MADRID
"Este es un Gobierno que defiende el Estado autonómico y defiende la descentralización de competencias". Con esta idea, que luego reiteró en distintas frases similares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó la propuesta de dejar en manos de las comunidades autónomas la decisión de poder solicitar la declaración del estado de alarma en sus territorios y seguir teniendo la plena gestión en materia sanitaria y educativa durante la pandemia.
Después de un mes en el que se ha estado debatiendo en el seno del Ejecutivo cómo afrontar la vuelta de septiembre, donde estuvo sobre la mesa volver a solicitar al Congreso la declaración a nivel nacional del Estado de alarma, la decisión ha sido recurrir a un resquicio de la ley que da potestad a los gobiernos autonómicos para solicitar al Congreso la declaración del estado de alarma en sus territorios si hay una pandemia, convirtiendo a los presidentes en el mando único y, además, pudiendo decretar las restricciones que consideren oportunas en cuanto a la movilidad de sus ciudadanos.
Sánchez ha edulcorado esta decisión asegurando que las comunidades autónomas "lo están haciendo bien", son quienes mejor conocen lo que pasa en sus territorios y siempre dejando claro que contarán "con todo el apoyo del Gobierno de España".
Para Sánchez, esta decisión supone "una respuesta coordinada cogobernando las comunidades autónomas y el Gobiern" e insistió en que "si un presidente autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio tiene al Gobierno de España que se abre a darle esa posibilidad", afirmó.
Y, además, insistió en la legalidad de la medida: "Todas las comunidades tienen a su disposición la herramienta legal del Estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o parte de su territorio", recalcando la constitucionalidad de la medida.
PP y Ciudadanos, en contra
Sin embargo, la propuesta de Sánchez no ha sentado nada bien a la oposición y algunos presidentes autonómicos, que han acusado directamente al presidente del Gobierno de falta de liderazgo y de eludir su responsabilidad.
Así lo aseguró el propio presidente del PP, Pablo Casado, quien aseguró tras oír a Sánchez que el presidente del Gobierno "se escabulle en las comunidades autónomas", dijo.
Para Casado, Sánchez "se parapeta" en un "conflicto competencial", y le acusó directamente de"dejación de funciones". "España no tiene a nadie al timón. Hay ausencia total de liderazgo", afirmó.
Más moderada, pero igual de crítica con la propuesta, fue la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien a través de las redes sociales afirmó: “España necesita una estrategia nacional contra el coronavirus "y no 17" de cada una de las comunidades autónomas del país”.
También ha habido críticas en este mismo sentido desde algunas comunidades, en especial, las gobernadas por el PP. Así, el consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, lamentó que Sánchez “haya eludido su responsabilidad y haya optado por dejar solas a las comunidades autónomas ante la nueva oleada de la pandemia, sin ofrecer ninguna solución, más allá de la propaganda a la que nos tiene acostumbrados”, dijo. Añadió que Murcia no va a solicitar la declaración del estado de alarma.
Ayuso no descarta pedir el estado de alarma pero sin decretar el confinamiento total
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -no son pocos los que piensan que esta medida iba destinada a ella- dijo que no descarta solicitar el estado de alarma si lo considera necesario pero sin decretar un confinamiento total, pero también criticó la propuesta. “No se puede pasar del estado de alarma a la nada, como ha ocurrido este verano, y de la nada otra vez al estado de alarma. Tiene que haber una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas”, afirmó.
Más allá de las intenciones de Ayuso, ninguna comunidad ha anunciado que solicitará esta declaración del estado de alarma, que conlleva una petición al Congreso y que la Cámara Baja lo apruebe por mayoría, aunque Sánchez ya garantizó que podrá contar con los votos de los dos partidos en el Gobierno: PSOE y Unidas Podemos, lo que garantiza en la práctica que se apruebe.
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