La medida que estudia el Gobierno de coalición para extender la prohibición de los desahucios va encaminada, pero, de momento, avanza al ralentí. Este jueves los equipos negociadores de PSOE (el secretario general de Vivienda, David Lucas) y de Unidas Podemos (la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra) han estrenado las conversaciones para dar respuesta a la reivindicación que los de Iglesias pusieron sobre la mesa a principios de noviembre.

Del encuentro han salido algunos acuerdos básicos que, si bien no permiten resolver las principales incógnitas de la futura medida, sirven para que ambas partes acerquen posturas. Sobre todo después de la intensa semana que se vivió en el seno del Ejecutivo tras presentar Unidas Podemos (de la mano de ERC y EH Bildu) una enmienda a los Presupuestos que recogía la prohibición de los desahucios, una acción que causó malestar entre algunos dirigentes y ministros del PSOE y tras la que llegaron algunos cruces de reproches entre los de Sánchez y los de Iglesias.

Esta primera reunión deja dos cosas claras: hay coincidencia en la necesidad de ampliar la cobertura y los supuestos para prohibir los desahucios, por un lado; y el acuerdo concreto y su materialización en una iniciativa llevará más tiempo del que tenían previsto en Unidas Podemos, por otro. 

Este mismo jueves, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales anunció durante una comparecencia en el Congreso que "en los próximos días el Gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables", después de haber logrado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ábalos, se abriera a negociar ya la propuesta.

Sin embargo, tanto el propio Ábalos como el transcurso de la primera reunión han enfriado las expectativas del líder de Unidas Podemos por varios motivos. El primero, de forma, tiene que ver con que en este primer encuentro no se ha resuelto el problema principal: en qué supuestos se van a prohibir los desahucios y durante cuánto tiempo; tampoco se ha resuelto la exigencia de los de Iglesias de prohibir los cortes de suministros básicos mientras dure el estado de alarma, como se hizo en los meses de la primera ola del coronavirus.

El segundo, de fondo, tiene que ver con que desde Vivienda ven difícil que una medida de tal magnitud pueda llevarse a cabo en unos días. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana precisaron que el objetivo es dar una respuesta integral a este problema y, en este sentido, apuntaron que podría necesitar más tiempo que el previsto por Iglesias para llegar a un acuerdo global en esta materia.

Implicación de comunidades y ayuntamientos

De hecho, uno de los objetivos del Ministerio para dar una solución al problema es implicar a ayuntamientos y comunidades autónomas, y esto requiere un periodo de negociación. En este sentido, recuerdan que el real decreto que contempla la prohibición de los desahucios, entre otras medidas, está vigente hasta el 31 de enero. 

Más allá de los plazos, uno de los principales objetivos de Unidas Podemos era que Ábalos aceptase la ampliación de los supuestos para prohibir desahucios. El ministro de Transportes reiteró la disposición para "extender y ampliar" la situaciones en las que concurra vulnerabilidad a causa de la covid-19, por lo que dio por hecho que se extenderán las actuales moratorias que llegan hasta el 31 de enero y se recogerán nuevas medidas de apoyo.

La petición concreta de Unidas Podemos en esta materia pasa por extender la prohibición de los desahucios desligando los requisitos de vulnerabilidad de las consecuencias directas de la pandemia del coronavirus. Aunque no se ha alcanzado un acuerdo al 100%, que el PSOE haya llevado una propuesta que permitiría ampliar la prohibición es un avance para UP, aunque insisten en que faltan varios detalles en este sentido.

Respecto al objetivo, por parte de Ábalos, de involucrar a los territorios, el ministro indicó que se está trabajando en implicar más a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, de tal forma que se armonicen un grupo de medidas que comprometan al conjunto de las Administraciones.

Sobre este asunto precisó que se está trabajando en que los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, se impliquen en acreditar la vulnerabilidad, y que esta no quede sólo en manos del juez. En cuanto a las comunidades autónomas, desde el Gobierno quieren que participen en la búsqueda de alternativas habitacionales a través de vivienda sociales asequibles, ya que estas son medidas cuya competencia está en las autonomías.

Cuando se resuelvan los detalles sobre la prohibición de los desahucios, ambas partes deberán llegar a un acuerdo sobre el asunto de los suministros. El Ejecutivo aprobó en marzo la suspensión de los desahucios para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta seis meses después de expirar la declaración del primer estado de alarma, así como una medida para garantizar el abastecimiento de los suministros básicos, prohibiendo los cortes de agua y luz (primero en el caso de las familias más vulnerables y después extendiendo la cobertura al conjunto de los hogares) mientras siguiera vigente el estado de alarma.

A finales de septiembre, se decidió ampliar la prohibición de los desahucios tras una negociación entre el PSOE y Unidas Podemos (en los mismos términos que en el decreto de marzo) hasta el 31 de enero; también se hizo lo propio en julio con la prohibición del corte de suministros, pero en este caso, hasta el 30 de septiembre, sin que tuviera lugar una nueva ampliación hasta enero; por lo que, desde esa fecha, la medida de los cortes de suministros no tiene vigencia. La reivindicación de los de Iglesias es recuperar estos cortes durante, por lo menos, la duración del estado de alarma decretado por el Ejecutivo para contener la segunda ola de contagios.

Desde el Ministerio de Transportes apuntan que sí se podrían regular por decreto ley algunas medidas puntuales para los colectivos más vulnerables en materia de cortes de suministros.