irlanda. Aunque ninguna de las dos partes ha querido entrar en el detalle de los contenidos, la reunión ha sido confirmada por Aragonès y en ella se trataron diversos aspectos de gestión que atañen a los dos gobiernos, pero también el tema de los próximos juicios a Jové, Salvadó y Garriga. Bolaños expresó la imposibilidad del Ejecutivo de poner freno a las interpretaciones de los jueces aludiendo a la separación de poderes pero Aragonès le recriminó el aval a las mismas del Ejecutivo español.

A la espera de la Abogacía del Estado

Desde ERC advierten que la entrada en prisión nuevamente de más independentistas "tensionará la situación, complicará extraordinariamente la relación entre el Govern de ERC y el Gobierno de PSOE y UP, y nos hará retroceder varios años en lo conseguido en materia de desjudicialización del conflicto político entre Catalunya y el Estado". En este sentido, los republicanos se muestran muy preocupados por la dura petición de la Fiscalía Superior de Catalunya de 7 años de cárcel a Jové y 6 a Salvadó, además de 32 y 27 años de inhabilitación respectivamente. Los socialistas apelan a la independencia del ministerio fiscal, a pesar de la dependencia jerárquica de la Fiscalía General del Estado, para rechazar cualquier interferencia al respecto.

Pero los republicanos han puesto ya los focos en la petición que pueda ejercer la Abogacía del Estado en los próximos días, ya que esta sí depende orgánicamente del Gobierno. "La petición de la Abogacía del Estado en el juicio a nuestros dirigentes será clave para determinar la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en la desjudialización y lo tendremos muy en cuenta", aseguran fuentes de la dirección republicana. Aunque sin entrar en especificar las consecuencias que podría llegar a tener: "Iremos paso a paso y siempre poniendo por delante los intereses de la ciudadanía, pero si la relación se deteriora por este tema será mucho más complicada cualquier negociación entre ERC y el PSOE en un futuro", advierten desde la dirección republicana.

Por otra parte, la publicación de la reunión secreta entre Aragonès y Bolaños también ha sentado muy mal en el Govern. Fuentes de la presidencia atribuyen la información de La Vanguardia a una "filtración interesada" que, según estas fuentes, buscaría "transmitir una imagen de normalidad en la situación de Catalunya y en la relación entre los dos Ejecutivos que está muy lejos de ser verdad". "Reuniones y contactos los hay, públicos y privados, y los segundos no se suelen conocer porque somos rigurosos, ya que las filtraciones interesadas no ayudan a avanzar en nada", aseguran fuentes republicanas, que añaden "si esta vez se ha filtrado es porque se ha querido instrumentalizar el encuentro y eso no ayuda en nada".

Junqueras es contudente en la respuesta a Bolaños

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, también es contundente en la respuesta a Bolaños: "Queremos que quede claro a cualquier ministro que crea que el proceso independentista ha terminado, o que quiera hacerlo creer, que el proceso de independencia está más vivo que nunca". Para Junqueras, el movimiento independentista tiene en estos momentos "más apoyos internacionales que nunca –aludiendo al compromiso del Sinn Féin recabado por Aragonès en su visita a Irlanda-" y que por eso están dispuestos "a aprovechar todas las palancas y todas las oportunidades que se deriven de la acción represiva que ejercen para construir alianzas imprescindibles para avanzar hacia la república catalana".

En la plaça Sant Jaume tienen la impresión que desde la Moncloa se quiere dar por acabado el proceso para solucionar el conflicto político entre Catalunya y el Estado con los indultos y una reforma del Código Penal que está lejos de tener los efectos beneficiosos que se preveían. Y por ello se está rechazando cualquier continuación de la mesa de diálogo. Lo dijo la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez: "La mesa de diálogo es un instrumento que ha servido para recuperar las relaciones", dijo la ministra en una entrevista en TVE, asegurando que no hay próxima cita en la agenda porque las relaciones "ya están normalizadas".

Pero en el Govern tienen claro que de normalización nada de nada y que "queda mucho por hacer y no daremos nada por acabado hasta que no podamos fijar los criterios de un referéndum de autodeterminación". Para los republicanos, una cosa es la dificultad que tiene el PSOE, como lo pueden tener el resto de partidos, de operar la mesa de diálogo en pleno ciclo electoral -de hecho lo expresó la propia portavoz del Govern, Patrícia Plaja, asegurando que el contexto electoral de 2023 "pone aún más difícil" un nuevo encuentro de la mesa de diálogo-. Y otra muy diferente es dar por finiquitada la mesa de diálogo. "Sin mesa de diálogo estamos condenados a perpetuar el conflicto político y sus nefastas consecuencias", advierten desde Esquerra. "El conflicto continúa mientras no se dé respuesta a la voluntad de Catalunya de decidir su futuro", afirma el propio Aragonès, que insiste en abrir una nueva etapa de la mesa de diálogo para abordar la autodeterminación. Para Aragonés, la única manera de resolver el conflicto político "será llegar a un entendimiento que permita que la ciudadanía de Catalunya vote cuál debe ser el futuro del país". "Todo lo que no sea esto, será un cierre en falso", concluye el president de la Generalitat.